El cambio climático, aunque tal vez un poco olvidado por las urgencias de la pandemia, sigue al centro de la agenda internacional. Prueba de ello es la Cumbre de Líderes sobre el Clima, realizada recientemente, donde la ministra Carolina Schmidt declaró que 'el cambio climático no ha estado en cuarentena'. Con esto, muy probablemente se refería a los esfuerzos de Chile, en el marco del Acuerdo de París, por generar una estrategia de cumplimiento de la Contribución Nacional Determinada y a la tramitación del proyecto de ley marco de cambio climático.

Con el objetivo de aportar al debate parlamentario, junto a un equipo interdisciplinario de académicos y académicas de la UC —pertenecientes al Grupo Asesor en Medio Ambiente (GAMA), al Centro de Cambio Global y al Centro de Derecho y Gestión de Aguas—, con el apoyo del Centro de Políticas Públicas UC, generamos una serie de reflexiones y recomendaciones acerca de este proyecto.

Primero, planteamos la importancia de dimensionar el desafío de coherencia y articulación normativa que el proyecto impone. Este incluye modificaciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, a la ley que crea la Superintendencia del Medio Ambiente y a la que crea los Tribunales Ambientales, además de generar múltiples y variados reglamentos para su implementación, sin los cuales la ley sufrirá del síndrome 'mucho ruido y pocas nueces'.

Los retos que el cambio climático plantea exigen una coordinación multisectorial a diferentes escalas e impulsan la búsqueda de nuevas formas de gobernanza. En este sentido, es urgente que se aborde de manera realista y detallada el rol que las municipalidades pueden asumir, y que se revise la necesaria coherencia entre las tareas que el proyecto les asigna y los recursos disponibles. El nivel local de la gobernanza del cambio climático no debería ser el eslabón más débil de la cadena.

Por otra parte, la evidencia científica debe ser incorporada en el diseño de una política nacional de cambio climático. Reconocemos el gran avance de institucionalizar la creación de un Comité Científico Asesor, pero se deben establecer mecanismos claros y transparentes que incentiven, aseguren y formalicen la labor de los expertos, al tiempo que regulan eventuales conflictos de interés. Por último, es crucial incorporar como principio rector de este proyecto de ley el acceso a información y participación.

Los desafíos que el cambio climático impone son enormes. Hacemos un llamado a no repetir la historia inconclusa de tramitaciones legislativas fundamentales que después de años aún no logran ser aprobadas. Vamos por buen camino. No perdamos la oportunidad de mejorar y aprobar este proyecto de ley, asegurando coherencia en todas las etapas y niveles del modelo de gobernanza que el cambio climático requiere.