Aunque algunas medidas en el programa 'atrévete a vivir en paz', de José Antonio Kast están repetidas —como aumentar castigos a quienes agredan a carabineros o acelerar el término del ya terminado Sename—, el documento de seguridad del candidato del Partido Republicano suma 56 propuestas. No todas son realizables, algunas porque no pasan de ser expresiones de buena voluntad o porque serían de difícil tramitación en el Congreso. Otras, como diría su contendor del oficialismo, Sebastián Sichel, 'claro que se pueden', pero ya se hicieron, aunque el espíritu pueda ser mejorar lo que hay en esas materias (ver recuadro).

Según expertos en seguridad, orden público e inteligencia consultados por 'La Segunda', hay buenas ideas, pero insuficientemente desarrolladas. De financiamiento se habla poco, excepto respecto de la creación de una Defensoría de las Víctimas, que se homologaría a los recursos que recibe la Defensoría Penal Pública, es decir unos $63.000.000.000 anuales.

Las debilidades en seguridad se repiten en programas de otros candidatos, pero lo analizamos debido a que según Cadem pasaría a segunda vuelta y a que sus dos atributos más fuertes son, en ese sondeo, 'lucha contra la delincuencia' (37%) y 'control del orden público' (32%).

'La mayoría de las propuestas de todos los candidatos son difusas y poco concretas', dice el experto en seguridad e inteligencia de la Anepe, Sergio Salinas, para quien 'en el caso de Kast hay una mezcla de ideas con solo deseos. Parten de un diagnóstico en función de encuestas de percepción (CEP) y no de un análisis serio de la realidad constatada por universidades, centros de estudio y organismos estatales. Eso lleva a mirar el país que la gente percibe, pero a no darse cuenta de la realidad más amenazante hoy, que es el crimen organizado transnacional. De eso hay casi nada en el programa, aunque aquí ya están operando los carteles del Golfo, Nueva Jalisco y la mafia china'.

'Uno nota una confusión importante —coincide desde Espacio Público, Mauricio Duce—, como mezclar funciones. En una democracia no es labor de las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la seguridad interna. Está lleno de declaraciones de principios, que no son medidas concretas, como ‘vamos a afianzar el Estado de Derecho' y se echan de menos elementos centrales, como la necesidad de cambiar la gobernanza creando un ministerio del ramo y en vez propone coordinaciones'.

'Casi todas sus propuestas se ajustan a lo que se conoce como populismo punitivo, vistos, por ejemplo, en las campañas de Trump o Bolsonaro. Apela al miedo y ofrecer mayor control, disuación y rejas. No se entiende en el programa que muchas causas sociales son base del comportamiento criminal y solo hay cuatro propuestas de prevención y rehabilitación de 56', sostiene la experta en seguridad y académica de la U. Alberto Hurtado, Alejandra Lunecke.

'Hay mucho slogan, demagogia, incluso repitiendo medidas como para que el programa se vea más grueso en esa parte. No se hace cargo de las causas de la delincuencia, de la realidad de algunos barrios y habla de la pérdida de confianza en Carabineros o las Fuerzas Armadas sin entrar a las causas de aquello. Parece correcto apoyar a Carabineros, porque la actitud del Estado con la institución es contradictoria y sienten falta de respaldo, pero trata aquello superficialmente', apunta la titular del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP y parte del COES, Lisa Zanotti.

Falta de rigurosidad

Algunas medidas del programa, como fortalecer los tribunales de garantía, parten de la base de afirmaciones erradas, como que 'los tribunales orales solo intervienen en casos de defensas privadas o cuando resulta evidente su inocencia'.

O no ahonda en cómo las pretende concretar, como 'justicia y reparación para las víctimas de la violencia'; 'la creación de ficciones jurídicas por parte del Poder Judicial constituye una transgresión constitucional inadmisible'; 'nueva instancia de inteligencia policial' (hay una reforma en curso y no se profundiza) y 'reforma radical al Poder Judicial (por que la justicia es) lenta y tremendamente desigual'.

Algunas suenan a metáforas. Un ejemplo: 'Vamos a quitar las rejas de las casas de los chilenos y las usaremos para construir más cárceles'. Hay otras en que ya hay leyes operando y que no son resorte del Ejecutivo, sino de los tribunales. 'El que agreda física o verbalmente a un carabinero, policía, bombero, gendarme o funcionario de la salud será juzgado y condenado con todo el rigor de la ley', reza una propuesta de ese tipo.

También se atribuye calificar de justas o injustas las actuaciones de policías: 'Apoyo total a Carabineros. Cada vez que un carabinero sea detenido injustamente por cumplir su deber… el Gobierno contratará al mejor abogado', reza su sexta medida. Y olvidándose del radicalismo religioso o de las amenazas que de otras tendencias políticas, plantea una 'coordinación internacional antiradicales de izquierda'.

Más complicado resultaría lograr que el Congreso apruebe medidas como la 'clausura del actual INDH y su reemplazo por una institución transversal', agregando dentro de ese mismo punto un elemento que no tiene que ver con seguridad: 'Debe derogarse la ley de exonerados políticos y acotar a un tiempo determinado los beneficios recibidos por personas que efectivamente sufrieron violaciones de los derechos humanos'.

'Muchas de las propuestas necesitarían de aprobación en el Congreso, lo que las hacen inviables, por ejemplo, ¿cómo espera terminar con el INDH si Chile ha suscrito acuerdos multinacionales que no puede desechar sin más?', plantea Lunecke. Y Zanotti agrega que 'eso refleja que no sabe que los derechos humanos solo son atropellados por agentes estatales y cuando habla de la coordinación para combatir acciones de la izquierda radical refleja su propia ideología radical'.

Tampoco se ve de fácil tramitación una 'ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia… El Presidente de la República debe tener la facultad, junto con restringir libertades de locomoción y reunión, de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención… No deberá durar más de 5 días. La prórroga requerirá de manera forzosa el acuerdo del Congreso Nacional a través de quorum calificados progresivos'.

'Hay pirotecnia, como sacar las rejas de las casas o el fin del INDH, que es simplista', sintetiza Salinas. Duce agrega que 'hay cosas que no van a cambiar nada, como la Defensoría de las Víctimas, porque no va a cambiar la capacidad del sistema para esclarecer más delitos y a un muy alto costo. Eso es distinto a proteger mejor a las víctimas, que es una idea que sí aparece. El problema es que no se trata de un programa consistente. Hay medidas interesantes, como un cambio en el sistema de designación del fiscal nacional, pero están expresadas muy genéricamente. El diagnóstico es pobre y de bajo impacto'.

Kast también lanza medidas, que remecerían el ambiente político, como que 'todos los candidatos a elección popular deberían someterse a un test de drogas'; las policías deben hacer el uso de la fuerza que estimen conveniente para reestablecer el orden público 'de modo de no ser juzgados por haber hecho un uso excesivo de ella (la fuerza)' y aumento de las penas y sanciones a adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos graves'.

Otras medidas podrían concitar menos resistencia, como que 'los presos van a trabajar'; 'para la población penal primeriza… se propone la creación de una oferta programática amplia basada en el tratamiento de adicciones'; estímulos tributarios para empresas privadas que se instalen en recintos penales' y 'repensar el sistema de incentivos a fiscales y jueces para evitar el cierre anticipado e irresoluto de causas', aunque expertos en justicia dicen que ello puede ralentizar los casos.