El dedo lo puso en la llaga este domingo el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco en El Mercurio. Instó al Gobierno a sincerar sus compromisos programáticos al dinero con el que efectivamente contará, pues, según sus expectativas, el proyecto de reforma tributaria no recaudará ni por mucho los 4,1 puntos del PIB esperados, unos US$12 mil millones, en un contexto de crecimiento económico pobre y un entorno externo adverso.

Pese a sus esperanzas de que el Ejecutivo hará el esfuerzo por cumplir, economistas con sensibilidad de centroizquierda o que trabajaron en gobiernos de ese signo tienden, con más o menos matices, a coincidir con su diagnóstico, que en simple significa que 'las platas no dan'.

Y esto sin contar con los recursos que demandaría una eventual aprobación del borrador de Nueva Constitución en el plebiscito de septiembre.

Durante la campaña, Boric estimó que su programa costaría del orden de 8 puntos del PIB, unos US$25 mil millones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la reforma tributaria debiera financiar la mitad. Sin embargo, ese auspicioso cálculo ya se ve con dudas.

'La reforma se plantea un objetivo de recaudación muy ambicioso. Efectivamente es posible que no recaude lo necesario para cumplir lo propuesto en el programa', advierte Andrea Bentancor, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca.

Los economistas explícitamente dicen que no buscan criticar a Marcel, a quien consideran serio y confiable, pero matizan sus cálculos.

'Todos estos procesos de reformas fundamentales parten de estudios de escritorio. Con las bases de datos disponibles, evalúan de la mejor manera que pueden el impacto de mover ciertos parámetros. No dudo que el ministro haya sacado bien las cuentas', dice Luis Eduardo Escobar, consultor y director del Centro de Estudios del Desarrollo. 'Pero si uno se pone en los zapatos de Marcel, no puede abdicar de lo que propone hasta sentarse con la gente que tiene que negociar'.

La dificultad es que el ministro deberá sentarse en un contexto adverso, quizás peor al que pronosticaba a inicios de año, cuando aceptó ser el jefe de las finanzas públicas del Presidente Boric.

'El tema crucial es el crecimiento económico. Si no creces, no recaudas, y las perspectivas de crecimiento son bajas', dice Luis Felipe Jiménez, del Foro Económico para el Desarrollo Justo y Sostenible.

Si en el mejor de los escenarios, los cambios impositivos comenzaran a regir el próximo año, las proyecciones apuntan a una expansión nula de la economía en 2023, según el FMI, e incluso una contracción de hasta un 1% para el Banco Central. Para el siguiente año, el BC chileno augura un crecimiento de entre un 2,25% y 3,25%, un poco por debajo del crecimiento promedio de la década 2010-19 (3,3%).

'Dadas las incertidumbres que presenta la economía internacional y de un eventual triunfo del Rechazo, es posible que el crecimiento de la economía sea inferior al proyectado y, por lo tanto, la recaudación sea menor', prevé Andrés Palma, exministro, ex diputado DC y consultor en Políticas Públicas de Alay.

Ninguno de los consultados quiso hacer un cálculo de cuánto podría recaudar esta reforma. Micco, quien negoció la de la administración Bachelet que recaudó un tercio de lo proyectado, estima que en este caso podría llegar a la mitad.

El escollo del Congreso

En un cálculo simple de tiempo legislativo, Jiménez, que sabe de reformas pues estuvo a cargo de la educacional en Bachelet II, cree que la tributaria no tardará menos de un año en salir del Congreso. Luego deberá ponerse en marcha, para lo cual calcula otro año. 'Van a quedar dos años de gobierno; es bien poco factible en dos años subir la recaudación en 4 puntos del PIB', admite.

Y este cronograma no incluye los eventuales cambios que de seguro tendrá que enfrentar la reforma.

Porque existen varios puntos que pueden ser objeto de crítica, como el impuesto al patrimonio, los cambios a los beneficios tributarios de viviendas DFL 2 o el royalty minero. De hecho, Micco el domingo hablaba de que el impuesto al patrimonio podría usarse como herramienta para negociar otros aspectos. También hay dudas sobre la elusión y evasión, que representaría la mayor parte de lo que se busca recaudar (1,6% del PIB).

'Las estimaciones de Hacienda son eso, estimaciones, sujetas a incertidumbre. En particular, no sabemos cuánto es en realidad la evasión ni la elusión, y por lo mismo, es muy difícil conocer con precisión cómo responderán ellas a cambios en la administración y fiscalización de impuestos. Dicho eso, me parece improbable que el Congreso actual apruebe el impuesto al patrimonio y la reforma al DFL2 como está planteada. Asimismo, creo que es probable que el nuevo royalty se parezca más a lo que hoy está en el Senado que lo propuesto por Hacienda', dice Andrea Repetto, profesora de la Escuela de Gobierno de la U. Adolfo Ibáñez.

Algunos de los consultados, como Palma, Escobar y Gallegos, derechamente no coinciden con Micco y creen fervientemente en que lo recaudado se puede alcanzar. Pero también exponen dificultades para que eso se consiga.

'En Chile se estima entre 7 y 8 puntos del PIB la elusión, según un estudio de Michel Jorratt…Incluso si fueran 6 puntos...¿cómo no se van a recaudar 1,5 del PIB de allí si se entregan los instrumentos adecuados?', se pregunta Escobar.

'Las dificultades para ello estriban en tres factores: la ausencia de una norma general antielusiva acorde a los estándares de la OCDE, la persistencia de los elementos principales del secreto bancario y la falla en incorporar plenamente al Servicio de Aduanas en este esfuerzo, pues su incidencia en el control del IVA es muy gravitante', contesta Álvaro Gallegos, consultor y exasesor de Hacienda.

Dónde apuntar

Puede no haber consenso, pero la mayoría de los expertos consultados admite que van a faltar recursos para asumir en pleno el ambicioso programa de gobierno.

De allí surge la necesidad de priorizar.

'El Gobierno ha señalado que una de sus metas (pensión garantizada de $250.000), cuesta algo más de 3% del PIB anual. A ello, se suma la reforma a la salud, la deuda de los profesores, el plan habitacional, el sistema de cuidado e infraestructura educativa. Habrá que priorizar y, más importante, lograr la comprensión de la población', reconoce Álvaro García, exministro y hoy consultor.

Eso sí, hay un mandato que debiera responder a esa inquietud: 'Si se produjera una alerta temprana de no cumplimiento de algunos supuestos, es evidente que será necesario adecuar las prioridades programáticas; de lo que estoy muy seguro es que el ministro no sacrificará la situación fiscal. El Gobierno no dejará de cumplir la máxima de generar ingresos permanentes para desarrollar aquellas iniciativas de gastos permanentes', sostiene Sergio Granados, exdirector de Presupuestos.

Y si hay iniciativas que podrían quedar fuera, Repetto apunta directamente a la condonación de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE): 'Buscar mecanismos de solución menos costosos que lo planteado en el programa'. Granados siente que para el CAE 'se deben buscar soluciones equitativas'. Lo que sí considera 'impostergable' son las reformas de pensiones y de salud.

Pero esta priorización o ejercicio de realismo, como lo llama Micco, podría realizarse ahora o dejarse para más adelante. Bentancor siente que hoy no es el momento: 'El Congreso cambiará el proyecto; es posible que en ese ejercicio de negociación se marcará otra cancha, que está por verse. Haría ese ejercicio de realismo con el proyecto negociado y aprobado'.