tema: Ya son más de 20 mil personas las que presentan inhabilidad para trabajar con menores de edad.

Bien, son las diecisiete con cuarenta y cinco minutos, de unas once mil sesenta, seiscientas personas en enero del año dos mil veintidós, a más de veinte mil en el mismo mes del año dos mil veintiséis. Ese es el crecimiento del registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad mientras persisten dificultades para. para garantizar que quienes tienen esta prohibición judicial no desempeñen funciones con niños y adolescentes. Los antecedentes muestran que hay 14 .013 inscritos en junio del año 2023, 15 .678 en abril del 2024 y 17 .832 en enero del 2025. Y en enero del 2026 llegó a 20 .114 personas, de las cuales 15 .590 tienen inhabilidades perpetuas y 4 .524 temporales. Son datos del registro civil pero que han sido entregados por el Ministerio de Justicia y la Defensoría de la Niñez en los últimos años. Contraloría además reveló en enero que 164 casos de personas en esta condición o esta situación contratadas en organismos públicos han sido contratadas en organismos públicos. La Defensoría de la Niñez afirma que 20 instituciones aún no informan qué medidas adoptaron. Conversamos a esta hora con Rafael Rodríguez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, Julio. Gracias por invitar. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Rafael. Bueno, preocupados con esta cifra, ¿no? Además estamos hablando a propósito de la contingencia de lo que han significado estos decretos que han permitido la liberación anticipada de personas vinculadas a delitos sexuales infantiles hoy también con personas que están inhabilitadas para trabajar con menores y que además eventualmente sí algunos seguirían, ¿no? ¿Cómo se analiza una situación como esta? Bueno, sí, este es un tremendo problema que no es primera vez que lo conversamos en medio. Entonces, estos casos de personas con inhabilidades para trabajar con niños que están trabajando con niños ha sido noticia todos los años y eso es lo que a nosotros más nos preocupa. Porque se sabe que hay un problema, está a la mano una solución posible, pero no se avanza y eso es lo que a nosotros nos complica. Lo que vimos también ahora que ha estado toda esta semana y la semana pasada los casos en los que recibieron abusadores, explotadores, beneficios penitenciarios y que hoy día están libres, es un problema que hoy día explota por Rabat, pero en el gobierno anterior hubieron doscientos cincuenta y cuatro casos que también salieron libres. Fue otro procedimiento, es un análisis quizás más complejo, pero sigue ocurriendo que al final no se toman medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de graves vulneraciones de derechos. Entonces, eso es lo que más nos complica desde la Fundación San Carlos de Bay, porque pudiendo haber soluciones, no se toman y año a año entonces conversamos sobre los mismos temas. Ahora, ¿cómo hacer frente a esta situación? Porque evidentemente es un problema, ¿no? ¿Cómo también ayudar en la discusión pública para que el país tome mejores decisiones al respecto? La solución es simple. O sea, si es que el Estado desarrollar una ley, no importa si viene del Ejecutivo o del Legislativo, si se hiciera una ley en donde obligatoriamente todas las organizaciones, sean públicas o privadas, tuvieran, si fueran responsables de revisar en este registro de inhiabilidades, si cada persona que contratan y que va a trabajar directamente con niños, está dentro del registro para no contratarlo y cada cierto tiempo hacer una nueva revisión para nuevamente estar al tanto de si alguna persona a la que está contratada tiene una inhiabilidad y que eso permita cesarlas del cargo. Si eso se hiciera, no estaríamos conversando de este tema, ¿no? Quizás estaríamos conversando de la solución, de lo bueno que ya no hay personas que están en el registro de inhiabilidades que están trabajando con niños. Mira el caso, es un caso que es paradigmático para reflejar este problema que nosotros lo traducimos como falta de perspectiva de derecho de la niñez, en donde tienes organizaciones del sector público que han contratado a más de 150 personas, 164 personas que tienen contacto directo con niños y que están en el registro de inhiabilidades, de las cuales la Defensoría de la Niñez les pidió antecedentes, de las 33 organizaciones, solo 13 se adignaron a responder y las otras 20 no. Y estas personas probablemente, no sabemos, pero probablemente siguen trabajando con niños, con todo el riesgo que eso significa. Entonces, uno dice, pucha, esto no es posible, pero no, pues la verdad es que lo es, se repite sistemáticamente y porque no hay una ley que regule un problema que es de fácil solución. Los registros públicos del Estado permiten tener los antecedentes de aquellas personas que