Reclinado en un sillón, un pájaro se levanta los lentes para mirar, de reojo, hacia un lado. En la próxima escena, se vuelve a poner los lentes y sigue en lo suyo.

La imagen la compartió Contralorito —el personaje de la Contraloría para difundir información a la ciudadanía— en Twitter el lunes de esta semana… mientras el debate sobre la prescindencia del Gobierno hacia el plebiscito ya estaba al rojo vivo. La viñeta también tenía un texto: 'Cuando haces tu pega por prescindencia, pero no entienden la diferencia entre campaña informativa y propaganda política'.

Al día siguiente, Contraloría anunciaba el inicio de una investigación especial en La Moneda. El foco: la campaña informativa que encabeza la Segegob. Había, al parecer, posibilidad de hacerse preguntas y no solo un problema de comprensión, como deslizaba el pájaro.

Rayado de cancha

A fines de abril, las dudas sobre los límites ya rondaban. 'Imagino que nadie cree, a esta altura y después de todo lo que nos hemos jugado por este proceso constituyente en Chile, el que seamos neutrales al respecto', decía el Presidente Boric. Pero después, el contralor Jorge Bermúdez marcaría un punto distinto: 'La prescindencia significa neutralidad'.

El instructivo que Contraloría hizo público el 28 de abril traía lineamientos para enfrentar el plebiscito y un párrafo clave, justo al final. Allí, se leía que organismos relacionados a la comunicación (como la Segpres y la Segegob) podían efectuar una campaña informativa con 'la debida imparcialidad'. Aquí es donde el debate se pone difícil. ¿Se puede ser imparcial resaltando virtudes de un texto, por ejemplo, o perjudica eso las posibilidades de la otra opción? ¿Recitar artículos, es neutral?

El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Javier Leturia, ha dicho que el problema de raíz fue el diseño pues jamás debió quedar en manos del Gobierno la misión de informar sobre el trabajo de la Convención. Pero con este escenario ya en frente, agrega que aún pueden hacer algo: explicar y justificar cada decisión de su despliegue informativo. 'Si no tiene nada que esconder con mayor razón debería transparentarlo (...). Ningún gobierno nos puede pedir que confiemos a ciegas en un tema, además, tan sensible', explica.

—¿Podría haber sido Contraloría más específica en el instructivo?

—Siempre se puede ser más preciso y menos preciso, pero sería meterse en las facultades de Contraloría y tratar de ser general después de la batalla, porque es primera vez que enfrentamos una situación así. Van a quedar muchas lecciones, porque efectivamente decir que puedes informar de forma imparcial parece como un imposible metafísico. Lo que se puede precisar más y a futuro vamos a tener que hacerlo es, en esto de informar, ¿cuánto, cómo? El Gobierno pudo haber informado con un millón de pesos, con cien, con mil, dos mil... ¿dónde se tiene que detener? No lo habíamos pensado y el problema nos quedó grande, y las consecuencias hoy las estamos viendo.

Tuits, reuniones y más

Entre oficios, investigaciones y sumarios, Contraloría tenía, al cierre de esta edición, más de una decena de acciones en curso. La primera desde inicios de mayo, cuando se ofició a la Seremi de Educación de Magallanes por colgar un cuadro que decía 'Apruebo'. Otros oficios le llegaron al Gobierno por la campaña 'Hagamos historia', la cita del Presidente con el PS —en que el diputado Leonardo Soto habló de 'una reunión de coordinación' por el Apruebo— y la participación de la ministra Camila Vallejo en un matinal, con un prendedor similar a la portada del texto de la Convención.

Esta semana, además, se abrieron dos sumarios: uno por el uso de redes sociales del Ministerio de Obras Públicas (compartió un tuit que comparaba los recursos recibidos por ambas campañas) y otro en el Hospital Regional de Antofagasta, luego que se viralizara una foto de un cartel del Apruebo en sus dependencias.

¿Cuándo se sabrá qué pasa con estas acciones? Es difícil prever si alguna se zanjará antes del plebiscito. Según detalló Contraloría a este medio, sus procesos comienzan oficiando al servicio público correspondiente y pidiéndole antecedentes, con un plazo de cinco, 10 o 15 días hábiles. El servicio puede enviar la información… o pedir más tiempo. Una vez que los datos llegan, Contraloría puede pedir más antecedentes u oficiar a otros.

Después de esto, se abre un expediente y se define qué camino seguir. Generalmente, las opciones son reiterar el criterio para que la situación no se repita, abrir una investigación especial, utilizar la información como insumo para una auditoría planificada, instruir un sumario o desestimar la denuncia.

'No hay plazos asociados ni establecidos por ley', señalaron desde Contraloría. Y, sobre los tiempos, también añadieron que 'la marcha de las acciones en curso tiene directa relación con la magnitud de la investigación, por lo que varía en caso a caso'.

El vuelco del contralor

Pero no todo está en suspenso. Este mes, las advertencias cayeron sobre los alcaldes. Luego de ordenar sumarios en Maipú, Cerro Navia y Quinta Normal, Contraloría dictaminó que los municipios no pueden hacer campañas informativas. A La Pintana, se le llamó la atención sobre dos puntos: tuits de la alcaldesa Claudia Pizarro en horario laboral y el evento 'La Pintana Aprueba'. En este último, que no era municipal, se podían interpretar varias cosas. Por ejemplo, que la postura era la de la comuna o que su cargo como alcaldesa incidiera.

