Partió el 8 de julio de este año, como una toma de la ACES (estudiantes secundarios), a la que se fueron sumando de poco otras organizaciones ligadas al estallido social. Cinco meses después, la ocupación de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) continúa con carácter de 'permanente' y sus protagonistas advierten que el inmueble se transformará en una suerte de casa okupa, donde funcionarán como un centro de memoria.

Cómo recuperar el espacio fiscal es resorte del director del INDH, Sergio Micco, cuya estrategia de negociación fracasó y, además, sus alternativas se ven complicadas por la división del consejo directivo, que opera con dos facciones: una de seis miembros y otra de cinco (ver recuadro).

Todos se reunirán de manera virtual y extraordinaria a las 18:00 horas de esta tarde para analizar los caminos a seguir, en un encuentro precedido por un correo del consejero Carlos Frontaura (de derecha), en que señala que, aunque ha respaldado a Micco, la situación de la toma no da para más.

En la sede del INDH no sólo existen papeles, sino que están los servidores institucionales, con delicada información confidencial. Los ocupantes del edificio pidieron que la documentación fuera retirada o la entregarían a otras organizaciones de derechos humanos, que pudieran actuar como garantes.

Ahí está, por ejemplo, una copia digital completa del Informe Valech, con sus apartados secretos incluidos, es decir, con la identificación de víctimas que no quisieron dar a conocer sus identidades. También están los relatos de víctimas del estallido social y de torturas y vejaciones ocurridas en cárceles, comisarías y cuarteles policiales en la última década.

Y si bien el consejo puede seguir reuniéndose, la privación de la sede le provoca problemas de funcionamiento. Un consejero dice que, por ejemplo, están suspendidos cursos de derechos humanos a Carabineros y a las Fuerzas Armadas, así como dificultadas causas que afectan a pueblos indígenas, contaminación de aguas costeras, temas de salud, mujeres, niñez.

Otro elemento de presión es que para seguir contando con la máxima certificación de autonomía como organismo de derechos humanos de la ONU —otorgada por The Global Alliance of National Human Rights Institutions—, el INDH requiere de su sede propia.

El INDH propuso en agosto la entrega de su sede y conformar una mesa para dialogar sobre la situación de los derechos humanos y la reparación necesaria. Ello no resultó. También conformó un grupo de tres consejeros, elegidos por sus nexos universitarios y por representar distintas sensibilidades; sin embargo, las misiones de diálogo de Carlos Frontaura, Yerko Ljubetic y Debbie Guerra no resultaron, porque no fueron recibidas por los ocupantes, quienes postergaron las reuniones con distintos argumentos.

El petitorio de los responsables de la toma tampoco puede ser resuelto por el INDH, pues no tiene la facultad de otorgar fondos de reparación a víctimas o para liberar a los 'presos de la revuelta'.

Desde la oposición a Micco en el consejo dicen que una alternativa es aplicar el 'protocolo ONU', es decir, cortar los servicios básicos del inmueble. Sin embargo, casi no hay casa okupa que cuente con estos servicios. Y ante la consulta de si respaldarían a Micco en caso de que pida el desalojo mediante la fuerza pública, responde que no cree que ello ocurra y que le faltó 'fuerza' para transmitir el petitorio al Gobierno.

Además otro caso empaña los acercamientos entre los consejeros: la renuncia de Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos. El dice que al INDH le falta ser más firme en la defensa de los DD.HH. Otros recuerdan que él es parte de un sumario interno en una supuesta irregularidad en tiempos de Consuelo Contreras y que además es cercano al 'grupo de Boric', por lo que podría colaborar en el futuro gobierno.