Cuando Mónica Maldonado asumió como fiscal de la Corte Suprema, en 2001, hizo de la visita a las cárceles —y las denuncias de lo que en ellas ocurría— parte importante de su labor. En sus informes anuales advirtió sobre las violaciones a los derechos humanos por las condiciones indignas en las que se encontraban las personas privadas de libertad. En 2010 señaló que la situación de las cárceles era una bomba de tiempo y así lo siguió sosteniendo hasta su renuncia al Poder Judicial en 2014, cuando, con algo de decepción, señaló que pese a los reportes las condiciones carcelarias no habían cambiado. En 2018 la actual fiscal de la Corte, Lya Cabello, emitió otro duro informe y señaló que se mantenían las situaciones vulneratorias de derechos humanos de los reclusos. De esos informes han tenido conocimiento todas las administraciones del Ministerio de Justicia y para cada tragedia que de tanto en tanto ocurre en las cárceles, el Congreso vuelve sobre el contenido de estos como si fuera la primera vez que los conoce.

La semana pasada se entregó un nuevo informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la situación carcelaria en nuestro país, que volvió a relatar hechos similares a los constatados en los años anteriores. Las personas que están privadas de libertad en varios establecimientos penitenciarios del país se encuentran en situaciones degradantes, sin condiciones elementales de subsistencia como alimentación, habitabilidad y acceso a servicios higiénicos.

Pero el problema sigue siendo aún más grave. Según el Estudio Global de Homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2019, Chile tiene una baja tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (4,2), pero dispone de la más alta a nivel mundial respecto de personas privadas de libertad (95). En términos simples, quienes están en prisión en nuestro país tienen un riesgo significativo de morir al interior de ellas por homicidios intencionales, un espacio donde esas personas, irónicamente, están bajo la protección del Estado.

Por lo mismo en los últimos años la Corte Suprema ha condenado al Estado al pago de indemnizaciones por la muerte de personas privadas de libertad como resultado de problemas sanitarios o de riñas producto de inadecuadas medidas de seguridad.

Si es cierto, como afirmó Nelson Mandela, que nadie conoce realmente a una nación hasta haber estado en sus cárceles, las condiciones crueles en las cuales se encuentran las personas en los centros penitenciarios son manifestación de lo peor de lo nuestro, un asunto respecto del cual nos deberíamos avergonzar. Porque, pese a las advertencias de estas dos últimas décadas, seguimos manteniendo una fría indiferencia, depositando seres humanos en lugares lo más cercanos al infierno.