En 2017, los establecimientos educacionales que reciben aportes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) sólo utilizaron el 65,7% de la suma de recursos entregados ese año y los acumulados en años previos. Quienes menos gastan son escuelas rurales y con bajo desempeño académico. Este es uno de los datos más preocupantes que revela el análisis del Centro de Políticas Públicas UC sobre la gestión y uso de estos recursos, en los primeros diez años de implementación de esta subvención.

Hoy se discute en el Senado un proyecto de ley que busca modernizar la SEP. Dentro de los cambios que contemplaría se encuentra otorgar mayor flexibilidad al uso de estos recursos por parte de las escuelas, cuestión frecuentemente demandada por los sostenedores, y que a primera vista sería la respuesta inmediata al problema de la baja ejecución.

Lo cierto es que otorgar esta mayor flexibilidad no es algo novedoso. En dos ocasiones se han aprobado cambios normativos puntuales que han abierto la posibilidad de que las escuelas gasten en fines distintos al mejoramiento educativo, como mantención, infraestructura, equipamiento, entre otros. Por su parte, desde 2014 la Superintendencia de Educación ha emitido dictámenes que han autorizado nuevos gastos con cargo a la SEP. Si bien estos cambios han aumentado el uso de los recursos, no han resuelto del todo el problema.

Es más, si se observan los niveles de ejecución de otros aportes que reciben los colegios, como la subvención general o el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que son mucho más flexibles que la SEP y autorizan gastos en ítems como mejoramiento de gestión, aumento de matrícula, infraestructura o equipamiento, nos darnos cuenta de que tampoco son totalmente utilizados: en 2017, la subvención general reporta una ejecución del 88,9% y el FAEP de apenas un 32,4%.

¿Es entonces la "estricta" restricción al uso de recursos de la SEP la única causa que explica la baja ejecución? La respuesta parece negativa. El problema es de carácter más estructural y se relaciona con la baja capacidad de gestión financiera de colegios y sostenedores, cuestión que ha sido poco estudiada y tangencialmente abordada por el sistema de aseguramiento de la calidad (Mineduc, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación).

Consideramos relevante que el proyecto de ley en discusión pueda ser aprobado, de manera de modernizar y actualizar la SEP. Sin embargo, junto con eso es clave instalar capacidades en los equipos sostenedores y directivos para que puedan hacer un correcto uso de los recursos. Sólo de esta manera lograremos que tanto la SEP corno otros programas logren mejorar la calidad de la educación, que lleva estancada más de una década.