La propuesta de nueva constitución presenta una "serie de presiones fiscales que preocupan", afirmó tanto Rodrigo Valdés como Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda del Gobierno de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, respectivamente.
En un panel organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), los ex secretarios de Estado expusiones sus opiniones respecto al costo fiscal que conlleva la implementación de la nueva propuesta constitucional.
Ambos economistas se basaron en el estudio "Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución", elaborado por Valdés y otros economistas. El documento establece que el gasto iría desde 8,9% del PIB, equivalente a US$25.210 millones hasta el 14,2% del PIB, equivalente a US$40.109 millones.
En ese sentido, a Rodrigo Valdés se le preguntó por la viabilidad de la propuesta constitucional entendiendo el elevado costo fiscal que significa, y señaló que, "todo va a depender de la velocidad en que se maneje".
"Si todo camina de acuerdo a lo que nos gustaría, creo que si uno piensa en Chile a 20-30 años, es muy probable que tengamos una carga tributaria y una razón gasto- PIB del orden de lo que tienen los países desarrollos. Pero el problema está cuando uno quiere apurar el asunto más de la cuenta, porque se produce una tensión en el corto plazo, y es muy complejo macroeconómicamente", explicó.
En esa misma línea, añadió que, "ir demasiado rápido con impuestos significa pegarle demasiado al crecimiento. Lo central es ponerse de acuerdo que hay que caminar hacia allá, pero que el ritmo no puede ser irresponsable".
"La manera en cómo se plantea esto en la nueva constitución, con el tutelaje inmediato, puede provocar un montón de problemas", finalizó Valdés.
Por su parte, y bastante alineado con el planteamiento del ex ministro de Bachelet, Felipe Larraín indicó que, "vemos una serie de presiones fiscales, por ejemplo: La cantidad de derechos sociales que se tienen que financiar, la pérdida de iniciativas exclusivas del ejecutivo, que va a significar más gastos, la emisión de deudas a nivel de gobiernos regionales y locales, que terminan siendo una carga para el gobierno central, y la creación de empresas públicas".
"Toda esta mayor presión fiscal puede tener un impacto en al clasificación crediticia en un mayor costo del financiamiento del Estado, las empresas y las personas", agregó Larraín.
El ex secretario de Estado de Piñera, fue más crítico aun con los costos que implicaría la nueva constitución, ya que "la cuantificación presentada por el informe es conservadora, porque deja fuera, las implicancias en política tributaria de los mayores gastos, los ingresos que dejaría de percibir el Estado por cambios en la economía, el efecto del fin de las iniciativas exclusivas por el ejecutivo, el costo por demandas al fisco por cambios en derecho de propiedad y mayor gasto por presión al poder judicial".