El fuerte aumento de extranjeros residentes habituales en el país, cuya población entre 2002 y 2020 se ha multiplicado de manera exponencial al pasar de 187 mil a 1,4 millón de habitantes, cuenta a partir de febrero pasado con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería para regular los deberes y obligaciones de los migrantes en el país.

La implementación de la nueva norma, que reemplazó a la de 1975, se ha puesto en marcha junto a un reglamento que permitiría afrontar la agudización de la crisis migratoria en la frontera norte. Esta nueva regulación migratoria surge además como la primera iniciativa que comenzará a monitorear a partir de este mes el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana. Una iniciativa que encabeza el Servicio jesuita a Migrantes (SJM), junto a la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Universidad Alberto Hurtado (UAH) y Universidad Arturo Prat (UNAP). Además el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Chile y la Embajada de Francia en el país han brindado su patrocinio a esta iniciativa, que se ejecutará en alianza con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Infomigra y la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven). "Felicito a las autoridades de las instituciones por poner a disposición recursos para esto, recursos humanos, materiales y de cualquier tipo porque es un esfuerzo de institucionalización de un instrumento contralor, como este, desde el punto de vista de la sociedad civil, creo que es una innovación, por lo menos en materia de migración, que no conocíamos en este país. Además como servicio nos sirve para ir ponderando y midiendo, esperamos con una mirada crítica el trabajo que vamos realizando. Activar mecanismos de control de las autoridades y de contraloría social, podríamos decir, me parece que es un instrumento que está poco desarrollado acá en Chile y que debiéramos potenciar más", señaló el jueves pasado el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quien participó del lanzamiento del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, que se organizó a través de una plataforma digital.

En la ocasión, Thayer además reconoció el "cuello de botella" generado por las solicitudes de visado. "Hoy el Servicio está entregando permanencias definitivas que fueron ingresadas como solicitudes hace dos años. Nos estamos demorando dos años en tramitar una permanencia definitiva; y aproximadamente uno en tramitar una visa temporal. Eso implica para las personas precariedad, porque los deja en un limbo. Una de las primeras acciones que hemos tomado al interior del servicio, es justamente poner a los equipos a trabajar en eso, en un rediseño de los procesos (…) Nosotros tenemos 500 mil solicitudes (de visas) en trámite. Esas 500 mil personas están en una situación de limbo, ni regulares ni irregulares. En la práctica no hay reconocimiento de la sociedad a estas personas para arrendar, muchas veces les cuesta acceder a contratos de trabajo", agregó.

Además, según datos aportados por el SJM durante la presentación sobre solicitudes y reconocimiento de refugios, entre 2012 y 2021 a nivel país de cada 100 solicitudes se reconocieron 2,9 refugiados/as. Mientras, que entre 2020 y 2021 se han reconocido a 26 personas como refugiadas y se han rechazado 5.151 solicitudes.

Otro de los aspectos centrales abordados por los participantes del encuentro consistió en los efectos de la política migratoria implementada en los últimos años en el país. Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), la gestión migratoria bajo la ley antigua ha generado un impacto negativo en la convivencia. "Sobre todo en las ciudades y regiones del norte y definitivamente todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esto se revierta, que la percepción pública de la migración no sea la negativa que actualmente estamos viviendo, porque esto en nada va a beneficiar a la sociedad chilena".
Frontera norte

Fernando Guzmán, director del SJM en la Región de Antofagasta, expresó que el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana se ha puesto en marcha como un proyecto que permitirá aportar insumos desde regiones del norte del país ante la implementación de la nueva Ley de Migraciones. "En la Macro Zona Norte, en general, ha tenido mucha visibilidad el tema de la migración, en especial debido a diversas situaciones originadas debido a la crisis humanitaria. Como personas pernoctando en situación de calle, también algunos incidentes lamentables de crímenes en que han estado involucradas personas migrantes, pero sabemos que esta no es la norma, ni la generalidad", dijo.

"En este contexto, el contar con la posibilidad de consultar y estar en diálogo directo, que es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo de la promoción de derechos de las personas migrantes, para saber cómo está impactando en su vida cotidiana la implementación de la nueva ley, va a ser clave para estar aportando y tratando de ir nutriendo la información del Servicio Nacional de Migraciones", agrega Guzmán. La plataforma digital del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana sostiene que la entidad busca generar una orgánica que analice, incida y proponga en las políticas públicas en materias de movilidad humana. Para esto se dispone como base de evidencia internacional y nacional, considerando sobre todo la voz, experiencias de las y los migrantes y refugiados que viven en el país.

Para participar de este proceso no se necesita Rut, en una consulta que se ha definido como anónima y confidencial y se puede responder desde cualquier dispositivo a través del siguiente link: https://www.observatoriomigraciones.cl/consultas/, que se encuentra disponible en línea desde el 21 de abril en adelante, hasta el 31 de mayo.