No es un tema desconocido que el financiamiento del proyecto del Gobierno de Sebastián Piñera que crea la Pensión Garantizada Universal o PGU tenía reparos, sobre todo respecto de cómo afectaba la sustentabilidad presupuestaria de su sucesor, Gabriel Boric. Ayer, en una carta a 'El Mercurio', los economistas Andrea Repetto (UAI), Eduardo Engel (ambos del consejo asesor del mandatario electo Gabriel Boric), José De Gregorio (FEN U. de Chile) y Rodrigo Valdés (Escuela de Gobierno UC) abordaron el tema, generando una ola de reacciones y cuestionamientos, que ponen un signo de interrogación sobre la posibilidad de que sea aprobada en una discusión que se retoma la próxima semana en el Congreso.

¿Qué dice la misiva? Cuestionan la fórmula legislativa usada por el Ejecutivo para la PGU mediante dos proyectos, uno —vía indicaciones— que aborda lo previsional, y el otro, con el financiamiento. Así, calificaron el mecanismo como 'una estrategia peligrosa, ya que con alta probabilidad se aprobarán solamente los gastos', y aunque recomiendan fusionar ambos textos, afirman que eso 'tampoco garantiza que los nuevos gastos tengan financiamiento y no empeoren la ya compleja situación fiscal', aludiendo al menor aporte al FRP y 'un menor gasto en pensiones del sistema antiguo que ya se usó hace tiempo en financiar reformas previas'. Asimismo, cuestionan el uso de 'supuestas holguras que no son otra cosa que un espacio fiscal fantasioso que depende de proyecciones poco realistas. Las holguras no existen cuando el déficit estructural está cerca del 4% del PIB'.

Dicho lo anterior, sugieren que 'la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses', y en un tono más político, advierten que la urgencia por mostrar avances 'no puede ser a costa de aumentar aún más los desequilibrios fiscales, por entendible que pueda ser que el Gobierno busque comprar una victoria política en sus postrimerías', concluye la carta. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, respondió que sería incomprensible no avanzar en esta materia, cuando aseguró que el financiamiento 'existe'. 'El proyecto está completamente financiado, porque por un lado hubo varios proyectos de ley de mejora de pensiones que no avanzaron en el Congreso y que tenían financiamiento, tenemos un proyecto de exenciones que nos da otra parte del financiamiento y hemos tenido muy buen crecimiento económico este año, lo que nos permite tener mayores ingresos fiscales el próximo año'. De hecho, en términos técnicos, el mayor cuestionamiento a la carta por parte del Gobierno es que levanta crítica a las 'holguras' para financiar la PGU, cuando se trata de provisiones del Tesoro Público, que es financiamiento comprometido (ver carta de la directora de Presupuestos Cristina Torres en A2).

Sobre la estrategia legislativa, el titular del Trabajo, Patricio Melero, detalló que los proyectos 'van separados, porque cuando los planteamos juntos en la ley corta que ampliaba y fortalecía el Pilar Solidario, la oposición lo encareció en más de US$ 1.000 millones sin tener facultades para ello'; mientras, con mayor dureza, su par de la Segpres, Juan José Ossa, desechó de plano la fusión y disparó contra los economistas de la carta. 'Nos llama la atención que algunos de esos economistas respaldaron la idea del programa del próximo Presidente en orden a que exista un aumento de pensión garantizada de $250 mil (y) ahora les preocupe su financiamiento', afirmó Ossa y aseveró que, de no prosperar la PGU, 'dudamos que el próximo 11 de marzo (el nuevo gobierno) sea capaz de presentar una iniciativa con aquello que prometieron, que son $250 mil y puedan plantear un financiamiento serio'.

¿Un acuerdo entre gobiernos?

La misiva también tuvo eco en el equipo de la próxima administración. A través de Twitter, el coordinador político del Presidente electo Gabriel Boric, diputado Giorgio Jackson, señaló que 'la situación en la que nos pone el Gobierno es muy compleja. El proyecto que presentó el Gobierno no tiene financiamiento, lo que es fiscalmente muy irresponsable y puede dejar un forado financiero', al tiempo que la diputada Karol Cariola (PC) afirmó que 'quedaría la impresión de que se quiere hacer una trampa a los chilenos y chilenas y, en particular, al nuevo gobierno de llevar adelante este proyecto sin financiamiento', e hizo un llamado a la actual administración 'a conversar, porque si realmente ellos tienen un interés genuino y el propósito de mejorar y aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas, nosotros también la tenemos, pero lo queremos hacer de manera responsable'.

El llamado a un acuerdo fue compartido por el diputado Gabriel Silber (DC), presidente de la comisión de Trabajo: 'Tenemos voluntad de avanzar legislativamente en esta materia, pero lo haremos de forma colectiva como oposición, y esperando también escuchar a las autoridades económicas del gobierno entrante'. En la misma línea, el diputado Manuel Monsalve (PS) dijo que 'esperaría que este gobierno saliente llegara a un acuerdo con el gobierno que va a encabezar Gabriel Boric', con un financiamiento basado en 'ingresos nuevos a partir de modificaciones tributarias'.

Desde el Senado, en tanto, Ricardo Lagos Weber (PPD) anunció que 'como senadores de oposición, junto con la senadora Ximena Rincón (DC) y el senador Carlos Montes (PS), le pediremos un informe al Consejo Fiscal Autónomo para que se pronuncie sobre la forma que propone el Gobierno para hacer frente y financiar la PGU', recalcando que 'han pasado cuatro años y la demanda por mejoras de pensiones sigue en alto, y resulta que cuando el Gobierno manda una iniciativa lo hace con un financiamiento parcial'. En el oficialismo los cuestionamientos se enfocaron en el diputado Jackson. 'No dejan de sorprender las declaraciones de los diputados del FA luego de ganar la segunda vuelta, porque les bajó un ataque de responsabilidad fiscal', afirmó el diputado RN Frank Sauerbaum, emplazando a la oposición a que 'no les niegue la posibilidad a los adultos mayores de aumentar sus pensiones', mientras que desde la UDI Guillermo Ramírez separó las aguas entre la crítica técnica que, dijo, 'es válida' y la política. 'Si no hay buena voluntad, obviamente que no lo vamos a poder sacar'.