Señora Directora: La crisis sanitaria ha dejado al descubierto la falta de infraestructura social en los sectores más vulnerables.

El último plan de infraestructura que presentó el gobierno, se hace cargo de esta realidad al anunciar comisarías, escuelas, centros de salud, museos, teatros, edificios consistoriales, entre otros; sin embargo, se observa que estas obras serían financiadas en forma directa con recursos fiscales. La participación del sector privado financiando este tipo de obras, en el marco de la Ley de Concesiones, podría ser considerada para reducir el impacto en la caja fiscal en el corto plazo.

El desarrollo de infraestructura social con la participación del sector privado en Chile lleva más de 2 décadas, pero se ha concentrado en proyectos relativamente grandes (hospitales, recintos penitenciarios, etc). El desafío es estructurar proyectos de menor tamaño, de modo que la participación privada sea viable. Esto requiere 'empaquetar' proyectos similares, y adaptar la institucionalidad existente a este tipo de proyectos.