Señora Directora: Cuando una persona va al supermercado, paga de inmediato lo que compra. Pagar lo que consumes en el momento es la regla general. Sin embargo, la realidad de las pymes es completamente distinta: a diario se cruzan con enormes obstáculos que lo único que hacen es ralentizar más y más la fecha en que se concretará el pago.

Si bien muchas empresas mantienen prácticas asertivas, limpias y transparentes, nos hemos encontrado con un grupo de compañías que utilizan como un negocio el pago a 90 días. Me refiero a casos en que proponen pagar en menos de 90 días, siempre y cuando se les otorgue un porcentaje de rebaja al precio que originalmente se está transando el producto o servicio.

Cuando una empresa propone anticipar el pago, en la práctica, está generando un negocio de factoring paralelo, algo completamente fuera de su giro y que además no está regulado. Pero, sobre todo, este factoring paralelo es una pésima práctica que perjudica enormemente a las pymes.

Es más necesaria que nunca la ley de pago oportuno. Se requiere una regulación que promueva las buenas prácticas y que establezca 30 días como plazo máximo para pagar a proveedores.