Poco a poco comienza a tomar forma el debate de fondo sobre propuestas para la redacción de una nueva Constitución. En ese proceso, el expresidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio, expuso en la comisión de derechos fundamentales de la Convención Constituyente su parecer sobre la regulación de los derechos sociales en la nueva Carta. Como contexto, De Gregorio expuso que 'pueden aparecer nuevos derechos sociales, o los actuales pueden ir mutando en el tiempo', precisando que 'nadie hubiera dicho hace 10 años la importancia de la conectividad digital'. En ese sentido, dijo que 'la Constitución no puede ser rígida en cuanto a qué derechos se deben garantizar.

Pero tampoco debe ser rígida en cuánto a los niveles de cobertura, ni la forma de provisión'. En esa línea, precisó que 'el nivel al que se garantizan los derechos sociales depende de la capacidad de financiamiento de dichos derechos, y ello depende de la capacidad de recaudación fiscal. Dicha recaudación depende de la tasa de impuesto y del nivel de ingreso del país (base tributaria), por lo tanto, es esencial el progreso económico para ampliar y mejorar la calidad de la cobertura de derechos sociales'. Aclaró que 'es muy distinto lo que se puede hacer exigible en Chile versus Bolivia o Noruega, para nombrar dos caso en veredas opuestas'. El economista advirtió que 'la provisión de derechos sociales no debe ser una causa de desequilibrios fiscales. Un país puede gastar lo que tiene, y eso está relacionado a lo que recauda. Esperamos que en Chile se pueda ir mejorando paulatinamente la provisión de derechos sociales, pero su nivel de satisfacción debe ser determinado por la ley y las políticas públicas, y no por los tribunales de justicia'.

En este último caso, mencionó que 'las soluciones son injustas porque quienes tienen los recursos para conseguir beneficios a través de tribunales no son precisamente quienes tienen más carencias en la satisfacción de sus derechos sociales'. A modo de ejemplo, precisó a los constituyentes, 'habría que preguntarse ¿Quién determina si una vivienda de 40 m2 es digna hoy o era digna veinte años atrás? ¿Dada la liquidación de fondos de pensiones y las estrecheces fiscales hoy día, cuál es una pensión digna? Debería ser una decisión democrática, el Congreso y el Ejecutivo lo debieran determinar, dado el contexto económico del momento y eso es lo que debiera ser exigible a las políticas públicas'. Propuso que 'en el caso de la salud, por ejemplo, se podría establecer en la ley una comisión técnica que pueda determinar los gastos en salud per cápita sostenibles por el país'.

Concluyó que dada la tendencia a sobre-ofrecer derechos sociales que se producen en las contiendas electorales, 'la historia de fragilidad fiscal de nuestra región, y el reciente drástico deterioro de las finanzas públicas en Chile, propongo que también en la Constitución se establezcan reglas que garanticen la sustentabilidad fiscal y por lo tanto, la sustentabilidad en la garantía de los derechos sociales y de una vida digna. Pocos países en la región pueden garantizar derechos sociales al nivel que lo puede hacer Chile, pero debemos asegurar que siempre avancemos en esta materia'. Planteó establecer en la Constitución 'la necesidad de que el Gobierno cuente con un marco definido de regla fiscal, poner límites al endeudamiento público, habida cuenta del ciclo económico, me parece que es algo que debieran explorar'. Recordó que 'esto se hace en la Constitución alemana, en particular en el artículo 115'. Además De Gregorio, también han hecho planteamientos de orden público económico en la Convención Constituyente el presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel, y el exministro René Cortázar. El primero defendió la autonomía del BC, mientras el segundo destacó la importancia de seguir atrayendo la inversión.