Tienen un plazo de 18 meses. Aunque para las asociaciones de canalistas, esa fecha puede vencer el próximo 4 de septiembre. Si bien la última modificación al Código de Aguas de abril dio hasta octubre de 2023 -salvo para los pequeños agricultores, cuyo plazo vence en 2027- para que los derechos de agua estén debidamente inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas (RPA) del Conservador de Bienes Raíces (CBR), y luego en el Catastro Público de Aguas (CPA) de la Dirección General de Aguas (DGA), los usuarios temen que, de aprobarse la nueva Constitución en tres semanas más, las autoridades pongan trabas para su registro.

La nueva Constitución establece el fin de los derechos de agua, reemplazándolos, de manera inmediata, por autorizaciones de uso incomerciable; un cambio en la normativa que tiene a todos los dueños del recurso moviéndose contra el tiempo... propietarios que nunca vieron la urgencia de regularizar, hasta ahora.

En la DGA estiman que existen 350 mil usuarios con Derechos de Aprovechamiento de Aguas (D.A.A.) constituidos o reconocidos. De ellos, 150 mil están registrados en el Catastro Público de Aguas, es decir, menos de la mitad del total. De hecho, hay otros 130 mil que participan en organizaciones de usuarios, pero que no han regularizado sus derechos; y 70 mil que la DGA tiene identificados como inscritos en el Conservador, pero no inscritos en el CPA.

"Estamos tratando de actualizar todos los registros, porque no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la actitud que va a tener el Conservador el 5 de septiembre si es que el proyecto se aprueba, si es que va a entregar o no inscripciones", destacan en la Confederación de Canalistas de Chile.

Los administradores del agua

La gestión del agua en Chile está dividida en dos grandes entes. Por un lado, está la Dirección General de Aguas, que es la que desarrolla la política pública. Y por el otro lado están las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) que están distribuidas en dos niveles: las Juntas de Vigilancia y las Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Agua. Las que manejan el río completo o el acuífero son las Juntas de Vigilancia. De los ríos de Chile salen más de 150.000 kilómetros de canales, y en cada uno de ellos operan las Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Agua; organizaciones que hacen todas las obras y han desarrollado la red. Todos quienes tienen derechos de agua están adheridas a algunas de ellas, las que al final son las encargadas de distribuir el recurso. La mayoría de los titulares de derechos son agricultores -del orden de un 70% del agua en el país es usada por ellos-, aunque también existen sanitarias y empresas eléctricas que utilizan el recurso del mismo caudal y, por ende, pertenecen a alguna de las asociaciones. Aguas Andinas, por ejemplo, tiene un 10% de la Sociedad del Canal de Maipo. Los gremios empresariales estima que hay unas 4.000 organizaciones de este tipo.

"La DGA y el Código de Aguas establecen que cuando dos o más personas comparten una obra para captar agua, entonces pueden constituir una Organización de Usuarios de Aguas", explica el asesor en temas hídricos de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Federico Errázuriz.

El abogado de la asociación Sociedad del Canal de Maipo, Guillermo Aldunate, lo resume así: "La Junta de Vigilancia reparte el agua del río entre las distintas asociaciones de canalistas que la toman y la reparten entre sus asociados. Por ejemplo, el canal San Carlos es una obra de propiedad de la Sociedad de Maipo".

El presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, Fernando Peralta, estima que toda esta red de canales ha implicado una inversión de US$ 75.000 millones de parte de los mismos privados canalistas, los cuales están dispuestos a hacer esos desembolsos -dice-, ya que poseen los derechos de aprovechamiento a perpetuidad. El costo de mantención de toda esa red bordea los US$ 2.600 millones.

Por ejemplo, si el consumo per cápita es de 100 litros de agua al día, las personas sólo consumen 6 de manera directa; el resto va a través de las distintas actividades productivas.

Los derechos de agua están expresados en acciones y en litros por segundo. Por ejemplo, el Río Maipo tiene 8.130 acciones.

La acción en los canalistas del Maipo ronda las 2.000 UF y da derecho a un máximo 34 litros por segundo. El precio de los papeles, dependiendo del canal, es variable. Según relata Aldunate, el exministro Rodrigo Valdés en la Jornada de Derecho de Agua de la Universidad Católica hace dos semanas mostró cuál era la oscilación del precio de un litro por segundo en el Maule y variaba desde los $ 280.000 a los $ 14 millones, dependiendo de dónde está ubicado la bocatoma (la salida del río al canal), cuáles son las características del derecho que posee, la infraestructura que permite aprovechar ese derecho, etcétera. "Un litro por segundo puede tener muchas circunstancias que le dan un valor agregado", destaca Aldunate.

Además, el total a extraer no es exacto: depende de la cantidad de agua que traiga el río. Si baja, se puede sacar una proporción. Son los llamados celadores los que van subiendo y bajando compuertas distribuyendo el total que le corresponde a cada uno.

Errázuriz explica que cada asociación se financia sola, aunque se pueden postular a algunos instrumentos de fomento que ofrece el Estado.

