El Congreso despachó recientemente a ley el proyecto que amplía la responsabilidad penal en materia de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, y entre los expertos hay coincidencia de una renovada preocupación en el sector privado por las implicancias de esta normativa.
Susana Sierra es CEO de BH Compliance, compañía que ayuda a asegurar que los programas de compliance funcionen, y comenta que en el webinar que van a realizar sobre esta ley se inscribieron más de 700 personas en dos días. “Ha causado un revuelo gigantesco”, afirma.
Sierra indica que la preocupación se debe a que la ley aumenta las penas por ciertos delitos para directores y gerentes de empresas. Si antes se recibía solo una multa, ahora incluso algunos pueden ser penados con cárcel. Además, se incorporan muchos más delitos por los que la empresa es responsable penalmente. Antes eran cerca de 20 delitos, mientras que bajo la nueva ley la lista se amplia a más de 200. “Muchas de las empresas se empezaron a volver locas, porque dijeron: ‘¿Cómo me voy a proteger de 200 delitos?'”, comenta la CEO de BH Compliance.
Rodrigo Aldoney, abogado y consejero sénior de Carey, señala que “no hay que dramatizar demasiado esta ampliación a 200 delitos, porque son riesgos que normalmente las empresas ya estaban mitigando”. Y agrega que lo que se hace con esta nueva ley es reforzar las responsabilidades de las compañías con una sanción penal, no solamente administrativa, como era el caso antes.
Javier Díaz, abogado y socio de Barros y Errázuriz, comenta que también ha notado “cierta preocupación” en las empresas por esta ampliación de la responsabilidad penal. “De manera preliminar, aparece como un cambio muy significativo (…) Pero cuando lo analizas con más detención te das cuenta de que si hoy tú haces las cosas bien, no pasarás a ser responsable, porque cambió la ley”, indica.
“La ley tiene muchos aspectos muy favorables, porque moderniza el derecho penal económico”, comenta Aldoney. Añade que es “coherente” que una empresa, que puede generar mayores daños medioambientales y sociales, por ejemplo, a través de una evasión tributaria, tenga mayor responsabilidad penal. “Eso genera un mayor trabajo de prevención de delitos, pero parece razonable exigirle eso a la empresa”, dice. Otro cambio importante que introduce esta ley es que antes la empresa respondía solo cuando se cometían delitos que pudiesen beneficiarla, mientras que ahora sería responsable sea beneficiada o no del delito cometido.
El gran empresariado mostró preocupación por esta ley cuando estaba en discusión. El 23 de abril, “El Mercurio” escribió que Ricardo Mewes, presidente de la CPC, veía una “inadecuada tipificación de los delitos y una potencial descoordinación entre la persecución administrativa y la penal” respecto al capítulo medioambiental de la ley. Además, en ese momento, el abogado penalista Alex van Weezel señaló que se crea con esta ley un derecho penal especial, más duro, exclusivamente para los empleados de empresas medianas y grandes.
Críticas a la ley
Aldoney ve de manera crítica el nuevo delito que esta normativa crea, sobre acuerdo abusivo en el directorio, y que aplica para los directores de las empresas. “La redacción de ese nuevo delito es muy deficitaria, está muy mal redactado. Eso hace que los directores se enfrenten a cierta incertidumbre”, afirma.
Este delito castiga a quienes se valen de su posición mayoritaria en el directorio de una sociedad anónima para adoptar un acuerdo abusivo, beneficiarse o beneficiar económicamente a otro, en perjuicio de los demás socios y sin que el acuerdo reporte un beneficio a la sociedad. “Esto hace que el directorio se paralice, porque debe considerar cómo incide esto en una minoría, porque puede llevar una responsabilidad penal personal”, asevera.
A pesar de que Sierra no problematiza este delito, sí ve que esto exigirá mayor documentación por parte de los directores. “Es cada vez más importante ir dejando evidencia de las acciones”, señala.
Por otro lado, Aldoney ve que también existe un problema de igualdad ante la ley. “El mismo delito que ya existía para el director o gerente, ahora por ser delito económico, tendencialmente se busca que se cumpla efectivamente con cárcel”. Esto resulta así porque se eliminan las atenuantes, como la irreprochable conducta anterior, y la posibilidad de optar a una pena sustitutiva, como la libertad vigilada.