Dos desafíos contingentes y uno de largo plazo en materia de salud identifica el presidente regional del Colegio Médico, Ignacio de la Torre.

Los primeros apuntan al manejo de la pandemia -incluido el mejoramiento de la protección en el regreso a clases- para reducir el número de contagios, hospitalizaciones y muertes, generando una red basada en la Atención Primaria de Salud (APS) "que sea capaz de responder con rapidez a futuras olas al mismo tiempo que logre generar una comunicación de riesgo", lo que implica "cambiar la forma de enfrentar la pandemia con una mirada interdisciplinaria, multisectorial, con escucha activa de los territorios y con un rol preponderante de la APS en el diagnóstico, testeo preventivo, seguimiento y trazabilidad".

El segundo consiste en "gestionar y reducir las listas de espera de la red pública tanto para consulta médica como para cirugías, que sabemos que deterioran la salud de las personas. Es esencial que el nuevo Gobierno genere un plan que incluya la formación y retención de recurso humano -que tras dos años de pandemia necesita superar el agotamiento con estrategias integrales que permitan potenciar sus habilidades-, la asignación de recursos y de protocolos para reducir paulatina y progresivamente las listas de espera, hasta plazos razonables".

En el largo plazo, subraya, Chile necesita una reforma del sistema de financiamiento de la salud pública, que atiende a más del 80% de la ciudadanía, "con un presupuesto insuficiente y que impide que las prestaciones puedan ser entregadas de manera oportuna y con la calidad necesaria".

Se requiere un sistema que garantice o asegure que nadie va a quedar sin atención por falta de recursos, agrega.

"Creo que eso se va a empezar a escribir desde la nueva Constitución pero que va a ser el nuevo Gobierno, desde el Ejecutivo, el próximo Parlamento, quienes deben ayudar mediante leyes a crear normas que permitan que este anhelo de un sistema de salud universal pueda concretarse".

REDUCIR LA INCERTIDUMBRE E INCENTIVAR INVERSIÓN

"Reducir la incertidumbre económica, política y social que estamos viviendo, a través de reglas claras que incentiven el desarrollo empresarial y permitan la atracción de capitales de inversión tanto nacionales como extranjeros", junto con mantener un equilibrio fiscal que permita abordar los desafíos sociales, sin perder la capacidad de generar un crecimiento sostenible en las empresas, constituyen medidas prioritarias que debe implementar el nuevo Gobierno, en opinión del presidente de la Asociación de Empresas de la V Región (ASIVA), Gerald Pugh.

Asimismo, espera que la reforma tributaria propuesta considere mantener la capacidad de desarrollo y crecimiento del sector empresarial, permitiendo la promoción del empleo; que continúen los incentivos del Gobierno para la creación de nuevos y mejores trabajos; y que haya efectivo apoyo a la innovación en las empresas, la trasferencia tecnológica y el desarrollo de emprendimientos de base científica para incrementar el valor agregado de los productos.

También plantea la necesidad de profundizar en los instrumentos y mecanismos para el control de la inflación, cuyo impacto lo siente toda la comunidad, pero, principalmente los sectores más vulnerables, en especial por las fuertes alzas derivadas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania,

En medio ambiente, "los principales desafíos se relacionan con la provisión de energía eléctrica para las empresas, continuando con la migración de la matriz energética hacia energías renovables, incluyendo el desarrollo de hidrógeno verde", y con garantizar la provisión de agua potable, tanto para el consumo humano como para los procesos productivos, "dotando al país de una red de abastecimiento que permita independizarse de las fuentes tradicionales".

ASIVA espera también que la nueva Constitución "reconozca el aporte y fomente el desarrollo y crecimiento del sector privado productivo, otorgando un marco regulatorio adecuado que incentive la inversión en los diferentes sectores productivos, con el fin de aportar al bienestar de todos los chilenos".

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL AL TRABAJO PORTUARIO

"Para nosotros, los desafíos que tiene el Gobierno del Presidente Boric se relacionan con la modernización del sector", específicamente con la actualización del Código del Trabajo "en materia de trabajo portuario para obtener la condición de trabajo decente, dándole un reconocimiento de carácter profesional", señala el presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, Sergio Baeza, quien remarca que "los efectos de los cambios que produzca la modernización no deben afectar negativamente a los trabajadores, como suele ocurrir en estos procesos".

El dirigente agrega que "es importante tener muy claro que conocemos el programa del Presidente Boric, que es plenamente concordante con nuestras demandas", y en lo que respecta a la labor de la Convención Constitucional, indica que "esperamos que en el texto final queden consagrados los derechos fundamentales de los trabajadores con rango constitucional".

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y APOYO A LAS PYMES

El presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), José Pakomio, expone que la región se ha visto duramente impactada no solo por las crisis social, sanitaria y económica, sino también por otros factores persistentes, como los bajos niveles de inversión, la falta de infraestructura, el cierre de industrias y la caída de la actividad portuaria, entre otros.

