Ciertos reparos fueron los que manifestó el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por el alto costo fiscal que tendría la implementación de la propuesta constitucional que se plebiscitará el próximo 4 de septiembre.
Esto, a propósito del estudio que un destacado grupo de economistas desarrolló por varios meses para calcular cuánto costaría el texto.
Se trata de un documento -elaborado por los economistas Rodrigo Valdés, Claudia Martínez, Guillermo Larraín, Andrea Betancour, Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte- cuyo foco principal de análisis fue el precio involucrado en el cumplimiento de cada disposición del texto como gasto directo.
Así, la investigación, titulada "Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución", define dos escenarios posibles: uno de ellos, de menor gasto, alcanza a 8,9% del PIB, equivalente a US$25.210 millones, que se descomponen en 7,1% del PIB de costos en régimen y 1,8% del PIB de costos por ajuste de stock en diez años.
Este último valor corresponde a un costo total por ajuste de stock de 18% del PIB.
El segundo, de mayor gasto, alcanza el 14,2% del PIB, equivalente a US$40.109 millones, el costo en régimen y el ajuste de stock en diez años corresponden a un 11,4% y 2,7%, respectivamente, con un costo total de ajuste de stock de 27,2% del PIB. En tanto, que el gasto administrativo corresponde a 1,8% del PIB.
El texto como tal, fue presentado este martes en un panel que se llevó a cabo este martes en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, y en el cual participó Briones, quien hizo comentarios sobre la metodología empleada para dar con las cifras.
En primer lugar, el economista destacó el trabajo de los expertos diciendo que "el aporte de este documento, además de su precisión, exhaustividad por recoger cada uno de los temas que tienen costo fiscal directo, es ponerle orillas en base a supuestos súper razonables, y a una estructura de presentación simple, en un trabajo riguroso".
No obstante, sostuvo "voy a dos preguntas rápidas de implicancia, que el estudio naturalmente deja abierto, y es el cómo se financia. Aquí yo me atrevo a hacer una invitación, porque creo que este trabajo tiene el valor, y ellos mismos lo dicen, de replicar lo que se hace en toda ley con los informes financieros, cuando uno hace una estimación de cuál es el costo, o cuáles son los ingresos, y llama la atención de que esto mismo no se haga respecto de la Constitución".
"Yo concuerdo con eso, sobre todo si hablamos de algo que va a ser más permanente, por ende, me parecería valioso, por ejemplo, que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), pudiera tener un pronunciamiento sobre esto, o replicar un ejercicio de esta misma envergadura, o esta misma magnitud, porque, naturalmente, aquí estamos hablando de recursos que van a ser necesarios. Y que si uno avanza en financiar esos derechos sin tener estos recurso, va a generar un déficit, o una situación fiscal debilitada", añade.
Foco en crecimiento y recaudación
En cuanto al crecimiento económico, el ex secretario de Estado indicó "todo esto hay que financiarlo, va a requerir más impuestos de todas las personas, pero también requiere crecimiento. Sin crecimiento, la verdad es que todo esto es bastante letra muerta".
A su juicio, el documento no refleja "cuáles con las implicancias que esto puede tener dinámicamente para la economía, y vamos a necesitar una economía pujante para financiar todo esto".
Por otro lado, respecto a la relación de la implementación de una nueva Carta Fundamental con la recaudación tributaria, Briones preguntó "¿cuántas personas pagan impuesto en los países que tienen derechos sociales como aquellos a los que este texto constitucional apunta que tengamos? ¿Qué pasa con la informalidad laboral y empresarial en estos países? y la respuesta es bien clara, la informalidad es bajísima, y prácticamente todas las personas contribuyen con algo. Y esto no ocurre en Chile".
"Aquellos que pagan en Chile, pagan poco en promedio, sobre todo los primeros tramos (...). Si replicamos o simulamos qué pasaría si uno copiara la estructura tributaria de tres países OCDE: Nueva Zelanda, Canadá y España en Chile, lo que obtenemos es que se recaudarían aproximadamente 5 puntos más del PIB, de los cuales, entre un 20 y 40% vienen del tramo que hoy no paga en Chile que pasaría a pagar, y entre un 60 y 80% viene del mayor pago que harían los que ya pagan", ejemplificó.
Junto con ello, Briones se refirió a los acuerdos políticos que se requieren para establecer una nueva Constitución, en caso de que así lo defina la ciudadanía el 4 de septiembre, y aseguró que "las buenas políticas son graduales, pero es algo en lo cual nos podemos hacernos los lesos".
"Una cosa es que uno tenga las lucas, una cosa es que uno tenga los derechos, pero todos estos derechos requieren una musculatura política en los años que vienen para llevarlo a leyes, requieren reformas, y esas reformas requieren acuerdos. Y si hay algo que ha caracterizado a la política en Chile en este tiempo, es que no hay acuerdos, es muy difícil lograr acuerdos. A Rodrigo Valdés le tocó con la previsional, no logró acuerdo, a mí me tocó con la previsional, no logré acuerdo", afirmó.
En línea con ello, recalcó que "tenemos un sistema político que es bien disfuncional, uno podría modelarlo así, una ciuadanía que demanda bienes públicos y privados, protección social, buenas oportunidades económicas, y hay un sistema político que tiene que intermediar esto a través de reformas, y cuando esto funciona es un círculo virtuoso, pero ¿qué pasa en Chile? y probablemente sea una de las razones del estallido, es que el sistema político no ha sido capaz de intermediar esas reformas".
"Estas expectativas se frustran como un globo, y de repente explotan, revientan, y eso puede terminar en estallido, en elección de caudillos o populismo, y peor aún, en regímenes autoritarios", acotó, y cerró diciendo que "esta es la principal crítica que yo, personalmente, hago al texto de nueva Constitución, porque es precisamente lo que no soluciona".