Poco más de cinco años han pasado desde que, en abril de 2018, entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral (21.015), que apuntaba a promover la integración de personas con diferentes tipos de discapacidad, pues la norma establece que las empresas con más de 200 trabajadores deben tener al menos el 1% de su equipo con dicha situación.

Marcos Barraza (PC), quien fuese ministro de Desarrollo Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, señala que 'en general, la evaluación desde el punto de vista de la contratación de personas en situación de discapacidad es positiva. Al inicio de la ley, en el sector público se totalizaban del orden de 1.310 o 1.311 personas con contrato y a 2021 eso se empinó a 1.916 personas, es decir, un crecimiento cercano al 46%'.

'En el sector privado se ha cuadriplicado la cifra de contratación de personas (con discapacidad). Si en 2018 la cifra era un poquito superior a 11.000, en 2022 está por sobre las 52.908, es decir, crecieron en cuatro veces los contratos de personas en situación de discapacidad', dice.

En contraparte, Barraza considera que 'las fiscalizaciones, y especialmente en el anterior gobierno, en el del Presidente Piñera, no han sido lo suficientemente rigurosas en términos de fiscalizar la temporalidad de las medidas alternativas', como implementar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad (subcontratación) o donar a proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Fernando Arab, subsecretario del Trabajo en dos etapas (2013-14 y 2018-2022), comenta que 'no basta con contratarlas. Hay que ofrecerles un desarrollo de carrera, iguales oportunidades que al resto, un trato digno. Ahí es donde todavía estamos en deuda como país. La nueva Ley 21.275 (de 2020) busca precisamente aportar en eso, a través del gestor de inclusión'.

Concuerda Ricardo (46), una persona con discapacidad intelectual que trabaja como vocero de Micare (Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado) y en el retail como auxiliar administrativo: 'Muchas veces los jefes estancan a una persona, nos limitan a trabajos poco exigentes'. Aunque apunta que 'desde que empezó la ley, las empresas han dado oportunidad de trabajar a personas con discapacidad intelectual, hay mejores oportunidades de trabajo'.

Carolina (41) también tiene discapacidad intelectual y es vocera de Micare. Trabaja como asistente de inspectoría desde 2005, y dice que 'en un lugar donde trabajé no me incluían en las comunicaciones internas, porque pensaban que no iba a entender o se olvidaban de que soy una adulta como el resto', aunque valora la ley. Añade que, al igual que Ricardo, le gustarían trabajos más desafiantes: 'Estudié Ayudante de Párvulo; entonces, me gustaría estar en un aula, ayudándoles a las profesoras'.

Más crítico es Jaime Ramírez (30), quien es cientista político, posee discapacidad física y usa silla de ruedas. Dice que la norma no lo ha beneficiado, ya que ha encontrado trabajo 'de manera bien precaria y esporádica, más con contactos propios que con apoyo de la ley'.

Claudia Sáez, directora de Estudios e Incidencia de la Fundación ConTrabajo, sostiene que los problemas fundamentales de la ley son tres. Uno de ellos, la data: 'El Estado carece de bases de datos y cruces que nos permitan identificar realmente cuántas empresas cumplen en Chile con la ley. Eso, a cinco años, no lo sabemos'.

Por otro lado, coincide en que se requiere mejorar la fiscalización. Y en tercer lugar, dice que las brechas de sexo también se manifiestan en este ámbito: 'La participación de mujeres con discapacidad, bajo la Ley 21.015, alcanza solo el 36% en promedio en estos cinco años'. En cuanto a renta, indica que 'en 14 de las 16 regiones del país, los hombres tienen una renta al menos un 8% más alta que las mujeres, y hay algunas regiones en las que esta brecha salarial alcanza casi el 25%'.