En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que modifica la Ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad y mejorar los mecanismos de fiscalización y trazabilidad a través de un registro. Define que "las armas de fuego, sin importar su calibre, quedan bajo el control del Estado. Igualmente aplica para sus partes, dispositivos y piezas".

La delincuencia se ha visto potenciada por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes, que disponen de armamento de alto calibre para utilizarlo con el fin de resguardar la distribución y venta de drogas. Desde hace años que en el Congreso se estudiaban los cambios a la legislación de control de armas, para hacerla más eficiente y fortalecer la fiscalización, instalar un registro de cada arma y considerar a las municiones en la legislación. Durante el debate hubo coincidencia entre los senadores en la importancia de avanzar en la regulación de las armas en el país, sobre todo considerando que ha aumentado su uso por parte de delincuentes. Hubo opiniones que valoraron el proyecto, pero que a la vez pusieron el acento en la necesidad de atacar con más fuerza el mercado negro de su comercialización.

El narcotráfico es el campo delictivo más relacionado con el uso de este poder de fuego. En las redadas realizadas por las policías se decomisa armamento a las personas, lo que indica que pese a los operativos que se realizan y a la destrucción de material, hay una rápida reposición. Asimismo, ya pasaron a ser frecuentes los casos de balaceras entre traficantes en las poblaciones del país, que pugnan por el control de los barrios, y también los asesinatos y ajustes de cuentas con miembros de bandas rivales. Incluso, en ocasiones han caído víctimas inocentes y niños, como resultado de las balas perdidas.

Considerando que una encuesta realizada el año pasado por el centro de estudios Espacio Público y la empresa Ipsos reveló que el 53% de los consultados cree que la delincuencia es el problema más urgente que enfrenta el país, esta nueva normativa va en la dirección correcta para enfrentar con determinación un flagelo que está aumentando.