Se trata de una de las aristas más discutidas en la Convención Constitucional, consagrada en la propuesta de Carta Magna y que se votará en el plebiscito del próximo 4 de septiembre: las disposiciones relacionadas con pueblos indígenas.

A partir del estudio Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de nueva Constitución, del exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, la académica Claudia Martínez, el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara, el ex súper de Pensiones Guillermo Larraín, la académica Andrea Bentancor y el investigador del CEP Gabriel Ugarte, sobre costo fiscal incremental de estas disposiciones, es posible identificar al menos tres áreas directamente vinculadas con los pueblos originarios. Estas son interculturalidad y plurilingüismo, pueblos indígenas —que incluye institucionalidad indígena, escaños reservados, autonomías regionales y pluralismo jurídico— y restitución de tierras.

¿Cuál es el gasto fiscal involucrado? Teniendo en consideración que, según el estudio, el costo fiscal para cumplir con todas las disposiciones de la propuesta —incluyendo resolver déficit actuales— va entre US$ 25.210 millones y US$ 40.109 millones (entre 8,9% y 14,2% del PIB), el costo fiscal vinculado a materias indígenas estaría entre US$ 1.058 millones y US$ 2.448 millones (entre 0,37% y 0,86% del PIB).

El detalle

Como se señaló, el estudio considera tres ítems globales que aluden a pueblos indígenas. Para el primero, de interculturalidad y plurilingüismo, su mayor costo estimado está en proveer de apoyo lingüístico en los servicios públicos esenciales: justicia, salud y servicios municipales.

Se considera la contratación de dos o tres personas por cada servicio, con un salario bruto que fluctúa entre los $1,5 y $2 millones mensuales, según el escenario, respecto de un número de servicios que va entre 1.094 y 4.332 y en promedio de contratación de dos a tres personas. Se señala, eso sí, que se trata de una estimación a nivel de promedios. Dicho lo anterior, los costos fluctúan entre US$ 46 y US$ 367 millones.

Para el segundo ítem, denominado Pueblos Indígenas, apunta el mayor costo en cuatro categorías: institucionalidad política para los pueblos indígenas; los escaños reservados; la creación de Autonomías Territoriales Indígenas (ATI), y el pluralismo jurídico, todos de costo permanente. Respecto de los escaños reservados, se calcula a nivel nacional, regional y local: Cámara de Diputados y Diputados, la Cámara de las Regiones, el Consejo Comunal y Asamblea Regional. Para la creación de las autonomías, en el escenario bajo se calcula la creación de un ATI por cada pueblo indígena, mientras que en el alto se asume que el pueblo mapuche contará con 5.

En materia de pluralismo jurídico, se asume que cada pueblo indígena tendrá un tribunal en todas las regiones donde habite al menos un 10% de su pueblo. Para el caso del pueblo mapuche, existirían en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana. Sobre la base de lo anterior, la estimación de costo fluctúa entre US$ 71 y US$ 137 millones. El ítem más costoso es derecho a las tierras, territorios y recursos, donde el mayor costo se divide en compra/expropiación de terrenos para la restitución de tierras; costo adicional de apoyo a los predios adquiridos; subsidio adicional para la construcción de obras de riego y drenaje, y la Comisión Territorial Indígena.

En esa línea, se estiman para el pueblo mapuche entre 619.352 y 990.963 hectáreas por comprar, con precios por hectárea de entre 321 UF y 577 UF. Para otras comunidades indígenas se prevé adquirir entre 87.620 y 140.192 hectáreas, beneficiando a entre 361 y 577 comunidades. A lo anterior, se suman los costos relacionados con la Comisión Territorial Indígena y su funcionamiento. Dicho lo anterior, se prevé un costo en régimen de este ítem de entre US$ 941 y US$ 1.944 millones.