La semana pasada la Convención Constituyente estuvo llena de simbolismos. La presencia de dos expresidentes de la República, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, así como la del Presidente electo, Gabriel Boric, sintetizaron en pocas horas años de esfuerzos constitucionales.

Lagos, el mismo que fracasó en utilizar la reforma de 2005 para transformar la Constitución de 1980 en una nueva —sacando la firma de Pinochet de su texto—, reconoció la necesidad de ajustes al régimen político. La Presidenta Bachelet, que en octubre de 2015 dio inicio al proceso de discusión para una nueva Constitución, reconocía los inconvenientes de gobernar, pero sobre todo advertía que la Constitución debe hacer posible la implementación efectiva de los derechos fundamentales, de modo que elaborar un listado extenso y taxativo de los mismos podría afectar ese importante propósito.

Pero son las palabras del Presidente Boric, quizás, las que mejor grafican la magnitud del desafío que enfrenta la Convención para los próximos meses. Especialmente porque será bajo su gobierno que se realizará el plebiscito de salida y, junto con el Congreso que acompañará su mandato a partir del próximo mes de marzo, estarán a cargo de dictar las normas que la hagan viable, en un tiempo por ahora indeterminado. Boric advirtió que no necesitaba de una convención partisana, 'una convención al servicio de nuestro gobierno porque no es lo que corresponde, la Convención va más allá de la coyuntura'.

Las palabras del Presidente electo son relevantes, porque es consciente de que buena parte de su programa no dependerá de la nueva Constitución que proponga la Convención, sino de las reglas e instituciones actualmente vigentes. Si desea cosechar triunfos tempranamente, sus desafíos en gestión pública serán significativos, así como la selección correcta de cargos estratégicos.

Para eso basta un simple ejemplo. En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional, el lugar donde han terminado las disputas entre gobierno y oposición para las reformas estructurales importantes desde el retorno a la democracia, debe renovar a cuatro de sus miembros. Dos de ellos serán de exclusiva responsabilidad del Presidente electo y los otros dos del Congreso. La elección de esos nombres puede darle una mayoría progresista en el Tribunal, que en principio debería ser deferente con la legislación democráticamente aprobada, enfrentando un escenario más auspicioso que las reformas que intentaron las administraciones anteriores de centroizquierda.

A partir de marzo, el dilema constitucional de la administración Boric será gestionar con inteligencia y eficacia las instituciones actuales para el éxito de su programa, bajo el discurso de un nuevo pacto constitucional que facilitará, pero que no alcanzará a implementar.