Hace poco más de una semana, el Gobierno arremetió con un nuevo proyecto previsional: la Pensión Garantizada Universal (PGU), que promete $185 mil a los adultos mayores de 65 años del 80% más vulnerable, y un aporte decreciente hasta el 90% de más bajos ingresos.

Lo hizo a través de una indicación vía Cámara de Diputados, mientras que el financiamiento de la iniciativa quedó anclado en el Senado, con modificaciones a las exenciones tributarias y la disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones.

La idea suscitó apoyo transversal, y de ahí que rápidamente la Comisión de Hacienda de la Cámara lo aprobara, aunque igualmente se expresaron dudas sobre cómo se pagará en el tiempo.

Y ante la inminente votación en Sala del primer proyecto -prevista para el lunes 3 de enero- las dudas respecto de la segunda parte de la iniciativa se transformaron derechamente en cuestionamientos, pues desde la oposición advirtieron que con el texto ingresado por el Ejecutivo no se obtienen garantías de que se obtendrán ingresos permanentes para financiarla.

Dicho planteamiento, además, se vio respaldado por una carta que ayer publicaron en El Mercurio los economistas Andrea Repetto, José De Gregorio, Rodrigo Valdés y Eduardo Engel, donde advirtieron que se está ante una 'estrategia peligrosa'.

Pidieron no sólo fusionar los cuerpos legales, sino que también dar el debate 'en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses'.

'Sólo así estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva los problemas del sistema de pensiones. Entendemos, también, que es urgente mostrar avances. Ello, sin embargo, no puede ser a costa de aumentar aún más los desequilibrios fiscales', sostuvieron.

Acto seguido, desde el entorno de Gabriel Boric -quien apunta a una reforma integral al sistema de pensiones y a una reforma tributaria- se sumaron a la postura de los economistas. Dos de ellos -Repetto y Engel- integran además el equipo asesor del magallánico.

En radio ADN, Giorgio Jackson (RD) aseveró que la iniciativa 'tiene buena proyección, pero no está financiada, lo que es una irresponsabilidad (...) Avanza en la dirección correcta, amplía la base de beneficiarios y sube los montos, pero no está financiado'.

Asimismo, Karol Cariola (PC) planteó que 'es una cáscara de proyecto, sin financiamiento (...) Si nosotros lo aprobamos, no va a haber cómo sostenerlo y el dinero va a salir de impuestos generales, cuando creemos que eso es regresivo'.

Lo que tiene que ocurrir, a juicio de la parlamentaria, es que se financie incluyendo, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos y el royalty minero.

Por otro lado, diputados como Manuel Monsalve (PS), proponen que el proyecto 'uno' se apruebe, para así comenzar con los pagos en febrero, pero retardar la discusión del 'dos', y analizarlo de la mano de la nueva administración.

De todas maneras, desde el actual Gobierno no recibieron bien las críticas, e incluso el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que eran 'injustas'.

Según fuentes de Palacio, la única intención que tendría parte de la oposición para retrasar la aprobación de esta fórmula es que la firma de Sebastián Piñera no esté en la norma, porque todas las autoridades fueron tajantes en que los recursos sí están.

'El proyecto está completamente financiado; hubo varios proyectos de pensiones que no avanzaron y estaban financiados. Ahora tenemos un proyecto para reducir ciertas exenciones y, además, hemos tenido un muy buen crecimiento este año que nos permite mejores ingresos', explicó Cerda.

Ante las dudas, el senador Ricardo Lagos (PPD) anunció que como oposición pidieron un informe al Consejo Fiscal Autónomo.