"Desde la CRCP estamos preocupados de contribuir para que los próximos cambios se den en un marco de mejora política-institucional y de recuperación económica, por lo que esperamos trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno para dar respuesta a los problemas reales de las personas, además de otorgar certeza y estabilidad para permitir el desarrollo y funcionamiento de los negocios", expone el dirigente empresarial, quien expresa su confianza en que "a través del diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos, podremos reestablecer los marcos de convivencia que nos permitieron el desarrollo de las últimas décadas".

Por ello, dice, "esperamos que las autoridades pongan especial foco en la reactivación económica y el apoyo inmediato a las pequeñas y medianas empresas, especialmente de los rubros más afectados por la pandemia", en el control del comercio ambulante ilegal, en potenciar la seguridad pública y en "abordar la crisis hídrica con una gestión estratégica de distribución y racionamiento acorde a las necesidades de cada territorio".

Sobre la labor de la Convención, puntualiza que "esperamos que pueda continuar sus labores con responsabilidad y celeridad, dado que existe un ambiente de incertidumbre en medio de altas expectativas alrededor de la nueva Constitución". En esa línea, la expectativa es que la Carta "nos permita obtener los lineamientos para una mejor sociedad, debatiendo sus contenidos con fundamentos y sin perder de vista lo que nos ha posibilitado llegar hacia donde estamos, como la libertad de emprender, la libertad de asociación

Chile necesita reformar el financiamiento de la salud pública, que atiende a más del 80% de la ciudadanía".

El desafío sectorial más urgente es el enorme déficit de vivienda que afecta al país y particularmente a la región".

Que el proyecto pedagógico sea coherente con el proyecto de desarrollo de sociedad que comprometió el Gobierno".

Desarraigar las lógicas que son impedimento para la construcción de una educación pública digna y estimulante".

Poner especial foco en la reactivación económica y el apoyo inmediato a las pequeñas y medianas empresas".

José Pakomio Presidente Cámara Regional del Comercio

La modernización del sector, específicamente la actualización del Código del Trabajo en materia de trabajo portuario".

Reducir la incertidumbre con reglas claras que incentiven el desarrollo empresarial y permitan atraer inversión".

Hay que sumar nuevas fuentes de agua: desalación, reutilización y, principalmente, optimizar la eficiencia en el uso".

y el respeto a la propiedad privada, entre otros aspectos claves del orden público económico", a la vez que subraya que esta "es una oportunidad para otorgar mayores capacidades de gestión a las regiones, modernizar el Estado, favoreciendo el servicio a los ciudadanos, como también abordar otros temas de nuestro país que permanecen como conflictos no resueltos hace mucho tiempo".

AGRO: SUMAR NUEVAS FUENTES DE AGUA

Para Víctor Catán, presidente de la Asociación de Agricultores de Los Andes y del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable de la Región de Valparaíso, uno de los principales desafíos del agro "es poder resolver la crisis hídrica que lo aqueja hace más de 12 años, que ha ido avanzando a lo largo de Chile" y que golpea al mundo rural, especialmente a la agricultura familiar campesina.

Se trata de una problemática "que hay que abordar con mucha inteligencia, sin ideologías que perturben el camino. Hay que sumar nuevas fuentes de agua. La desalación es una de ellas, la reutilización es otra y, principalmente, optimizar la eficiencia en el uso", señala el también director de Fedefruta, y ejemplifica con la gestión en Almería, "una zona muy pobre de España, que hace 20 años fue capaz de desalar agua, con lo que se abrió a toda una provincia la posibilidad de subirse al carro del desarrollo".

Dice que "si la Convención no está dispuesta a renunciar a cierta ideología, a ciertos dogmas, difícilmente va a poder resolver esta problemática", ya que "la sequía no se resuelve escribiendo un texto", sino trabajando en las soluciones.

A la vez, critica los cuestionamientos sobre mono cultivos que apuntan al sector, señalando que si existen zonas con plantaciones de esas características es porque allí es donde tienen mayor viabilidad producto de las condicionantes climáticas. "Los agricultores saben qué es lo que se puede y no se puede cultivar en una zona. No hay que olvidar que producen alimentos que en gran parte son para la población".

CAMBIO EN EL PARADIGMA EDUCATIVO

La presidenta regional del Colegio de Profesores, Violeta León, señala que en lo relativo a educación, el programa del nuevo Gobierno "identifica certeramente varias de las problemáticas y propone cambios ambiciosos, pero necesarios e imperativos, como la educación integral, un cambio en el paradigma educativo que pone como centro a las NNA entendiéndolos como sujetos de derecho y titulares del derecho a educación".

Por lo tanto, afirma, su principal desafío "será desarraigar las lógicas economicistas, jerarquizadas y adultocéntricas que son impedimento para la construcción de la educación pública digna y estimulante a la que cada ciudadano tiene derecho y que las comunidades necesitan para su crecimiento y bienestar".

La dirigenta profesional plantea que la transformación que se pueda llevar a cabo, dependerá en gran medida de voluntades políticas.

"Es la legislación que ahorca las escuelas la que tiene que cambiar, hay que dejar de tratar a la educación como un nicho económico y financiarla en base a sus planes y proyectos y no al absurdo criterio de asistencia", saliendo "de las lógicas economicistas que tienen a las escuelas precarizadas y desfinanciadas".

