Pais:   Chile
Región:   Metropolitana de Santiago
Fecha:   2021-10-18
Tipo:   Prensa Escrita
Página(s):   6
Sección:   Sociedad
Centimetraje:   29x24
La Segunda
'No he destinado ni un peso del Estado'
Rubilar pide sumario por su caso y expertos prevén escenario de alto riesgo para ella
Lübbert advierte que la ministra podría ser acusada; Pallavicini recuerda que hay jurisprudencia desde tiempos de Pinochet y Manríquez cree que puede escalar a la justicia penal.
El 20 de agosto de 2009, las ministras de Trabajo y Cultura, Claudia Serrano y Paulina Urrutia, respectivamente, recibieron reprimendas de sus pares de Interior y Gobierno y hasta de la Presidenta Bachelet, quien aseguró que 'no se va a aceptar que cosas así se repitan'.

Ambas se retiraron de una actividad de campaña de Eduardo Frei fuera de horarios de trabajo, pero haciendo uso de sus vehículos fiscales. El entonces contralor general, Ramiro Mendoza, reaccionó creando una unidad especial para recibir denuncias de abuso proselitista y en noviembre de ese año sacó un dictamen aclarando que cualquier abuso de ese tipo es considerado una falta grave a la probidad.

Nunca más hubo ministros involucrados, hasta hoy.

Según un reportaje de Canal 13, Karla Rubilar, de Desarrollo Social y Familia, pidió a su equipo de Comunicaciones apoyar la candidatura a diputado por Colina, entre otras comunas, de su pareja, Christian Pino. En pantalla se mostraron mensajes de grupos de WhatsApp del mismo Ministerio, en que ella da instrucciones de cómo apoyar a Pino. En otro chat de la campaña de él, ella se abre a que sea ocupada su oficina para planificar acciones proselitistas a través de Zoom, pero con computadores personales, a puerta cerrada y teniendo cuidado con el volumen de las conversaciones.

Cercanos a Rubilar afirman que la denuncia de Canal 13 se basa en que hubo instrucciones a través de un grupo de whatsapp institucional, pero que la Contraloría ha dicho en el dictamen 35.523 de 2016 que los whatsapp no constituyen canal oficial para impartir instrucciones a funcionarios.

Hoy, Rubilar reaccionó comunicando al contralor Jorge Bermúdez, que ordenó realizar una investigación sumaria por los hechos que la involucran. Sin embargo, él podría ordenar que la causa quede en manos de la propia Contraloría.

Ante consultas de 'La Segunda', la ministra respondió por escrito. En el documento dice que 'siempre he dado la cara en momentos difíciles y esta no será la excepción'.

'Me duele mucho y no entiendo qué pudo haber motivado a uno de los periodistas que se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que además es parte de mi círculo de extrema confianza, falte a la verdad de esta forma, acusándome gratuitamente de algo tan grave. No he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para una campaña política ni a nada que no corresponda y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido', agrega.

'Tengo la tranquilidad que, a pesar de que el canal tuvo en el corazón de mi equipo a una fuente directa, que les entregó información durante meses, lo único que pudieron encontrar fueron unos pocos mensajes de Whatsapp de un grupo privado, pues no existen los grupos institucionales, y aceptando ayuda de voluntarios que se ofrecieron personalmente, sin necesidad de pedírselos', agrega.

Y remata: 'Espero en Dios, que todo lo ve y en el que creo, que todo esto se aclare, y pronto. La gente que me conoce, sabe que estas acusaciones no son ciertas. Quiero que todo Chile sepa que puedo mirar a mis hijos a los ojos, porque su madre no ha hecho nada malo y que he trabajado por Chile con todo el corazón, incluso postergándolos a ellos. Porque digo la verdad, les pido que me crean'.

Pero según el análisis de expertos en derecho administrativo, penal y transparencia consultados por 'La Segunda', el caso es de alto riesgo para Rubilar y puede llevarla a enfrentar una acusación constitucional, sumarios que pueden llegar hasta la destitución para los funcionarios involucrados e incluso la apertura de una causa penal.

'Esto es mucho más grosero (que el episodio del apoyo a Frei en 2009). Es en la jornada de trabajo, con funcionarios del ministerio, utilizando medios del servicio. La norma es clarísima. Nadie puede alegar desconocerla', dice el administrativista Luis Cordero. 'Se instruyen órdenes ilegales a los funcionarios públicos que tienen que cumplirlas', acota.

Valeria Lübbert, directora de democracia y anticorrupción de Espacio Público añade que 'este caso puede llegar hasta la destitución de los funcionarios, si se acreditan las infracciones en un sumario. Sobre ministra, la remoción en su caso debería operar por la vía de una acusación constitucional, con causal de infracción de constitución y las leyes y este sería de la ley. Ahora, ella puede renunciar, pero aún así hay seis meses desde que cesa en su cargo para que se presente una acusación constitucional'

El exjefe de la División Jurídica de Contraloría y profesor de la U. de Chile, Julio Pallavicini, dice que el principio de 'apoliticidad' es conocido, al punto de que 'no se pueden ocupar servidores de la institución cuando se envían email. Recuerdo que Andrés Zaldívar denunció que se estaban ocupando recursos públicos para la campaña del plebiscito de Pinochet. A esta altura del desarrollo democrático el principio está bien regulado por ley y jurisprudencia. A estas alturas todos saben que no se pueden ocupar bienes de la institución ni desarrollar actividades políticas durante las jornadas de trabajo'.

El administrativista de la UC, José Luis Lara, dice que los hechos son graves, pero con una pequeña ventana: 'Pueden realizar actividades distintas a su función dentro de su horario de almuerzo, pero sin usar medios del ministerio'.

El actuar de Rubilar y su equipo también podría complicarlos ante fiscalía, según el especialista en causas político penales, Juan Carlos Manríquez, 'si se logra establecer que se usaron recursos fiscales en una campaña que estaban bajo la administración de la ministra, podría configurar una malversación, distracción y una hipótesis de fraude electoral cuando se violan las reglas sobre aporte, porque podría entenderse que el trabajo de estas personas es un aporte irregular a la campaña'.

Recuadro
-'Esto es mucho más grosero (que el episodio del apoyo a Frei en 2009)'.
Luis CorderoU. de Chile.

-'A estas alturas todos saben que no se pueden ocupar bienes de la institución'.
Julio Pallavicini,exdirector de División Jurídica de la Contraloría.

-'Lo único que pudieron encontrar fueron unos pocos mensajes de Whatsapp de un grupo privado'.
Karla Rubilar
Pie de pagina
Por Mario Contreras, Nicolle Peña y René González -