GLORIA DE LA FUENTE

LA CIENTISTA POLÍTICA Y CONSEJERA DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA HACE HINCAPIÉ EN LA CONFIANZA QUE SE REQUIERE PARA ENFRENTAR EL PLEBISCITO Y EL CAMINO INSTITUCIONAL QUE ÉSTE ABRIRÁ A PARTIR DEL 5 DE SEPTIEMBRE.

El plebiscito de la confianza

Este no solo será el plebiscito que marcará una nueva transición, será también el plebiscito de la confianza. Lo que estará en juego es más que las bondades o no de un texto que, convengamos, no todos los ciudadanos van a leer, sino que la confianza en que el camino institucional que se abrirá, sin duda, el día después del plebiscito de salida, será el mejor para el país. Eso es, en definitiva, lo que estará en juego en las urnas. Ello es una paradoja, porque en medio de una crisis de confianza en las instituciones y la política, es de éstas que deberá emanar la respuesta y la oportunidad de redención.

Los desafíos de cada opción

Confianza en la propuesta de aprobar para reformar, que entiende que la propuesta de Nueva Constitución es el mejor punto de partida para un nuevo pacto social que, habiendo dejado puntos abiertos o que precisar en el texto, simboliza de mejor manera las aspiraciones de un país que ha buscado un camino democrático para procesar sus diferencias y que, en consecuencia, requerirá un acuerdo político amplio tanto para generar leyes habilitantes de lo que allí se establece como las reformas necesarias para precisar y mejorar la propuesta.

El punto de la confianza se juega aquí en la capacidad de llegar a acuerdos y en la gradualidad de las reformas, porque es evidente que, en un escenario económico complejo en lo nacional e internacional, habrá que elegir muy bien cómo se generan políticas sociales que puedan responsablemente sostenerse en el tiempo bajo un ordenamiento institucional distinto y con un horizonte de llegada que ayude a construir certezas.

Por su parte, la confianza en la alternativa que propone rechazar para reformar se juega en que sectores que han sido por mucho tiempo refractarios a avanzar especialmente en materia de derechos sociales, tendrán ahora la apertura para impulsar un proceso constituyente en cuyo resultado sientan interpretadas sus demandas y que se haga cargo de las urgencias planteadas en el fragor del estallido social.

Se trata de construir confianza en que el mejor punto de partida es iniciar un nuevo proceso, aun cuando la promesa de cambio real sea incierta.

Ambas alternativas tienen como amenaza un eventual inmovilismo que, curiosamente, promueven los sectores que están en los extremos del espectro. Por el lado de la derecha, por más esfuerzo que hagan, tienen la sombra de sectores que señalan que la alternativa de reforma posterior es algo 'etéreo', como ha señalado el presidente del partido del exabanderado presidencial, y que optan por las 'urgencias sociales'.

Cabe mencionar que fueron varios de sus actores los que desecharon la propuesta de nueva Constitución de la exPresidenta Bachelet, que hoy curiosamente valoran. Por el lado de la izquierda, hay sectores que han planteado dudas de precipitar un diálogo sobre eventuales reformas, asumiendo que ello sería contravenir la soberanía popular.

Análisis y tecnicismos

El debate se ha alejado de la cuestión técnica. Abundan los análisis serios de cuánto puede significar el costo de los derechos que se busca garantizar en la Nueva Constitución.

Discusión que, por cierto, no se acabará incluso si se impone la alternativa del Rechazo, porque es evidente que la pulsión ciudadana que llevó al estallido seguirá ahí, latente, esperando por una respuesta seria de la política frente a muchas demandas que han esperado demasiado tiempo.

Valorar el recorrido

Abundan también los análisis y, a ratos, interpretaciones respecto a lo que el texto dice y la hecatombe que podría significar. Cuestión que otros contravienen asumiendo que no habrá tal cuestión y que serán las leyes habilitantes y la propia interpretación del texto la que irá generando certezas.

Todo ello, por cierto, en medio de una campaña colmada de desinformación, noticias falsas y contaminación informativa que nada ayudan al proceso. Ello, por cierto, son fenómenos que ya hemos visto en otros plebiscitos, como el de los Acuerdos de Paz en Colombia y Brexit.

Lo recorrido hasta acá no es poco, hay motivos de sobra para estar orgullosos, hasta ahora, de construir una alternativa institucional a una crisis política y social. No obstante, será en definitiva la política la que tendrá que estar durante la campaña, pero sobre todo a partir del 5 de septiembre, disponible a devolver la confianza a una ciudadanía que hace rato los mira con distancia. El futuro no está escrito en piedra.


