Pais:   Chile
Fecha:   2020-11-23
Tipo:   Prensa Escrita
Página(s):   B11
Sección:   Economía y Negocios - Inteligencia Digital
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El Mercurio
Al mismo tiempo, asociación de alcaldías advierte que los plazos delineados por la ley son 'inviables':
Se acelera la transformación digital del Estado en municipalidades y otros servicios públicos
Según lo dispuesto por el reglamento respectivo de la ley, para fines de 2022 las comunicaciones entre organismos públicos y de varios de ellos con la ciudadanía deberán hacerse solo por medios electrónicos. Para 2024, cuando debiera haberse implementado en su totalidad el proceso de digitalización, el Gobierno estima ahorros de US$ 560 millones anuales por la eliminación del papel.
La transformación del Estado continúa su marcha hacia los objetivos fijados con la promulgación de la ley del mismo nombre hace un año. Y este mes, el Presidente Piñera firmó el decreto que establece la gradualidad de este proceso, donde se dispone que los primeros organismos en desplegar la transformación sean la administración central del Estado, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y de Orden, los gobiernos regionales y las municipalidades.

Las metas y los plazos están claramente establecidos. Según explica la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las comunicaciones oficiales entre organismos públicos deben ser 100% electrónicas a fines de 2022. Esto se hará en una plataforma llamada DocDigital.

La misma fecha tiene como objetivo el que las comunicaciones oficiales de parte del Estado hacia cada ciudadano sean realizadas a través de notificaciones electrónicas.

Un año después de eso deberán estar digitalizados todos los trámites, de acuerdo con el decreto. En todo caso, según el Gobierno, ya el 63,5% de los trámites de la administración central del Estado están digitalizados. Una meta previa es, para diciembre de 2021, alcanzar la digitalización del 80% de estos.

Finalmente, para las postrimerías de 2024 debería estar implementada la 'interoperabilidad de las instituciones', es decir, que una persona no deba presentar certificados o documentos que ya estén en manos del Estado, sino que los distintos servicios puedan compartirse automáticamente esa información.

Según la Dirección de Gobierno Digital, el funcionamiento de la plataforma DocDigital ahorraría al Estado unos US$ 560 millones anuales en 'papel, gestión de documentos y bodegaje', de estos, donde tan solo la Plataforma de Notificaciones del Estado evitaría al país gastar unos US$ 40 millones en cartas certificadas. También se ganaría tiempo: la misma entidad cita un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2018 al señalar que 'un trámite en línea demora en promedio 74% menos que uno presencial y es un 90% más barato'.

La conectividad es un paso previo

'Obviamente, el primer esfuerzo que se debe hacer es en los gobiernos comunales, porque son los que tienen el contacto directo con las personas', asegura el senador Kenneth Pugh (ind., RN). Para lograr conectar a todas las municipalidades, advierte el parlamentario, 'es necesario avanzar en el despliegue de fibra óptica a todas las comunas de Chile', algo que dice en estos momentos se está haciendo: 'Con el subsidio a las telecomunicaciones de la Subtel, se están instalando 10 mil kilómetros de fibra óptica terrestre nacional, lo que permitirá a todos los municipios disponer de conexión de la más alta velocidad'.

El proyecto Fibra Óptica Nacional que menciona el senador debiera entrar en operación durante el año 2022, de acuerdo con las bases de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), al menos para las macrozonas que fueron adjudicadas —todas a WOM—, ya que la zona sur volverá a licitarse en enero de 2021. 'El paso siguiente es lo que se conoce como ‘última milla'. En el Congreso estamos viendo la factibilidad de que recursos espejo del Transantiago puedan ser usados por los gobiernos regionales —a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional— para conectar, por ejemplo, a escuelas y consultorios', agrega el senador.

Sin embargo, en la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) son pesimistas. Señalan que han destacado en varias ocasiones 'la preocupación por el corto plazo de implementación de estas iniciativas', especialmente en relación con los municipios más pequeños y alejados de la capital. Así, según la asociación municipal, concretar los objetivos de Transformación Digital en los plazos definidos por la ley 'es absolutamente inviable, dada la espaciosa brecha y divergencia de la realidad municipal existente', alegan en la AChM, debido a los bajos presupuestos de muchas alcaldías, indicaron. Por esto, sostienen, han pedido la extensión de los plazos para cumplir con la ley de Transformación Digital del Estado.

Identidad y domicilio digitales

Las metas de la transformación digital del Estado requieren del establecimiento de un domicilio digital, lo que va asociado al desarrollo de una identidad digital.