tienen inhiabilidades para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Lo tiene. Ahora, ese registro está disponible, que es un tremendo avance, hace 10 años atrás esto no era así, pero no existe el mecanismo de obligatoriedad de revisar y de una ley que permite... es vincular a aquellas personas que están en este registro y que quieran trabajar con niños entonces podría solucionar y no avanzamos en esa línea y ahí a quienes tenemos que preguntarle a los legisladores por qué no lo han hecho o al Poder Ejecutivo que nos explique por qué no han avanzado en un mecanismo de control más eficiente ¿Falta voluntad política? ¿Cómo lo definen? Vuelvo a nuestra jerga de organización de la sociedad civil que trabaja en infancia aquí es una falta de perspectiva de derechos en los dos temas que hemos estado conversando esta semana los problemas asociados a los beneficios penitenciarios de personas que han cometido abuso y este otro que estamos conversando ahora lo que tienen en común es que no hay nadie que se haya puesto en el lugar de niño, niña y adolescente y esa es una responsabilidad, por ejemplo de la defensoría que lo hace que en el fondo levanta ciertos temas en donde la política pública debe mejorar pero lo que nos pasa dado que no hay niños, niña y adolescentes presentes en la discusión de estos temas ni en tomar la gestión de las propuestas que se levantan en cada una de estas discusiones es que a veces no pasa nada y como no votan es menos probable que alguien le dé urgencia a estos temas con todas las cosas que cada organismo público tiene que hacer entonces no es que no haya interés de avanzar es que en la práctica no hay nadie que esté presionando o que haga una presión efectiva para que esto ocurra y ahí el rol de la sociedad civil de los medios y de algunos parlamentarios que sabemos que están más sensibilizados es clave para que le den la prioridad Bueno, hay que poner la atención a esto y ojalá dentro de todo lo que estamos viviendo con la contingencia con la preocupación que se ha manifestado que ha quedado manifiesta por un conglomerado político amplio respecto a la preocupación de las personas vulneradas por pedrazas por abusadores etcétera también sirva de impulso para poner atención a este tema porque no es menor o sea, pasa como como no sé como que si fuera de menor importancia en función de la gravedad del otro que hemos conocido en materia de política amerita, ¿no? sentarse a analizar todo este tema y quizás aprovechar el impulso y ponerse a legislar o a esquematizar de alguna forma algo para ir potenciando la protección de los menores que están trabajando muchas veces con personas que no deberían estar trabajando Exactamente mira, si algo bueno ocurrió en estas dos semanas es que hay un rechazo transversal a que la política pública no se haga responsable de estos temas ahora como vivimos en una vorágine de emergencias de escándalos es difícil que cada uno de estos problemas se solucione si es que no si es que en el fondo la sociedad y sobre todo los partidos políticos no asuman la responsabilidad de solucionar un tema y quedarse ahí y priorizarlo para después avanzar en otro ¿no es cierto? porque hoy día estamos hablando de este problema pero la próxima semana vamos a estar hablando de otro problema ¿y qué nos pasa? que no somos capaces de tomar un tema en específico y llevarlo hasta el final del camino que es solucionarlo entonces en este tema puntual sería bueno que algún parlamentario dijera ok yo me hago responsable de esto y voy a generar un proyecto de ley que permita hacer lo que conversamos al principio que toda organización que trabaja directamente con niños, niñas y adolescentes tenga la obligatoriedad de revisar en este banco de personas con inhabilidad en el registro de inhabilidades y que lo haga periódicamente con todas aquellas personas que están contratando independientemente del tipo de contrato o sea un contrato indefinido un contrato a plazo honorario eso no debería ser un problema y si y si algún parlamentario lo tomara seguro que se ganaría por otro de manera transversal porque va a ser un parlamentario serio que se hizo cargo de un problema que de nuevo lo vemos todos los años bueno hay que poner la atención a esto que no pase buen chileno en base colado porque evidentemente una preocupación importante sobre todo cuando estamos hablando de menores y a ver si nos ponemos en sintonía de lo que ha sido el discurso dentro de esta semana de lo que significa la preocupación de los menores o de las personas que han sido vulneradas y que podrían ser vulneradas que se genera también con este registro que tiene una amplia importancia Rafael Rodríguez gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo conversando con nosotros a esta hora muchas gracias un abrazo grande gracias adiós hablamos