Los gremios de la salmonicultura, una de las más importantes actividades exportadoras del país, expresaron sus principales inquietudes respecto del texto de propuesta de nueva Constitución, que será votado por la ciudadanía el próximo 4 de septiembre.

Para esas organizaciones persisten dudas en ese texto, que generan incertidumbre más que certezas.

Como expuso Joanna Davidovich, directora ejecutiva del Consejo del Salmón, a ese documento "le falta una visión de progreso asociado al crecimiento, a la inversión que es tan necesaria para el desarrollo de las regiones. Probablemente eso hay que arreglarlo. Hay conciencia de que la Constitución antigua y la nueva requieren modificaciones. Esa visión, particularmente, la echamos de menos".

La ejecutiva insistió que a la proposición de Carta Magna "falta un poco de visión de a dónde queremos ir, en términos de progreso para todas las peisonas. Y eso requiere certeza jurídica para la inversión".

Mientras que desde SalmonChile, rescatan aspectos positivos de ese propuesta, como el reconocimiento del maritorio, mayor protección medioambiental y derechos sociales. Pero, observaron que "hay muchos aspectos que no quedaron del todo claros y que siguen generando dudas e incertidumbre".

Por escrito desde el gremio especificaron que respecto al tema indígena "existen dudas sobre el alcance de las autonomías territoriales y sobre qué se entenderá como tien•as y tenitodos indígenas; la consagración del derecho a la consulta y consentimiento indígena, entre otros aspectos. Viendo la experiencia práctica por la implementación de la ley Lafkenche, surgen dudas sobre cómo se va a lograr equilibrar y conciliar los diversos intereses que hay en el borde costero. Nuestra preocupación se basa en que estos instrumentos no se transformen en impedimentos para la realización de otras actividades económicas".

Añadieron que hay preocupación en varias actividades que operan en el mar, ya que "tal como viene la propuesta de nueva Constitución, la garantía de la propiedad no cubre a las concesiones sobre el mar territorial, pasando a ser derechos administrativos, lo que supone un grado mayor de desprotección para las inversiones".

Aunque valoran avances en el reconocimiento de la crisis climática y un mayor resguardo y responsabilidad en temas ambientales, "nos quedan dudas respecto a lo relativo a los derechos de la naturaleza y la sin-ciencia de los animales, ya que son innovaciones importantes, cuyos bordes no son del todo claros".

DUDAS SOBRE LEVES

En otro aspecto, Davidovich hizo mención al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, que define diferentes categorías y si es que en ellas es posible el desarrollo de actividades productivas.

"En ese proceso, ha habido indicaciones que son súper riesgosas. No solamente para la salmonicultura, sino que para las distintas actividades productivas. Porque lo que quieren, sin distinguir estas categorías, es eliminar de todas las áreas silvestres todas las áreas productivas", precisó.

Para la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, lo anterior prohibirá el desarrollo empresarial en esos lugares, tanto si es un área de uso múltiple, reserva o parque, "cosa que hoy se admite y que está en la ley, lo que -por lo demás-hacen en distintos países".

Advirtió que ello tendrá un "impacto gigantesco". A modo de ejemplo, citó que al eliminar la salmonicultura de las reservas "puedes reducir un 30% de la actividad actual, lo que no significa sólo producir menos salmones, significa menos empleo, menos emprendimientos asociados, menos proveedores, menos actividad en general. Eso es un problema, que estamos tratando de demostrar a las autoridades, a los parlamentarios".

Davidovich aseguró que debe haber un matiz para compatibilizar el cuidado ambiental y actividades productivas "con buena regulación, que se cuide el medio ambiente y que puedan hacer uso actividades productivas, no sólo la acuicultura. Hay una cantidad de cosas que no se podrían hacer, si eso sucede".

Al ser requerida sobre su parecer en cuanto a la Ley Lafkenche, estimó que "tiene una dificultad adicional".
Opinó que "si se hace mal uso de esa herramienta, se puede bloquear todo el borde costero. Al final, eso afecta el progreso de la región. Si no se permite hacer ninguna actividad, porque la ley impide ese desarrollo, van a estar perjudicados, no sólo la salmonicultura, sino que incluso los pueblos originarios y todos los que están ahí, porque no van a tener actividades que hacer".

Hizo presente que la tramitación de una solicitud de Espacio Costero Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) "du
ra años y no se resuelve nunca. Al final, todas las actividades productivas quedan en un stand by dificil de avanzar, con incertezas jurídicas. No se sabe si pueden o no invertir".

Mientras que desde SalmonChile plantearon que "sería conveniente realizar una evaluación general de la implementación de la ley. La falta de un ordenamiento territorial, la mala implementación práctica, la falta de recursos y coordinación entre servicios intervinientes, ha generado que estos procesos se demoren hasta diez años, generando mucha frustración y conflictividad en el borde costero".

MAL USO

El senador Iván Moreira (UD!) comentó que la Ley Lafkenche "terminó siendo mal usada para solicitar indiscriminadamente gran parte del borde costero de la región, implicando la suspensión o cancelación de toda inversión a la espera de las definiciones de la autoridad respecto de esas solicitudes".

El parlamentario por la Región de Los Lagos advirtió que ese uso pone en riesgo no sólo a la acuicultura, sino que "también a la pequeña pesca artesanal que hoy ve como una amenaza las solicitudes ECMPO realizadas por esta ley, en materia como la aplicación de la Ley de Caletas".

Para el senador Moreira, "la guinda de la torta es la propuesta constitucional, que otorga a las comunidades indígenas derecho a restitución y consentimiento previo en todo aquello que afecte su autonomía territorial".

A su parecer, ambos temas "constituyen un caldo de cultivo para el descontento y preocupación tanto de pescadores artesanales como del mundo de la acuicultura".

MEJORAR ESTÁNDARES

En diferentes términos se manifestó el senador Fidel Espinoza (PS), quien dijo que el sector salmonero debería preocuparse de elevar sus estándares productivos, en lugar de expresar su inquietud ante "eventuales limitaciones que generaría la nueva Constitución".

Conforme al legislador por Los Lagos, el sector "está al debe" en términos medioambientales, para lo que "debiesen seguir mejorando esos estándares, así como la utilización de antibióticos y todos los elementos que hagan que la producción salmonera, que es muy importante para la región, sea mucho más limpia, con estándares elevados, que hagan a la industria aún más competitiva en el concierto internacional".

Espinoza dijo concordar en que la Ley Lafkenche ofrece "complicaciones no sólo para el sector salmonero, sino que para la pesca artesanal".

Subrayó, no obstante, que a semanas del plebiscito de salida para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución, "no es sano que comiencen a pretender, a través del miedo, generar condiciones como diciendo que esto podría generar baja en la empleabilidad. No se juega con los hogares de la gente de nuestra región", expuso.