"No puede ser que los techos de las escuelas estén a punto de caerse en la cabeza de las estudiantes, y que no podamos arreglarlos porque el financiamiento por asistencia no permite darnos más lujos que pagar la planta docente, siempre cuestionada, aunque seamos las profesoras y profesores las que sostenemos las escuelas, a veces, a coste de nuestro propio bienestar", agrega.

En esa línea, opina que "una de las grandes barreras para la transformaciones educativas es la legislación, que responde a un modelo neoliberal que solo sabe de fines económicos y que ve los cambios sociales como una amenaza", por lo que "vemos en el impulso transformador de la Convención Constitucional nuestros mismos deseos para la reparación y reconstrucción de una escuela pública entendida y gestionada desde la lógica del bienestar".

EDUCACIÓN COHERENTE CON MODELO DE DESARROLLO

También el vicepresidente regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Renato Rivera, centra su mirada en este ámbito, e identifica como principal desafío de las nuevas autoridades "que el Ministerio asuma la educación como un proceso social de interacción con acento territorial para un aprendizaje de todos y todas, que cumpla con restablecer la educación como derecho social garantizado, cuyo centro sea la democracia participativa", con financiamiento basal, dinámico, pertinente, flexible y participativo.

Para el dirigente es necesario "que se restaure la libertad de expresión del profesorado y se recupere el derecho de las comunidades a desarrollar un currículum flexible y contextualizado, que propicie una educación con pertinencia cultural y promueva aprendizajes situados desde la comunidad, inclusiva, diversa y democrática; y que el proyecto pedagógico esté en coherencia con el proyecto de desarrollo de sociedad que se comprometió este nuevo Gobierno", en el cual el Estado debe tener "un rol rector y de articulación institucional".

En ese contexto, plantea "terminar con la Superintendencia de la Educación, con la Agencia de la Calidad, con la Ley de Aseguramiento de la Calidad, y con las ATEs, es decir, con toda la institucionalidad que hoy le da soporte a la lógica de mercado" y que en adelante debe ser a su juicio estatal.

El derecho a la educación, agrega, "debe estar garantizado y protegido constitucionalmente, y la Convención debe postular que es necesario superar el actual modelo social capitalista neoliberal", para avanzar hacia "un Estado Social de Derechos, cuyo centro debe ser la democracia participativa, la soberanía popular y la soberanía nacional por medio de la renacionalización de nuestros bienes naturales, el desarrollo de una industria nacional con respeto a los pueblos originarios y el medio ambiente".

Dice que "es el derecho y no la libertad de enseñanza lo que debe entenderse como una garantía colectiva".

URGENCIA PARA DÉFICIT DE 72 MIL VIVIENDAS

La presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso, Marisol Cortez, observa que por la complejidad del escenario político, económico y social, el nuevo Gobierno deberá enfrentar simultáneamente múltiples e importantes desafíos, como "trabajar por la unidad de los chilenos para erradicar la violencia, resolver problemas sociales urgentes, enfrentar las demandas sociales, hacer crecer la economía y construir bienestar y desarrollo para todas y todos, en paz y armonía".

"En el ámbito de los desafíos sectoriales más urgentes, el primer lugar se lo lleva el enorme déficit de vivienda que afecta al país y particularmente a la Región de Valparaíso, que, sumando el allegamiento y el deterioro, requiere más de 72 mil viviendas nuevas. Y además tenemos a casi 24 mil familias viviendo en 225 campamentos, sin las condiciones mínimas", indica la dirigenta empresarial, quien subraya igualmente que las soluciones habitacionales deben generarse en "barrios dignos, integrados a la ciudad, dotados de los servicios y la infraestructura necesarios para la calidad de vida de las personas y para el desarrollo equilibrado, armónico y sostenible de los territorios, con las familias integradas y con respeto por el medio ambiente".

Para que esta problemática se asuma y se resuelva "lo principal es generar un clima de sana convivencia y colaboración entre los diversos actores del país", fundado en "el diálogo, la escucha activa y el trabajo conjunto del sector público, la iniciativa privada, la sociedad civil y las propias comunidades", lo que "impone el desafío de procesar, en paz y con tolerancia, nuestras distintas visiones y legítimas diferencias, por el bien de las personas y su calidad de vida, que es la misión que además nos hemos impuesto como gremio", tareas en que pone a disposición de las autoridades "toda nuestra capacidad técnica y experiencia como referentes del sector construcción y actor clave en temas de vivienda y ciudad, para trabajar en conjunto por mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, y especialmente de los habitantes de nuestra región".

Marisol Cortez sostiene que en ese clima de convivencia y unidad de propósitos, "es clave el trabajo de la Convención. Ojalá, por el bien del país, nos proponga una Constitución inclusiva y que represente a todos chilenos sin distinción, que despierte consensos y legitimidad social, y que genere condiciones para la colaboración de los distintos actores del país, para resolver los principales problemas, que el Estado por sí solo, ya sabemos, no puede resolver".