El alzamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que aprobó la semana pasada la comisión de Seguridad del Senado en el proyecto de inteligencia económica para fines de investigación contra el crimen organizado, tampoco genera consenso entre los expertos. Se ha advertido que la potestad que el Gobierno quiere entregar al fiscalizador vulneraría derechos fundamentales como la privacidad y abre el riesgo de posibles filtraciones de datos sensibles.
Sin embargo, el director de la UAF, Carlos Pavez, defiende la idea del levantamiento y sale a refutar las críticas que han surgido.
—¿Han aumentado en los últimos meses las operaciones sospechosas de lavado de activos?
'Hay una realidad a nivel global y regional. En Sudamérica, la irrupción del crimen organizado es un fenómeno bastante claro, que estamos permanentemente conversando con nuestros colegas de los demás países porque, además, no solamente desde el punto de vista del aprendizaje, sino también de la necesaria colaboración que tenemos que tener a nivel internacional, porque el crimen organizado tiene presencia en todos los países y va buscando las oportunidades'.
'También uno lo puede ver desde el punto de vista estadístico y la información está disponible con el crecimiento de los reportes de operaciones sospechosas y con las figuras que hemos ido detectando. Nosotros trabajamos harto en el ámbito de poder ir generando información desde las sentencias que se han ido dictando en los últimos 15 años con condenas por figuras de lavado activo, hasta ir viendo cuáles son los tipos de operaciones que nos están informando o que están detrás de la actividad criminal. Uno va viendo que hay una tendencia creciente en cuanto a participación de figuras que tienen que ver con crimen organizado. O sea, no solamente el narcotráfico, que obviamente es un gran negocio que está presente en el crimen organizado, sino que también temas como contrabando, figuras de secuestro extorsivo, fraude financiero a gran escala'.
—¿El crimen organizado usa el sistema bancario? Se ha puesto en duda eso.
'La importancia del sector financiero formal y bancario en nuestros países y particularmente en Chile, es muy alta. Por lo tanto, tú cuando quieres hacer aparecer algo que tiene un origen lícito, que proviene de una actividad económica regular, en el fondo lo que tienes que hacer aparecer es que estás generando estos recursos y que provienen, los manejas a través del sistema financiero formal, particularmente del sistema bancario (...) los flujos financieros que provienen de la actividad criminal, en varias partes de este proceso de lavado pasan por el sistema financiero y se quedan en el sistema financiero formal y particularmente en el bancario'.
'Las organizaciones criminales son cada vez más complejas y consideran la participación de muchas personas, testaferros, sociedades pantallas, sociedades de papel, en las cuales operan y hacen una multiplicidad de operaciones muy complejas, de manera tal de lograr alejar esos recursos del origen criminal que tienen, del origen ilícito. Efectivamente, siempre hay una participación del sistema financiero o hay una mala utilización del sistema financiero, porque es la única manera de poder terminar el proceso de lavado de activo'.
—¿Le sorprenden las críticas que hay sobre el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial?
'A nivel internacional hay mucha evidencia, mucho consenso sobre que esta es una herramienta clave, por la incidencia que tiene y porque en definitiva, cuando se estaba hablando de primero conocer la ruta del dinero y combatir la economía de las organizaciones criminales y entendiendo que esto pasa por el sistema financiero, siempre en la mayoría de las etapas de los procesos de blanqueamiento de capitales pasa por el sistema financiero formal. El poder contar con esa información no solamente es clave para la detección, sino también para lograr extraer o quitarles esos recursos a las organizaciones criminales'.
'En todos los ámbitos, particularmente en el combate de lavado activos y financiamiento del terrorismo, aquellos países que cuentan con este tipo de herramientas son los más exitosos a la hora de poder combatir estos fenómenos. Evidentemente que con todos los resguardos del caso. Creo que los acuerdos que se adoptaron en la comisión de Seguridad Pública del Senado es una muestra de que se ha ido avanzando y soy muy optimista que esto va a seguir avanzando porque se han logrado ir despejando varias de las dudas y preocupaciones que pueden manifestar las personas en cuanto a cuáles serían los riesgos de otorgar este tipo de facultades en el proyecto de ley del subsistema de inteligencia económica. Esta facultad que se le otorgaría a la UAF tiene muchos elementos para demostrar que existen, con la legislación actual, resguardos suficientes para garantizar la reserva, el secreto, la información, pero además en esta misma propuesta legislativa se están agregando algunos resguardos adicionales, desde el punto de vista de las sanciones a las que estaríamos expuestos quienes desempeñamos funciones en la UAF. La gente muchas veces no conoce que la ley 19.913 establece quiénes son sujetos obligados, cuáles son los delitos base de lavado activo, establece tres mecanismos de reserva con sus correspondientes sanciones en caso que se infrinjan. Hay una disposición que tiene que ver con las prohibiciones a las que estamos expuestos los funcionarios quienes trabajamos en la UAF. Si nosotros no cumplimos con esas obligaciones, nos exponemos a sanciones civiles, administrativas y también privativas de libertad. Las que se están proponiendo además en este proyecto de ley son bastante altas, son todas con penas efectivas de cárcel que empiezan con entre un año y un día hasta 5 años de presidio en caso de violación de esa obligación de secreto. Para nosotros contar con esa facultad en la forma que se está proponiendo es fundamental, en base a la evidencia y particularmente pensando en el crecimiento de la actividad de crimen bien organizado. Es necesario poder acceder para detectar y para diferenciar cuándo estamos en presencia de operaciones que tienen indicios de actividad delictual, que es lo que a nosotros nos gatilla la necesidad del envío de un informe de inteligencia al Ministerio Público y cuándo no'.