Cada accionista, de hecho, debe pagar una cuota anual -que fluctúa entre $ 40.000 y $ 80.000 por acción- a la asociación a la que pertenece para costear inversiones y financiar toda la estructura de la organización. El directorio actúa de manera probono, pero todo el equipo gerencial recibe un sueldo. En total, trabajan del orden de unas 24.000 personas en toda esta red.

Si la cuota no se cancela, la asociación puede sacar a remate los derechos de agua de esa persona.

Prácticamente, la única asociación donde no existe cuota es en la Sociedad del Canal de Maipo. "Vendemos energía, por lo que somos autosustentables financieramente", dice Guillermo Aldunate. De hecho, la entidad tiene tres centrales de pasada, más una cuarta de su filial Eléctrica Puntilla.

Acelerar la inscripción

"El derecho de agua es tuyo, es tan personal que ni siquiera es del campo", afirma Fernando Peralta. Aún más, destaca que en la agricultura -cuya superficie bordea las 1,2 millones de hectáreas distribuidas en cerca de 350.000 propietarios-, el valor de la hectárea regada corresponde en un 80% al valor del Derecho de Aprovechamiento de Agua. En consecuencia -sentencia- la eliminación de este derecho implica una pérdida patrimonial de casi el 80% para cada uno de los agricultores.

Pese a ello, la necesidad de regularizar los derechos nunca fue tan urgente como ahora. En el sector explican que la mayoría son terrenos que se han heredado, sin la debida diligencia por inscribir los derechos. Las asociaciones -señalan- operan en base a la tradición, por lo que nunca han exigido tales registros.

Hoy, la DGA primero reconoce los derechos y el titular los registra en el Catastro Público de Aguas, que emite un certificado que el usuario debe inscribir luego en el Registro de Propiedad de Agua (RPA) del Conservador. En el sector explican que hay muchos que se quedaron, de modo oportunista, sólo en el certificado inicial, ya que que así, cuando la DGA cobraba las patentes por no uso, y llegaba a la justicia para demandar tal pago, los tribunales no podían fallar contra el usuario porque no existía ningún derecho inscrito en el Conservador. La nueva normativa termina con eso.

Todos los titulares de derechos previos a la publicación de la modificación al Código de Aguas, el 6 de abril, deben inscribirlos en el conservador y luego registrarlos en el Catastro Público de Aguas de las DGA antes de octubre de 2023. Para los nuevos derechos que la DGA entregue después del 6 de abril, la inscripción en el CBR y la CPA la hará la misma Dirección General de Aguas.

Las asociaciones de canalistas ya iniciaron un intenso trabajo para acelerar la regularización de más de la mitad de los derechos que no están en regla. Existen varias que han pedido a sus socios una nómina clara con sus derechos y la necesidad de agua que requieren. "Llegado el minuto de un cambio sustantivo en el ordenamiento de aguas, esos son datos superrelevantes para respaldar cualquier autorización en el futuro", opina Federico Errázuriz, de la SNA. Un alto porcentaje de quienes poseen esas autorizaciones son pequeños agricultores, que tienen entre 1 y 15 hectáreas.

En la DGA reconocen un mayor movimiento en estos procesos de registro. "Establecer un plazo para registrar los derechos en el Catastro Público de Aguas (18 meses) ha tenido cierta repercusión en los usuarios y usuarias", destacan.

Si entre 2015 y 2020, se registraban tradicionalmente 5.400 derechos al año; en 2021, fueron 6.511. En 2022 ya llevan 6.400 y estiman que a fin de año habrán ingresado unos 10.000.

Con respecto a la regularización propiamente tal, la DGA dice no haber visto una variación en los ingresos. Lo justifican en el hecho de que aún queda plazo, dadas las exigencias de la nueva normativa. En el organismo declinaron responder sobre el efecto que podría estar teniendo el plebiscito del 4 de septiembre en los mayores registros.

"Hay canales que son muy diligentes, pero hay otros en que el hombre dice 'no, si no va a pasar nada'. Entonces estamos haciendo una campaña de convencimiento, diciéndoles: 'Señores, si no hacen nada, ponen en riesgo su derecho de aprovechamiento'", subraya Peralta. "Lo que se pretende es que cada uno de los dueños de sus derechos estén legítimamente al día, porque el día de mañana, si tú no tienes cómo demostrar que tienes un derecho, fregaste", añade.

Puntualmente, Aldunate cuenta que en el Maipo están sacando copias de todas las inscripciones. "Tomamos nuestro registro de accionista, la última inscripción y estamos revisando una por una a ver si es que está vigente o no. Y si no, estamos pidiendo de motu proprio la inscripción al Conservador", destacan. Eso -destacan en el sector- se está repitiendo en varias asociaciones.

Por ejemplo, en la Federación de Juntas de Vigilancia de los Ríos y Esteros de la Sexta Región destacaron estar en un proceso similar. El presidente de la Junta de Vigilancia Río Maule, Carlos Diez, señaló a sus accionistas, a mediados de junio, estar trabajando en la regularización con el catastro, inscripción y registro de los derechos de agua. Esa junta tiene 13.000 accionistas, un 70% de ellos son pymes.