Junto con delinear el impacto económico de una serie de disposiciones del texto de la nueva Constitución que será votado en el plebiscito del 4 de septiembre, expertos coinciden en que los cambios a la Carta Fundamental requieren de gradualidad, al tiempo que manifiestan preocupación por temas como la cantidad de derechos garantizados y la posibilidad de alcanzarlos, así como respecto de los derechos de propiedad, la institucionalidad de defensa de la libre competencia y derechos de agua, entre otros.

En un panel organizado por la Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración UC y la Escuela de Gobierno de la misma universidad, participaron Arturo Fermandois, profesor de Derecho Constitucional; José Miguel Sánchez, decano de Economía y Administración; Rodrigo Valdés, de la Escuela de Gobierno; Felipe Larraín, de Clapes-UC, y la senadora Carolina Goic.

Valdés hizo referencia al costo de implementar la propuesta constitucional, estimado entre 9 y 14 puntos porcentuales del PIB. Sobre la viabilidad de contar con esos recursos, respondió que todo va a depender de la velocidad que se imprima a su aplicación. 'El problema no es el monto en sí, sino el apurar las cosas más de la cuenta', indicó. Agregó que lo central es ponerse de acuerdo, ya que es difícil pensar que una Constitución distinta a la actual no vaya a tener derechos garantizados, incluso si gana el Rechazo y se elabora una nueva Carta Magna.

'No hay que asustarse tanto, el norte está más o menos claro, el problema es que tenemos que transitar en una senda que sea compatible con lo que han hecho otros países', agregó. Larraín presentó un cuadro comparativo con los derechos garantizados en 11 países. Chile pasaría a tener la Constitución con el mayor número derechos sociales garantizados, 103 en total. Después le siguen Ecuador, con 99; Bolivia y Serbia, 88; Portugal y Cabo Verde, con 87. 'Me preocupa el tema de las expectativas insatisfechas, que la gente crea que al garantizarse derechos van a poder satisfacer esos derechos.

Me parece que eso es muy difícil de lograr, excepto en forma gradual y moderada', señaló. Por otro lado, le parece conservadora la cuantificación del costo económico de la propuesta, cuyo piso ve en 14 pp del PIB, pero deja fuera las implicancias en política tributaria de los mayores gastos; los ingresos que dejaría de percibir el Estado por cambios en la economía y el costo de potenciales demandas al fisco por cambios en derechos de propiedad, entre otros. Para Goic, buena parte del problema es cómo se hacen las transiciones y no el marco general de los derechos sociales que contempla la propuesta. Por ejemplo, en cómo garantizar a las personas que están con tratamiento en isapres que van a seguir teniendo acceso frente a los cambios que se incorporen.

O 'cómo garantizar que no se produzca un Transantiago en los cambios que hagamos, y podríamos tener varios', acotó. En su presentación, Fermandois planteó que el texto cambia el actual principio de subsidiariedad, en que el Estado actúa preferentemente a través de empresas que se rigen por el mismo estatuto de los particulares. Lo reemplaza por una iniciativa amplia para que el Estado participe en la economía no solo como empresa, sino de cualquier forma.

Las regiones y comunas podrán generar empresas. La propuesta contempla el principio de sostenibilidad fiscal e insiste en que el uso de los recursos del Estado debe ser eficiente, pero autoriza que regiones y comunas se endeuden a través de decisiones propias, conforme a una ley marco que debe fijar los límites, sin especificar cifra, dice. Sánchez considera recomendable garantizar la neutralidad competitiva entre empresas públicas y privadas, de modo de no afectar la competencia.

Se preguntó qué pasaría si un gobierno regional o comunal crea una empresa que luego tiene problemas, ¿quién la financia?, o si al pedir un crédito va a tener el mismo trato que recibe una empresa privada. El 'justo precio' y no el daño patrimonial a precio de mercado, como es hoy en caso de indemnización por expropiación, es otra de las preocupaciones. Para Fermandois, se altera el corazón de lo que es el reconocimiento del derecho de propiedad.