—Hoy con autorización judicial hay un acceso rápido a la información.
'Todos los días hay millones de operaciones que se hacen en los cajeros automáticos, las plataformas de internet, las presenciales. A pesar de todo eso, por el trabajo que hacen los sujetos obligados, los bancos, solamente recibimos alrededor de 1.200, 1.300 reportes de operaciones sospechosas al mes y a partir de eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Es parte del trabajo obviamente que tenemos que hacer, de poder determinar dónde, en cuáles de esos reportes de operaciones sospechosas efectivamente hay información que nos dé indicios de actividad criminal y para eso tenemos que conocer quiénes están detrás de esas operaciones'.
'Cuando hoy llevamos una solicitud de levantamiento de secreto a un ministro de Corte de Apelaciones, se han definido dos cada año por parte de la Corte. Nosotros hemos tenido un trabajo previo bastante extenso para poder acompañar todos los antecedentes de respaldo que le den la tranquilidad al ministro de Corte de que hay indicios, de que hay algo que es necesario conocer. Y cada alzamiento no involucra una sola persona en una sola operación, las operaciones son complejas, no es alguien que me transfirió y yo que recibí o alguien que me depositó en mi cuenta y que yo moví, sino que se va trasladando justamente por la necesidad de tratar de hacer todo lo necesario para que en definitiva la autoridad, los fiscales podamos relacionar determinados recursos con una actividad criminal y por lo tanto, el poder conocer todos quienes participaron y de qué manera participaron, es fundamental y eso se hace con el levantamiento del secreto bancario. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos permanentemente es no cuánto hemos hecho con mucha responsabilidad en términos de alzar el secreto bancario, sino cuánto deberíamos hacer y eso está muy presente en lo que también ha manifestado la Corte Suprema cuando emitió su informe hacia el Senado sobre este proyecto de ley. Los magistrados que trabajan permanentemente con nosotros saben lo que nosotros representamos, la seriedad de los antecedentes y lo que nos demoramos en poder llevar esos antecedentes. Ellos saben que primero es necesario analizar una gran cantidad de operaciones. La Corte Suprema en su informe favorable ante este proyecto dice, mire esto representaría una carga que no podemos abordar, que sería muy gravosa y que no sería eficiente y por lo tanto, reconociendo y compartiendo que esta es una facultad muy necesaria teniendo el fenómeno que estamos enfrentando como país y conociendo los resguardos que se han adoptado y los que se están además agregando para mantener la privacidad, tiene todo el sentido otorgársela a una institución para los efectos de la prevención y la detección de agresiones relacionadas particularmente con el crimen organizado'.
—¿Por qué es necesario que la información también la conozca el director de la UAF?
'Dentro de la forma como operamos, el director como jefe de servicio es el que participa, yo participo permanentemente de todos esos procesos. Estos son los procesos clave dentro de nuestra institución, y no solamente yo, sino que también, por ejemplo, el jefe jurídico, participamos de la revisión de los informes que se evacúan al Ministerio Público'.
'Algunos de los mecanismos de control interno pasan también por el control que yo dispongo y participo directamente. Estos son justamente por ser las materias más sensibles, las que requieren la participación del director en esas dos dimensiones, desde el punto de vista de la revisión de lo que se está enviando, de los criterios que están detrás de los informes, de la contundencia o el respaldo que tienen en el trabajo que se realiza, que obviamente es un trabajo técnico del equipo de inteligencia, pero que pasa por también la mirada que podemos aportar desde la dirección'.
—¿Se está vulnerando la intimidad con el alzamiento?
'Uno reconoce que hay información valiosa en términos comerciales y económicos de la actividad que pueden desarrollar cada una de las entidades y por lo tanto, tienen un derecho a la protección de esa privacidad. Pero estas cosas no se ven aisladamente, no es una mirada única, sino que hay necesariamente un balanceo con muchas otras regulaciones en términos de principios y de beneficios que se obtienen con determinadas medidas. Entonces, la pregunta es: ¿Está bien el riesgo, la afectación a ese principio de protección de privacidad se compensa con los beneficios que se obtienen en cuanto al acceso a información sobre operaciones bancarias? Yo creo que la respuesta es categórica, a nivel internacional, y la evidencia muestra que la afectación a esa privacidad no es tal, o es muy menor. En 20 años de funcionamiento de la unidad de inteligencia financiera nunca se ha dado filtración'.