Ante el Ministerio Público, como testigo colaboradora, la empresaria Karelim López acusó al Presidente peruano, Pedro Castillo, de estar involucrado en una red de corrupción que opera en su gobierno a través de los Ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Vivienda, consignan medios peruanos como El Comercio y La República.

El Presidente peruano desmintió las acusaciones, y aseguró que grupos poderosos, opositores a su mandato, convencieron a López de declararse colaboradora 'con millones de soles y mañana van a llenar las páginas para, de una vez por todas, demandar una suspensión, dar una vacancia (destitución) a nuestro gobierno'.

La empresaria, que está siendo investigada por el delito de lavado de activos, aseguró a la Fiscalía que Castillo ordenó la entrega de licitaciones en obras públicas viales, que van desde los US$ 16 millones a los US$ 60 millones aproximadamente, vinculando a empresas como la China Civil Engineering Construction y la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C.

López sostuvo que los principales integrantes del esquema de corrupción son el ex secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco (investigado por tráfico de influencias); los sobrinos del Presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Castillo Gómez; el titular del MTC, Juan Silva Villegas; y cinco parlamentarios de Acción Popular.

Agregó que ella participó en reuniones donde se discutió que la designación del titular del Ministerio de Vivienda, Geiner Alvarado López, se logró entre la 'confabulación' de los sobrinos del Presidente, el asesor Jorge Fernández, el empresario y amigo de Castillo, Alejandro Sánchez y el empresario Abel Cabrera Fernández, a quien vinculó con licitaciones irregulares en Vivienda.

Según López, Castillo mencionó en más de una oportunidad que el dinero recaudado es utilizado para saldar las deudas adquiridas durante su campaña a la presidencia, y que la organización estaría protegida por el coordinador de la fiscalía anticorrupciones, fiscal superior Omar Tello, y la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.