También hubo, en mayo, un dictamen a raíz de la transmisión de Instagram de la ministra Vallejo y su par de la Segpres, Giorgio Jackson, en que destacaban aspectos del texto. En ese momento, se recordó que las autoridades tenían que ceñirse a los lineamientos. Y además, se especificó que cuando se hablaba de informar con imparcialidad, era sin 'favorecer o perjudicar alguna de las alternativas'.

Pero la transmisión, como otros episodios, había ocurrido previo al instructivo sobre la prescindencia, y el mismo dictamen explicitaba que 'luego de su emisión y amplia difusión' las acciones debían apegarse a sus instrucciones. En la oposición, más de uno leyó ese punto como un 'perdonazo'.

Una de las críticas que se han reiterado en distintos partidos apunta, precisamente, a cuán intenso (o no) ha sido el organismo. 'Me tocó participar en gobiernos anteriores y Contraloría era ¡draconiana! (...) y ahora lo que uno ha notado es una cierta dilación o por lo menos, una manga ancha', cuestiona el diputado Eric Aedo (DC). El inicio de la investigación especial a La Moneda le parece un buen paso, pero querría más y por eso pide que exista 'presencia permanente' de la Contraloría en la Segpres, la Segegob y Desarrollo Social —los tres tienen funciones de comunicación— hasta el plebiscito.

'Me acuerdo del caso del subsecretario Galli. En casi 21 días corridos, hubo un dictamen y una reprimenda. Esa misma agilidad esperamos', agrega el diputado José Meza, del Partido Republicano. Hasta este mes, desde la colectividad habían presentado más de una docena de requerimientos a Contraloría, vinculados al plebiscito.

Para la diputada Camila Flores (RN), no se trata solo de velocidad, sino también, intensidad. 'Si bien han sacado algunos pronunciamientos respecto a algunos alcaldes, hasta el momento hemos visto prácticamente puros tirones de orejas', critica.

Esta semana, con el inicio de una investigación especial en La Moneda para revisar el despliegue informativo financiado por la Segegob —se mirará 'la implementación de dicha campaña y la transferencia de recursos fiscales a otros ministerios', precisan desde Contraloría— el contralor subió la apuesta. Y Bermúdez, que rara vez habla a los medios, dijo: 'Estamos llevando a cabo más de 600 líneas de auditoría que probablemente son cosas que afectan mucho más en el día a día a los ciudadanos (…). No nos pueden pedir más de lo que estamos haciendo'.

Ante el estricto hermetismo que rodea a la Contraloría, lecturas no han faltado sobre qué fue, más allá una presentación de diputados del Partido Republicano, lo que motivó el paso. Un parlamentario aventura que 'puede haber llegado a oídos del contralor' una conversación que algunos tenían en el Congreso: la opción de una acusación constitucional. 'Es un hombre inteligente. Imagínate si gana el Rechazo; el rebaraje político que se produciría y el riesgo de ser acusado', señala un diputado. Algo complejo, sobre todo ad portas de dejar el cargo en 2023.

¿Cómo interpretar lo que hizo Contraloría esta semana? Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la U. de Chile, aclara que en primer lugar, la reacción no es atípica. 'Es muy en el estándar de los protocolos para este tipo de casos', despeja.

Pero claro, también hay contexto y ahí, un par de cosas que leer. Por ejemplo, que las cosas avanzaban pese a las señas que ya se habían hecho: el instructivo, el dictamen sobre la transmisión de Instagram y, esta semana, la respuesta sobre el caso de La Pintana. 'Hay algo de una señal de la Contraloría de que hay ciertos resguardos que hay que garantizar', dice.

'Estamos en un contexto complejo y el gran rol de la Contraloría no es solo investigar los hechos ejecutados sino que también cumplir un rol de disuasión de comportamientos indebidos futuros, y creo que el hecho de que el contralor tenga una investigación especial, probablemente también sirva para el autocontrol (...) hay una cierta lógica preventiva en mi opinión, en la intervención del contralor', añade. Y, en medio de los cuestionamientos, también plantea que 'puede ser un recordatorio de que esto es la Contraloría: una institución que, como decían los viejos profesores de Derecho, desde que se consagró como autonomía constitucional en 1943, fue explicada históricamente como el cuarto poder del Estado'.

En la zona de riesgo

El efecto de las señales no queda tan claro. El despliegue de La Moneda ha continuado; el miércoles, cuando ya se sabía de la investigación especial, el Presidente leyó parte de la propuesta de la Convención sobre salud ante vecinos de Cerro Navia, comuna que visitó por el programa Copago Cero.

A juicio de Cordero, no hay dudas de que se puede proveer material para que las personas lean y formen su opinión. Lo complicado está en episodios como ese, cuando se mezclan una actividad del Ejecutivo con otro fin y el texto constitucional. Si bien tiene la impresión de que el vínculo, en ese caso, fue a raíz de la importancia de la salud mental (y no del programa que se lanzaba), cree que Boric 'tomó un riesgo excesivo al hacer referencia al texto'.

Aunque el apoyo que podría leerse al Apruebo no sería directo allí, para Cordero hay una señal clave en el caso de La Pintana. Ahí, explica, Contraloría estaría indicando que 'también hay que tener cuidado con el uso del cargo en términos indirectos'.

Con los dictámenes, en el Apruebo no se han hecho problema. La alcaldesa Pizarro, por ejemplo, dijo que respetaría el horario laboral pero que 'entre 17.31 y 08.29 horas, y todos los fines de semana, me desataré tuiteando'. Según el Ejecutivo, la campaña informativa seguirá su rumbo y, como dijo la vocera Camila Vallejo el jueves, 'está todo completamente en regla'. Pero la cornisa es muy delgada y mantenerse en ella, está claro, no es fácil.