Existe consenso en que 2023 será un año desafiante en términos económicos, con la proyección de un escenario recesivo que probablemente impacte en el mercado laboral y el empleo formal. Bajo ese contexto, los subsidios a la contratación formal de trabajadores resulta ser un instrumento clave en las políticas públicas y está entre las razones de por qué el Ejecutivo decidió extender la entrega del IFE laboral y el subsidio Protege, ambos creados por el gobierno de Sebastián Piñera y recogidos por la actual administración en el Plan Chile Apoya, que se entregan a través del Sence.

Pese a que en el inicio de la administración de Gabriel Boric la extensión del IFE laboral generó roce entre los ministros de Hacienda saliente y entrante —Rodrigo Cerda y Mario Marcel, dado que el gobierno de Piñera anunció su prórroga hasta junio de 2022, es decir, tres meses después de terminado su mandato—, su vigencia se ha ido extendiendo y el nuevo plazo es hasta marzo de 2023.

¿Cuáles son las cifras hasta ahora? El último balance del Sence arroja 880.456 postulaciones con al menos un pago entre enero y octubre, de los cuales 421.356 se entregaron a mujeres y 467.100 a hombres, por un monto de $393.564 millones. El mayor volumen de beneficios se registra en la Región Metropolitana, con 352.909 y recursos involucrados por $159.931 millones, y el menor número en Aysén, con 4.808 subsidios y pagos por $2.134 millones. El instrumento establece como requisito tener una remuneración mensual bruta imponible menor o igual a 3 Ingresos Mínimos Mensuales ($1,2 millones) y haber estado cesante durante el mes anterior al inicio del nuevo contrato de trabajo, mientras que en términos de monto, es diferenciado en hombres, mujeres, jóvenes y adultos sobre 55, con topes entre $200 mil y $300 mil mensuales, según corresponda, con un máximo de tres pagos.

Sobre el Subsidio Protege, que también considera su extensión hasta marzo, consiste en una ayuda de $200.000 mensuales, por tres meses, a las madres o padres trabajadores que no tengan acceso a sala cuna y que en abril pasado se amplió desde 2 a 4 años. Entre enero y noviembre se contabilizan ayudas por 163.718 ayudas, donde los beneficios pagados en relación a niños de hasta 2 años llega a 33.597, mientras que en el rango de entre los 2 años y menores de 5 años suma 129.952. Según la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ambos instrumentos son 'una contribución para el mercado laboral', destacando que 'hemos ido recuperado puestos de trabajo y nos hemos ido acercando a las tasas de participación laboral previas a la pandemia, especialmente en la participación laboral femenina', pero que 'las cifras de empleo y participación no nos dejan conformes'.

Por ello, de cara al escenario económico, dijo que 'estamos monitoreando y evaluando el mercado laboral para ajustar los instrumentos de política pública, de ser necesario'. En tanto, el director (s) del Sence, Rodrigo Valdivia, explicó que en el IFE 'está definido que se extienden las postulaciones hasta el 31 de marzo y eso significa que vamos a tener otros tres meses para que las personas encuentren trabajo y puedan postular'. Asimismo, detalló que una eventual extensión posterior 'se va a evaluar a fines de marzo, así como también las reglas de concesión o montos de los beneficios'.

Escenario diferente

Sobre la decisión de extender el IFE Laboral, el exministro del Trabajo Patricio Melero lo calificó como 'una buena decisión', pero que 'debería entenderse como un complemento en el ciclo económico'. Esto, porque 'cuando se aprobó, veníamos saliendo de la pandemia y necesitábamos que la gente saliera a trabajar. Sin embargo, lo que se prevé es un ciclo económico que va a destruir empleo y se necesitan medidas de reactivación económica, porque si no hay oferta, el subsidio se queda corto'.

David Bravo, del Centro de Estudios Longitudinales de la PUC, compartió que 'es un buen instrumento porque estamos entrando en la desaceleración sin haber recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia, incentiva la formalización laboral y al ser un aporte por tres meses, no se corre el riesgo de que las personas se queden ‘pegadas''. Sin embargo, apuntó a que 'se podría mirar si no debieran cambiarse montos o estructuras del beneficio'.