'El mayor riesgo de Chile es el populismo, el que haya un Estado dominante o que la violencia política se consolide como una herramienta legítima para los cambios sociales', advierte el economista Bernardo Fontaine. Director de empresas, desde 2014 que Fontaine ha estado en la escena pública desde la plataforma Reforma a la Reforma, criticando y proponiendo soluciones en materias laborales, de impuestos y de pensiones.

Hoy, tras el estallido social y en conjunto con varias personalidades del ámbito de los negocios y la economía, decidió concretar la Fundación Ciudadanos en Acción, para dar un cauce más institucional a estas propuestas. En el proyecto participan, como miembros de su consejo, el economista y socio de Gerens, Patricio Arrau; la directora de empresas y experta en investigaciones de mercado, Verónica Edwards, y el emprendedor Diego Fleischmann, entre varios.

El norte de la fundación es ser una plataforma para comunicar y para que los ciudadanos participen de las decisiones públicas en temas socioeconómicos. En otras palabras, viabilizar ideas y propuestas de todos quienes no están involucrados en la política. 'Lo que nos anima es que Chile sea la sociedad más libre y digna posible. Nos vamos a involucrar en la discusión constitucional, en las medidas de la agenda social y las que vengan en el futuro. Porque pensamos que estamos con un riesgo muy fuerte de que caigamos en un populismo a la Argentina, tomar un curso hacia una argentinización, una política de clientelismo, de grupos de presión y de falta de rigor en las políticas publicas', advierte Fontaine, quien plantea que quieren mostrar las ventajas de vivir en mercados competitivos, con un Estado presente y eficaz, 'pero no un Estado que ahoga', dice.

Revela que la propuesta en la que han estado trabajo es en materia de pensiones, sobre el aumento de cotización. Esta propuesta considera que haya un aumento de cinco puntos en la cotización y que, de ese total, tres puntos vayan a capitalización individual y dos a un 'préstamo' para ayudar ahora a mejorar las pensiones de la clase media. Es decir, que el Estado asuma un rol, pues ese aporte que recibiría vendría de los trabajadores, porque esos recursos salen a fin de cuentas de la existencia de un contrato de trabajo, independiente de que quien lo financie sea el empleador.

¿Cómo tendría que aportar el Estado? Con un bono de reconocimiento: que a todo trabajador que haya aportado con su 2% de cotización durante su vida laboral, el Estado le devuelva, al momento de su propia jubilación, en la forma de este bono un valor equivalente a la suma de cotizaciones que esa persona entregó al Estado, reajustadas y más un 1% de interés anual.

En los grandes números, esta propuesta considera que con lo que se recaude, subir de forma inmediata las pensiones en $70 mil para la clase media, esto es, para quienes reciban pensiones bajo los $500 mil y que sean parte del sistema contributivo, es decir, los autofinanciados y los del Aporte Previsional Solidario (APS). Fontaine visualiza que el incremento de pensiones de $70 mil puede ser parejo para todos quienes estén en este grupo de beneficiarios, sin perjuicio de que se abre a que en la discusión política se opte por otras definiciones. Por ejemplo, aportar más a las mujeres de este grupo. Fontaine visualiza que este mecanismo se implemente por 20 años, pues así cubriría el período álgido en que se darán las jubilaciones de trabajadores que tuvieron problemas de lagunas previsionales, subcotizaciones o vivieron las grandes crisis económicas. Es decir, 'donde está el grueso del hoyo', en materia de pensiones.

Detalla, además, que no implica un impacto directo al fisco de una vez, pues cuando la persona se jubila se imputa esa devolución para el cálculo de la pensión, pero el fisco lo paga de manera distribuida en el tiempo. 'El cotizante que está jubilando, a través de su institución previsional, venderá este bono de reconocimiento en un remate, para reunir los fondos acumulados en su cuenta individual en la AFP con el dinero obtenido en la venta del bono de reconocimiento para recibir su jubilación. El Estado pagará ese bono en los siguientes 30 años después de emitido', detalla.

Dado ese escenario, calcula que la deuda fiscal aumentaría, 'pero muy lentamente'. 'Las estimaciones son que la deuda pública aumentaría menos de 1% del PIB en los primeros 10 años y a no más de 4% al año 20. Luego volvería a bajar', dice. Eso sucedería primero porque el bono se pagará a lo largo de 30 años después de que jubiló el cotizante, no inmediatamente al jubilar, y segundo, por el lapso de 20 años ya mencionado de diseño de esta fórmula. 'Es un esfuerzo enorme, pero no es una bola de nieve infinita', destaca. Fontaine enfatiza que esta propuesta tiene la ventaja de conciliar de buena forma no perder el principio de que la cotización es de cada trabajador, pero con la necesidad de allegar recursos ahora y de manera importante y maciza para mejorar las pensiones de la clase media.

'Lo que no nos gusta del reparto que propone la oposición es que significa que la clase media va a tener menos cotizaciones acumuladas en su cuenta individual cuando llegue a jubilar —13% en vez de 15%—, y más bajas pensiones. No nos parece justo', dice, recalcando que los verdaderos grandes ingresos no son los que cotizan y los grandes sueldos cotizan con un tope. O sea, el reparto así planteado se haría con los sueldos de la clase media. Su propuesta, en cambio, como involucra una devolución de lo aportado, no la perjudica.

Explica que esta propuesta la ha socializado ya con parlamentarios y ministros —que prefiere no identificar—, pero dice que ha habido buena recepción.

La iniciativa no considera una estructura particular para administrar este sistema, sino tal como se administra el Pilar Solidario.

Respecto de la institucionalidad de las AFP, cree que debe ser cambiada radicalmente, aplicándole una 'cirugía mayor'. Habla de transformarlas en Sociedades de Ahorro Previsional, con comisiones variables por rentabilidad, y para el 13% de cotización. 'Debieran poder compartir vendedores, sucursales, con otros negocios', dice, mencionando, por ejemplo, que un sindicato pueda hacer una sociedad de ahorro previsional, lo mismo que una caja de compensación, una administradora de fondos mutuos y el mismo Estado. 'La gente quiere tener más alternativas y opciones, incluida una estatal, que en igualdad de condiciones con las demás, compita', dice, desestimando que los cotizantes no sean receptivos incluso en un mercado sofisticado como este.

'Habría mucho más esfuerzo de esas entidades por captar cotizantes', plantea, ejemplificando con aspectos prácticos que involucren mucho más a las personas y que les ayuden a generar conciencia y motivación al ahorro. Cosas tan simples como que les llegue la información al celular cuando entra la cotización a su cuenta.