En medio de la discusión de una reforma al sistema de pensiones, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) elaboró un documento de 12 páginas analizando los contenidos del proyecto que plantea el Gobierno, con una serie de propuestas al respecto.
El informe parte de la base de que una de las grandes debilidades en la entrega de pensiones radica en las tasas de reemplazo, es decir, el monto de las mismas en relación con el promedio de los ingresos laborales en la vida activa de cada jubilado. Sin embargo, recalcan que la entrada en vigencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU), en 2022, mejoró este indicador hasta una mediana del 55%, acercándose al promedio de los países de la OCDE, que se ubica en torno al 60%.
A partir de dicho diagnóstico, la CCS plantea que para mejorar las pensiones, la reforma debe enfocarse en cuatro áreas: la tasa de ahorro, la densidad de cotizaciones, los aportes no individuales y la rentabilidad.
“Impuesto al trabajo”
El estudio argumenta en contra de la pertinencia del “seguro social” que propone el Gobierno con los aportes del empleador: señala que la preferencia ciudadana se ha decantado en diversas encuestas por el ahorro individual, y que insistir con un mecanismo de reparto se constituye como un “impuesto al trabajo”. Esto, dicen, “castiga con mayor intensidad el costo del trabajo en aquellos sectores más intensivos en mano de obra, particularmente el comercio, por lejos la actividad que más trabajadores contrata por cada unidad de producto”.
Por otra parte, afirman que dicha solidaridad, enfocada en mejorar las pensiones de los actuales jubilados, mujeres y personas cuidadoras, debe financiarse a través de la PGU. Para sustentar dicha afirmación, proyectan que al elevar la PGU a $250.000 y destinar los 6 puntos de cotización adicional a las cuentas personales, las tasas de reemplazo proyectadas a cuarenta años se elevan a 92% para hombres y 76% para mujeres. Citan, además, un análisis del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde se calcula que —en los segmentos de menores recursos— el indicador incluso alcanza el 120%.
Informalidad en el mercado laboral
En línea con fortalecer la tasa de ahorro, la CCS también llama a poner énfasis en el mercado laboral. Calculan que con una tasa de informalidad del 27%, donde los ingresos bordean los $360.000 mensuales —según datos actualizados a junio—, aplicar una tasa de cotización obligatoria del 10% implicaría un ahorro cercano a US$ 1.200 millones anuales. “Esta cifra equivale al doble del ahorro voluntario que anualmente los cotizantes realizan a través del Ahorro Previsional Voluntario (APV) y a cerca de un 15% del total de cotizaciones anuales”, señalan.
En ese sentido, la CCS adelanta que están preparando un proyecto que se haga cargo de este escenario, enfocado en apoyar el cumplimiento previsional. La presidenta del gremio, María Teresa Vial, detalla que “se debe implementar una estrategia que contemple facilitar el cumplimiento previsional, poniendo al alcance de quienes no cotizan modelos simples, asequibles y de costo marginal cero; incrementar la fiscalización coordinada entre agencias del Estado de las actividades ilegales e informales, restándoles espacios y fomentando la formalización”. Mencionan, además, sumar medidas de educación financiera.
El estudio destaca que, más allá de las lagunas previsionales y la densidad de cotizaciones, los parámetros en el cálculo de las pensiones también requieren una actualización. Por una parte, respaldan la idea de igualar la edad de jubilación entre hombres (65) y mujeres (60), calculando que dicha “irregularidad” reduce en torno a 30 y 40% las jubilaciones en perjuicio de las mujeres. Sin embargo, proponen ir más allá, y ajustar el monto general de la edad de jubilación: “Establecer un método que permita ir de acuerdo a parámetros indexados a los cambios demográficos y de esperanza de vida”. Calculan que aumentar en 2 años la edad de jubilación, por ejemplo para hombres, elevaría las tasas de reemplazo en alrededor de un 15%.