GABRIEL UGARTE

EL INGENIERO CIVIL DE LA UC, MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA U.DE CHICAGO E INVESTIGADOR DEL CEP, ES UNO DE LOS SEIS EXPERTOS QUE ELABORÓ UN ESTUDIO PARA PROYECTAR EL COSTO FISCAL QUE REPRESENTA LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN, QUE FLUCTUARÍA ENTRE US$ 28.500 MILLONES Y USS 45.000 MILLONES ANUALES.

Más información, mejores decisiones

Quedan cinco semanas para el plebiscito del 4 de septiembre. Son varios los materiales que circulan por las redes sociales explicando las reformas y cambios que se proponen, con el fin de acercar su contenido a la ciudadanía.

Todos estos esfuerzos son bienvenidos por cuanto permiten un voto informado. Sin embargo, a la información disponible a la fecha, han faltado datos respecto de cuánto costaría hacerse cargo de las propuestas.

Hace más de cuatro meses, un grupo de seis economistas (Andrea Bentancor, Guillermo Larraín, Claudia Martínez, Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara y quien escribe) de distintas instituciones nos propusimos estimar el costo fiscal de la propuesta de Nueva Constitución.

En el grupo existen distintas visiones políticas, pero la misma inquietud y objetivo común: proporcionar información de utilidad, tanto para aquellos ciudadanos que requieren de más información para decidir su voto, como para los tomadores de decisión del sistema político, que deberán guiar el proceso constitucional, sea cual fuere el resultado del plebiscito.

Identificamos más de 150 artículos que gatillan costos fiscales, los que se agruparon en 29 temas diferentes. La metodología fue específica para cada elemento costeado.

En general, se realizó a través de la identificación de un costo unitario y la cantidad de un servicio o producto requerido para satisfacer lo indicado por la propuesta constitucional, y en los casos que no fue posible, se generó un estándar de gasto en base a la comparación con otros países relevantes.

Se requieren entre 8,9% y 14,2% del PIB

Debido a que el cálculo se basa en una serie de supuestos e interpretaciones del articulado, se optó por estimar el costo de dos escenarios, siendo uno de ellos más conservador que el otro, pero asegurando que en ambos se cumpla lo establecido por la propuesta de Nueva Constitución.

El mayor costo total anual estimado fluctúa entre 8,9% y 14,2% del producto interno bruto (PIB). Estas cifras incluyen tanto costos permanentes, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, como aquellos que se realizan una sola vez, es el caso de la construcción de viviendas para suplir el déficit habitacional actual, los que se asumen se dividen en 10 años.

Para poner estas cifras en perspectiva, el gasto proyectado del gobierno central para el 2022 es de un 24,1% del PIB. El mayor costo fiscal correspondería entre un 37% y un 59% adicional al total del gasto fiscal del país este año.

Foco en aumento en protección social

Al agrupar las distintas temáticas costeadas según la clasificación funcional del gasto, se observa que, de cada diez pesos de mayor costo, aproximadamente cinco corresponden a temáticas de protección social, dos pesos a salud y uno a educación.

Dentro de protección social se incluyen varios derechos fundamentales, donde destacan, en orden de magnitud de costo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho al cuidado y al reconocimiento del trabajo de cuidados, y el derecho a las tierras, territorios y recursos.

En total, el costo fiscal en temas de protección social fluctúa entre 4,5% y 7,3% del PIB.

Pildorita

El detalle de cada una de las temáticas costeadas se encuentra disponible en el informe del estudio que fue publicado el jueves. También estará disponible una planilla para los interesados en hacer sus propias estimaciones.

Solo a modo de ejemplo, uno de los 29 aspectos analizados fue el de participación ciudadana y elecciones, que cubre en gran medida el capítulo cuarto de participación democrática de la propuesta de Nueva Constitución.

Se costeó un aumento de participación ciudadana a nivel comunal, regional y nacional a través de consultas ciudadanas, plebiscitos, instancias de participación territoriales y la administración de sistemas digitales de participación.

Junto con ello, también asumimos una mayor participación electoral con el consiguiente mayor gasto en el reembolso a candidatos electorales, y dadas todas estas propuestas, se estimó necesario un fortalecimiento del presupuesto del Servicio Electoral. Todo lo anterior nos da un mayor costo fiscal por participación ciudadana y elecciones de entre 0,03% y 0,05% del PIB.

Esperamos que la información que disponibiliza este estudio sea de utilidad para los tomadores de decisión. Con ella es posible tener un panorama de lo que propone la Nueva Constitución, identificando los elementos más costosos, de manera de ayudar en decisiones respecto de la priorización, gradualidad y eventualmente, postergación de las reformas propuestas.

Con este estudio buscamos aportar a la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, sabiendo que se requieren finanzas públicas sanas, con niveles de endeudamiento moderados, para poder hacer las transformaciones que el país necesita.