La Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío (AGOP) y la Cámara de la Producción y del Comercio Biobío (CPC Biobío) expresaron su respaldo a la declaración de estado de excepción constitucional por grave alteración del orden público en dos provincias de Biobío -Arauco y Biobío-, además de dos de la Región de La Araucanía.

AGOP -que agrupa a Asipes, Asexma Biobío, Asem, CChC Concepción, Corma Biobío, Irade, Pymemad y la Unión de Gremios Pymes Biobío- planteó que "junto con el resguardo de la seguridad y el orden público, el Estado de Chile a través del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se hagan parte de un esfuerzo urgente, ineludible e histórico por la restauración de la paz y el bienestar de los habitantes de los territorios que han sido afectados por la violencia rural han sufrido".

Los representantes señalaron que la medida impulsada por el Gobierno "es necesaria considerando la cada vez más extrema situación de desamparo y miedo en que viven miles de familias en una parte del territorio nacional capturado por el terrorismo y el crimen organizado que a la fecha ha cobrado la vida de 12 personas inocentes".

GOP solidariza con quienes viven y trabajan en las zonas afectadas y reiteró su llamado a que "el Estado, en su conjunto, debe estar presente no solo en el control de la seguridad sino también a través de sus distintas reparticiones públicas involucradas, porque este no es sólo un tema cuya génesis es la violencia, urge el diálogo y la búsqueda de acuerdos que solucionen de raíz estos conflictos".

La Agrupación de Organizaciones Productivas ha propuesto generar una comisión por la Paz Social en Arauco, conformando una amplia mesa de trabajo con diversos actores de la sociedad.
Cpc biobío

Desde CPC Biobío, en tanto, coincidieron en que la decisión es "necesaria -a la luz de todos los actos violentistas registrados hace ya largo tiempo en esos territorios- para dar tranquilidad y seguridad a las comunidades, a las familias, a los trabajadores y a quienes deben circular por las rutas de estas zonas del país".

También coincidieron en que "si bien consideramos que la medida no resuelve el problema en sí mismo, pues involucra muchos factores, tenemos la convicción que contribuirá a cautelar la paz social y el orden público en una zona que está abatida por la violencia".

De acuerdo al gremio, para avanzar en la solución, "se requiere que existan condiciones que promuevan el diálogo y se respete el Estado de Derecho, y que las instituciones encargadas de resguardar a la ciudadanía puedan cumplir con su misión".