Pais:   Chile
Región:   Metropolitana de Santiago
Fecha:   2021-09-22
Tipo:   Prensa Escrita
Página(s):   10
Sección:   Sociedad
Centimetraje:   29x24

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-Juan Ignacio Correa, abogado AFP Capital

-Edgardo Hernández, presidente de la Asociación de Auditores Externos.

-José Olivares, Centro de Gobiernos Corporativos U. de Chile

-Hugo Caneo, abogado, académico de la U. de Chile.
La Segunda
PwC deberá pagar indemnizaciones a AFP que ordenó la Corte Suprema:
El tsunami para las auditoras que dejó fallo de La Polar y el “upgrade” de los directorios
Subió el riesgo para las las empresas, porque a futuro un accionista podría demandarlas. Directores también cambiaron sus prácticas.
'Para las auditoras esto es un tsunami que no esperaban y les cayó encima. Les han aplicado multas, pero nunca cobrado indemnizaciones', afirma José Olivares, director del Centro de Gobiernos Corporativos de la U. de Chile y doctor en finanzas de la U. de Texas-Austin.

En un fallo sin precedentes la Corte Suprema dictaminó que PwC, la auditora que, al momento de descubrirse el fraude de las repactaciones unilaterales en 2011, tenía la cuenta de La Polar, deberá pagar indemnizaciones por US$22 millones a AFP Capital —incluye en forma solidaria a nueve ex ejecutivos y a la multitienda— y US$100 millones a Provida. Y están pendientes las demandas de Habitat, Cuprum y Planvital por US$230 millones contra PwC y ex ejecutivos de la multitienda, y de Moneda contra PwC por US$45 millones. En total, suman US$397 millones.

EY, Deloitte y KPMG se negaron a responder las consultas de La Segunda sobre el impacto e implicancias de la resolución. Tampoco lo hizo PwC, que parece estar en un callejón sin salida, ya que por el rol fiduciario de las administradoras de fondos de pensiones si negocian una rebaja de las indemnizaciones con el abogado Felipe Bulnes, designado por PwC para este fin, se arriesgan a futuras demandas de la Superintendencia de Pensiones y de los afiliados. En el mercado incluso se ha llegado a especular con la quiebra de PwC en Chile.

'El fallo debiera obligar a las auditoras a aumentar su estructura, a contar con controllers o contralores por sectores —retail, banca, minería— que revisen el trabajo, porque no basta con el socio encargado de la cuenta', dice Olivares. Y agrega que esos contralores tendrían que reportar al directorio de socios de la auditora. 'Les cambió el mundo. Esto sienta un precedente y genera la posibilidad de que un accionista de cualquier empresa demande a futuro a la auditora externa tal como lo hicieron las AFP en representación de los fondos de pensiones, o al directorio', precisa.

A raíz del escándalo Enron que, por sus maniobras contables, desapareció y llevó a la quiebra a la auditora Arthur Andersen, en 2002 se dictó la Ley Sarbanes & Oxley en EE.UU., que prohibió a las auditoras prestar servicios de contabilidad y al mismo tiempo auditar a una misma empresa. 'En Chile también se aplica esa separación, dado que es una política de las matrices', explica Olivares.

'Sin duda nos preocupa (el fallo), porque vemos que el riesgo de nuestro trabajo es altísimo. Que más quisiéramos que se fortalecieran los sistemas de información a través de regulaciones más rigurosas', plantea Edgardo Hernández, presidente de la Asociación de Auditores Externos, que agrupa a 15 firmas del rubro. Y ejemplifica: con la Sarbanes & Oxley se creó un órgano que supervisa a las auditoras y es parte de la SEC (símil de la CMF). 'Está formado por ex auditores, están dos o tres meses en una auditora y revisan que se cumplan todas las normas. Son las mismas que tenemos Chile, pero mejoradas', apunta Hernández.

Nuevas prácticas

'El principal cambio (a raíz de La Polar) son las prácticas de gobierno corporativo que, normalmente, no se estaban ocupando. Los directores están pidiendo muchos informes, lo que además sirve de prueba para acreditar el deber de cuidado. Si requieren información a la sesión siguiente revisan que haya quedado en acta. Si no hubo respuesta a su consulta, insisten', sostiene el abogado Hugo Caneo, exjefe del área de cumplimiento de la Superintendencia de Valores (SVS, hoy CMF) y profesor de la U. de Chile.

'Las grandes compañías han creado la figura del contralor que reporta directamente al directorio y no al gerente de finanzas como antes. Vigila que se cumplan las políticas de control interno para reducir la probabilidad de robos o fraudes', asegura Olivares de la U. de Chile.

En 2015 la SVS emitió la norma 385, una encuesta de autoevaluación anual del directorio, que cada integrante responde con un sí o no a la CMF. ¿El directorio se reúne sin el gerente general? ¿Cuenta con procesos de inducción para que los directores conozcan el negocio y sus riesgos? ¿Se reúne el directorio al menos trimestralmente con la auditora externa? ¿Cuenta con expertos que lo asesoren en materias contables, financieras y legales?

'Hoy es casi rutinario que los directores contraten seguros que los cubran patrimonialmente (en caso de demanda), siempre que no haya habido una actuación dolosa', indica Caneo. No pueden ser tomados por las empresas a menos que sea aprobado por la junta de accionistas. Juan Ignacio Correa, abogado de AFP Capital, plantea 'cómo es posible que las auditoras en Chile no tengan seguros para responder por los perjuicios que pueda causar su negligencia como ocurrió con La Polar y PwC y que la autoridad no se los exija'.

Recuadro
Era posible detectar lo que no cuadraba en La Polar

'Nadie leyó bien los estados financieros de La Polar. El estado de flujo efectivo, que refleja la variación de la caja, mostraba que los cobros por ventas y tarjetas de crédito eran inferiores a los pagos. La caja era negativa. El 70% de sus activos eran cuentas por cobrar, en Ripley y Falabella como máximo es el 45%. Solo el 8% de los activos de La Polar eran activos fijos (locales propios, maquinarias). En 2009 y 2010 los clientes de Ripley demoraban 68 días en pagar; los de Falabella, 72 días; y los de La Polar, 334 días. O sea, el cliente compraba el día 1 y pagaba al día 334. Para mí, el problema no fue la repactación, sino que los clientes no pagaban', explica José Olivares, del Centro de Gobiernos Corporativos de la U. de Chile. 'Yo revisé los estados financieros y publiqué esta información en 'Clases Ejecutivas' (de El Mercurio) el 2 de septiembre de 2011 (dos meses después de estallar el caso)'.
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Por Ximena Pérez Villamil -