El domicilio digital 'es un lugar físico donde queda almacenada toda tu información', indica el senador Pugh. Su existencia y funcionamiento dependen fuertemente, explica el parlamentario, de la definición de una nueva Ley de Datos Personales y de la creación de una agencia de protección de la información personal 'autónoma, que sea capaz de ver todo lo relacionado con datos, desde la protección de los datos de las personas y su privacidad a la integración de los datos, su interoperabilidad'.

Pugh indica que ya hay un buen ejemplo de domicilio digital: el que dispone para cada contribuyente el Servicio de Impuestos Internos. Eso mismo, pero a nivel de todos los servicios del Estado y de forma en que estén todos comunicados y puedan compartir información entre sí, es el objetivo.

Otro elemento clave para la transformación digital —parte de las recomendaciones de la OCDE a nuestro país— es la creación de una identidad digital, explica el senador Pugh, que entregue certeza jurídica de la identidad de una persona en el mundo digital. Es el Registro Civil el llamado a crear esta identidad, detalla, lo que implica un carnet de identidad con un chip más avanzado.

Lo anterior, porque la actual Clave Única no es suficiente. 'Cualquiera puede suplantar a alguien' con ese sistema, indica el parlamentario. La Clave Única 'solo asegura que tú conoces el usuario y contraseña de alguien, nada más', concuerda el director de Nivel 4 CyberSecurity, Fernando Lagos.

Un mecanismo adecuado de identidad digital, señala el senador Pugh, debe combinar algo que el usuario conoce, como su RUT y algo que posee, como ese carnet de identidad con un nuevo chip, que pueda introducirse a un dispositivo que identifique a la persona a quien se emitió. Y junto a ello, explica, un tercer factor de autenticación, como el envío de un código por SMS. Con todo, el parlamentario advierte que ningún sistema es infalible e incluso con estas medidas se podría suplantar la identidad del ciudadano.

Plataforma de interoperabilidad

El senador Pugh agrega como otro elemento básico el establecimiento de una plataforma de interoperabilidad, que sea la que reúna la información que maneja el aparato estatal, debiendo garantizar 'trazabilidad, que se sepa qué pasó y en qué lugar, e integridad, que nadie pueda cambiar los datos', explica.

De acuerdo con el parlamentario, estos requisitos pueden cumplirse hoy con sistemas basados en blockchain, o incluso sin aplicar esta tecnología, con plataformas como X-Road, desarrollada por Estonia, usada también por Finlandia y que, agrega el senador, está estudiando aplicar, asimismo, Colombia.

'Este es un sistema abierto y se distribuye gratuitamente a los países', explica Pugh. Y agrega que 'lo ideal es que Chile adopte un estándar abierto, pues lo peor que puede hacer el país es ponerse a desarrollar su propio estándar de interoperabilidad, porque termina siendo una carga gigantesca para el Estado'. En definitiva, 'la tecnología toda existe, lo que hay que hacer es transformar a las personas. Es una nueva cultura', señala el parlamentario.

Recuadro
'El primer esfuerzo que se debe hacer es en los gobiernos comunales, porque son los que tienen el contacto directo con las personas'.
Kenneth Pugh Senador (ind., RN).


Dudas sobre la capacidad de velar por la seguridad de un Estado digital

En la visión del director de Nivel4 CyberSecurity, Fernando Lagos, la transformación digital del Estado está siendo apresurada, pese a no existir las condiciones para su correcta implementación. El experto asegura que las autoridades no han abordado aún los riesgos de suplantación de identidad o la protección de datos personales, por lo que advierte que 'el Gobierno no es capaz de asegurar la confidencialidad ni la integridad de la información'.

Un ejemplo de aquello, según el ejecutivo de Nivel4, es que ante la vulneración del acceso por parte de hackers a las Claves Únicas, el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas del Gobierno (CSIRT) debió haber informado a la población del incidente y de los pasos a seguir —como notificar a los afectados para que cambiaran sus claves, o identificar las bases de datos y sistemas expuestos y cambiar sus contraseñas—, pero en su lugar, al día de hoy, 'las personas afectadas por esta exposición de datos no tienen idea de si fueron víctimas o no, o de si su información está siendo vendida o usada para cometer fraudes', advierte.

'La transformación digital no es simplemente comprar servidores y programar sistemas, sino que se necesita generar un ecosistema digital y educar a las personas sobre sus ‘ciberderechos' y ‘ciberdeberes'. No estamos preparados', enfatiza Lagos.
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Ramón Rivera Notario-