Al interior del Gobierno, era una de las principales prioridades antes del fin de su mandato. La Pensión Garantizada Universal (PGU) podía formar parte de su legado y ya había anotado su primer avance la semana pasada. Pero ahora parece complicarse.

El miércoles, la Comisión de Hacienda de la Cámara lo aprobó y el martes 4 se votará en la Sala. Pero, varios diputados de oposición, principalmente de Apruebo Dignidad, están levantando dudas. Sobre elementos técnicos, como el financiamiento y la cobertura, pero también con una base política. Al parecer, el entorno del presidente electo no estaría a favor de darle un último triunfo a Piñera y, según los expertos, Gabriel Boric tampoco pagaría un costo.

'Al igual que lo que pasó con el rechazo a viajar a Colombia, hay un patrón que se puede ver en las próximas decisiones donde se involucre a Piñera o su gobierno', dice Marco Moreno, académico de la U. Central. 'Boric evitará que Piñera pueda capitalizar victorias, aunque sean menores, y por lo tanto, va a dilatar o evitar que algunas iniciativas del Gobierno puedan materializarse', dice. Piñera, a juicio de Moreno, tiene una agenda de salida en la que necesita algún legado. 'La PGU era eso', agrega. Y dilatar la discusión podría llevar a que sea aprobada, pero durante la administración de Boric.

'Puede haber una tentación en el equipo cercano de Boric de entrampar la discusión', concuerda Rodrigo Arellano, académico de la UDD. Esto, explica, por dos motivos: primero, el proyecto podría aprobarse en el mandato de Boric y, segundo, dilatarlo podría significar un último triunfo legislativo para la oposición. Sobre todo, 'en un proyecto en el que Piñera puso sus fichas'.

Pero rechazar un proyecto que toca un tema sensible para la ciudadanía, ¿no sería riesgoso para Boric? Moreno dice que la gente lo va a leer como un desacierto del Gobierno. 'De no querer entregar ayuda, sobre todo porque probablemente Apruebo Dignidad va a aumentar el monto y no se llegue a acuerdo', dice. 'Una salida técnica, pero que tiene una explicación más bien política'.

También desde los técnicos

El discurso de los diputados de Apruebo Dignidad se ha centrado en varias dudas técnicas, principalmente el financiamiento y la cobertura.

Cercanos al equipo del presidente electo dicen que casi la mitad del costo no estaría financiado. 'Sale del Tesoro, no hay recursos adicionales', dicen.

En Teatinos 120 no creen que sea así. El informe financiero del proyecto señala que los recursos ya están comprometidos para 2022 en la Ley de Presupuestos. Y, desde 2023 en adelante, los recursos estarían considerados en la proyección de gastos a mediano plazo que contempla las estimaciones de ingresos y de balance fiscal.

Pero la crítica no solo llegó desde Apruebo Dignidad. Hoy, en una carta a El Mercurio, los economistas Andrea Repetto, Eduardo Engel, José De Gregorio y Rodrigo Valdés también criticaron el proyecto. Primero, por haber sido presentado de forma separada a los ingresos para financiarlo (eliminación de exenciones). Segundo, porque creen que no se deberían tomar recursos del Fondo de Reserva de Pensiones y, aún menos, utilizar 'supuestas holguras' que dependen de 'proyecciones poco realistas'. Creen que la PGU se debería ver en la reforma a todo el sistema y que el Gobierno no debería 'comprar una victoria política en sus postrimerías'.

Carta de la que se hizo eco Giorgio Jackson, quien esta mañana en radio ADN dijo que tiene 'plena disposición en avanzar, siempre y cuando esto esté financiado, y hasta ahora no lo está'. Esto, luego de que ayer, en reunión de Apruebo Dignidad, se discutió el proyecto y se informó que 'no se tomó ninguna definición' respecto a apoyarlo o no. Definición que deberá tomar también la DC, partido que fue bisagra de la primera reforma de pensiones del Gobierno (ver recuadro).

Al financiamiento se suman otras dudas. Boris Barrera, diputado PC, fue uno de los votos a favor que permitió el avance del proyecto en la Comisión de Hacienda. 'Porque significa un aumento en algunas pensiones', dice. Reconoce que en Apruebo Dignidad están evaluando qué hacer y agrega que ha surgido como reparo que el beneficio se entregue desde los 65 años. 'Las mujeres van a tener que esperar cinco años', aunque ese requisito también aplica hoy a la Pensión Básica Solidaria.

A la diputada CS Gael Yeomans le preocupa la forma en la que se defina al 80% más vulnerable que recibirá el aporte de $185.000 mensuales.

'Yo estaría disponible, pero es importante que se involucren estos temas', agrega Yeomans, y lanza una advertencia: 'Se tiene que iniciar un diálogo directo y rápido, o el proyecto se va a trabar'.