Grandes desafíos, que involucran recaudación, crecimiento y gestión —más allá de la postura respecto de aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre—, es el análisis que dejó entre expertos de distintas tendencias el estudio 'Estimaciones del gasto fiscal directo de la propuesta de nueva Constitución', que fue desarrollado por un grupo transversal de economistas, integrado por Rodrigo Vergara (CEP), Rodrigo Valdés (Escuela de Gobierno PUC), Claudia Martínez (Instituto Economía PUC), Andrea Bentancor (FEN U. de Talca-Santiago), Gabriel Ugarte (CEP) y Guillermo Larraín (FEN U. de Chile).

En dicho documento, se estima que el gasto directo incremental de cumplir con todas las disposiciones de la nueva Carta Magna se ubica entre 8,9% del PIB, equivalente a US$ 25.210 millones y 14,2% del PIB, equivalente a US$ 40.109 millones, esto considerando costos de stock o déficit actuales (como listas de espera, resolver el déficit de vivienda, salas cuna o jardines infantiles, entre otros, prorrateado en 10 años), los costos administrativos involucrados en su ejecución y los costos en régimen.

Esto, manteniendo como referencia que el gasto fiscal de 2021 alcanzó el 33,3% del PIB, que con el tipo de cambio del estudio equivale a US$ 100.632 millones y que el presupuesto 2022 asciende a US$ 82.135 millones.

Según la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst, si bien ha habido aumentos importantes en los últimos años de los recursos fiscales para el ámbito social, 'queda un desafío pendiente de que esos recursos se traduzcan en mejores resultados: hay un tema de gestión, productividad y subutilización que en la propuesta de Constitución está al debe', mientras que en términos de financiamiento plantea que 'es un error si creemos que esto se debe financiar mediante aumentos de la carga tributaria únicamente: el tema de fondo es el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no vamos a tener los suficientes recursos fiscales para abordar estos desafíos, que, por lo demás, siempre han estado en la discusión'.

Ahora bien, hace ver su inquietud por la responsabilidad fiscal, considerando el efecto que podrían generar los cambios que propone la propuesta constitucional en 'iniciativa exclusiva presidencial o permitir endeudamiento a los gobiernos regionales', sumado a la potencial judicialización de los derechos fundamentales 'que podrían afectar el gasto público', citando el caso de Colombia.

Un reflexión similar realiza Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, quien afirma que 'estos números no son financiables según la capacidad que tiene actualmente nuestra economía, se requiere más crecimiento, volver a generar incentivos hacia la inversión y fortalecer la institucionalidad', ratificando que 'cumplir en un 100% los derechos que están establecidos no es gratis y podemos terminar en una situación mucho más compleja, con más deuda y con menos paz social'.

Con otra mirada, Alejandro Micco, de la FEN U. de Chile, también manifiesta inquietud por la falta de ‘musculatura' del Estado en términos de capacidad administrativa. 'Cuando las buenas reformas se hicieron en Chile, en general, eran una o dos por período presidencial y cuando se trató de hacer algo más rápido, no se logró', porque además, 'hay dificultades en la capacidad de gestión política y acuerdos'. En el tema de financiamiento, advierte complejidades aún mayores, porque 'vas a tener que hacer otra reforma tributaria, cuando recién estás apenas discutiendo una que no sabemos cómo va a salir y si va a recaudar lo que propone', lo que a su juicio 'puede generar un problema de frustración de expectativas muy grande'.

Un punto no menor para Luis Eduardo Escobar, del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), tiene que ver con que 'en términos per cápita, en los últimos años no hemos crecido prácticamente nada' y que si se quiere abordar el tema —entendido como un proceso—, 'es muy importante retomar una senda de crecimiento más acelerada'.

Con todo, afirma que no necesariamente se requerirá una nueva reforma tributaria, sino más bien 'mejorar la recaudación' y tomar en cuenta 'las restricciones fiscales que van a existir'.