La discusión constitucional y los proyectos que abordan temáticas transversales para el mundo de la empresa -como la próxima iniciativa tributaria y las múltiples en materia laboral- podrían eclipsar la gran cantidad de nuevas regulaciones que se están discutiendo o implementando en el mercado financiero.

Una de ellas es la necesaria regulación a las Fintech, que ha tenido un enorme avance en nuestro país, aportando mayor innovación y competencia, pero sin un marco regulatorio que resguarde a los usuarios de estas plataformas tecnológicas. En el mismo proyecto se incorporó lo que perfectamente podría ser una regulación independiente, por las implicancias que tiene: la implementación de un sistema de finanzas abiertas. Este sistema significa derechamente compartir entre las empresas los datos de las transacciones realizadas por los clientes, previo consentimiento del titular. Así, los eventuales beneficios que conllevaría un sistema que manejará información sensible, podrían ser anulados al no contar, desde el inicio, con una institucionalidad mínima en materia de protección de datos personales y la aprobación del proyecto de ley que perfecciona la actual legislación.

Adicionalmente, se encuentra en curso el trabajo del Comité que está fijando límites máximos a las Tasas de Intercambio, proceso que se realiza de cara a la reciente transición de un modelo de 3 a 4 partes y a la masificación de productos relativamente nuevos para Chile, como la billetera electrónica y otras aplicaciones de pago que operan en otras partes del mundo y que mediante el uso de la tecnología, se gatilla un sencillo modelo de dos partes. Considerar estos elementos al definir las futuras regulaciones en materia de tasas de intercambio es fundamental, como también avanzar con gradualidad en este proceso y evitar modificaciones abruptas que desalienten la entrada de nuevos actores, se concentre la oferta y se desincentive la innovación tecnológica, creando distorsiones de mercado.

A estas transformaciones estructurales se suman otras como la norma que regulará las comisiones asociadas a las operaciones crediticias que dictará la CMF, los cambios efectuados a la normativa en materia de cobranzas extrajudiciales, la consolidación de información de deuda positiva, la entrada en operación de la nueva ley de fraudes, que cambia el peso de la prueba a los emisores y el proyecto de ley que prohíbe la comunicación de datos comerciales y financieros de las personas.

Cada una de estas iniciativas está siendo analizada en forma independiente. Hace falta una mirada sistémica y evaluar cómo la interacción entre estas regulaciones afecta al mercado financiero y a las personas. Una revisión integral de los efectos agregados que tienen las múltiples iniciativas en discusión o implementación permite evaluar los habilitantes que requiere cada iniciativa, sopesar los impactos en la productividad del sector, evitar sobrerregulaciones que concentren el mercado o incentiven el crédito informal y, principalmente, permitan mayor inclusión financiera. En definitiva, evitar un peligroso cóctel regulatorio que puede terminar lesionando severamente al mercado financiero.