El equivalente a más de 2 mil millones de pesos en paquetes de pasta base de cocaína fueron descubiertos mientras permanecían ocultos en la estructura de una camioneta, máquina que un conductor pretendía sacar de la región de Tarapacá con el objetivo de trasladar la mercancía a Santiago. La droga fue detectada por fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en la avanzada Quillagua, quienes mediante el uso de tecnología visualizaron el móvil, los que alertó a los fiscalizadores.

El director regional de la Aduana de Iquique, Cristián Molina, señaló que "durante las labores de control a la carga y vehículos que se realizan en la avanzada de Quillagua, se revisó con tecnología no invasiva a esta camioneta y los rayos X del camión escáner permitieron establecer que la estructura estaba modificada y escondía elementos orgánicos, por lo cual se procedió a su desarme". Tras lo anterior, los fiscalizadores intervinieron distintas partes de la máquina, hallando en toda la estructura un total de 173 paquetes de distintos tamaños y formas, los cuales contenían 133 kilos 520 gramos de pasta base de cocaína. El director de Aduana dijo que el citado cargamento ilícito puede llegar a alcanzar un valor superior a los $2 mil millones de pesos en el mercado ilícito "y su método de ocultamiento comprometía gran parte del vehículo".

La droga, junto al imputado y los distintos medios de prueba, fueron entregados mediante cadena de custodia a la policía de turno para su resguardo y traslado, quedando a la vez el acusado a disposición del Ministerio Público, para su debido control de detención ante el tribunal de garantía. La audiencia de formalización se desarrolló en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte y fue el fiscal Javier Gutiérrez quien imputó los cargos al sindicado identificado por las iniciales L.E.R.E., de 48 años de edad, por el delito tráfico ilícito de drogas en grado de autor consumado. Finalmente el juez Carlos Campos decretó que la detención estaba ajustada a derecho y ordenó para el conductor la medida cautelar de prisión preventiva durante los 120 días que fijó como plazo de investigación.

Durante ese periodo la Fiscalía deberá ordenar a la policía la realización de diversas diligencias con el fin de determinar el proveedor de la droga y el receptor final de la misma, además de dilucidar los nexos que mantenga el imputado para desarrollar dicho ilícito.