Agosto es un mes en que se pone de relieve la acción solidaria de miles de organizaciones de la sociedad civil que aportan desde distintos ámbitos y entornos al bienestar de la población. Según antecedentes del Centro de Políticas Públicas de la UC, existen 234.502 en nuestro país, proporcionalmente más que en Estados Unidos y Australia, y el informe destaca que más del 90% de ellas surgen luego del retorno de la democracia, casi la mitad a partir de la implementación de la ley 20.500 que simplificó su constitución.

El tema no es menor porque da cuenta que la sociedad civil se nutre y aporta en la democratización del poder, funciona como un espacio de legitimidad en que la participación ciudadana permite poner foco en intereses y necesidades donde muchas veces la acción del Estado es lejana o inexistente. De allí que naturalmente sea en este espacio en que la innovación se hace cargo de los márgenes de la política pública, cuando las dimensiones o la dispersión de grupos invisibles para la oferta estatal, adquieren relevancia desplazándose la frontera por la acción decidida de una Fundación u ONG que articula los esfuerzos en los territorios y, aún con muchas dificultades de financiamiento, logra sustentar su acción.

Asimismo, las Organizaciones de la Sociedad Civil emplean al 3,6% de la población activa y tienen un impacto global de 2,1% del PIB, es decir en su conjunto mueven recursos humanos y económicos similares a industrias como el turismo. En general, existe una gran valoración de la población por el quehacer de estas organizaciones, sin embargo, ello no obsta para mayores demandas por transparencia y eficacia. En ese sentido, es valorable el esfuerzo que se ha impulsado durante años por las comunidades de organizaciones solidarias para promover el uso de la Fecu social como instrumento de reportabilidad financiera y operacional. También el trabajo de la Fundación Lealtad ha sido clave en promover estándares de transparencia necesarios para una adecuada gobernanza de las organizaciones. Asimismo, Fundación San Carlos de Maipo, ha apoyado a organizaciones en la generación de evidencia y en el diseño de sus programas sociales a través de "Mi Mapa", promoviendo la evidencia como un fundamento ético de garantizar el bienestar y la causalidad de las acciones derivadas de la implementación de programas Sociales. También, ha liderado el desarrollo de nuevos modelos de financiamiento para la actividad solidaria, levantando el primer contrato de impacto social, el que permite generar financiamiento privado para la solución de problemáticas sociales, por medio de la implementación de programas con evidencia, donde la premisa fundamental es el pago contra resultados.

Existen importantes desafíos para el sector en materia de gestión, acceso al financiamiento, inversión en formación de sus equipos y otros, pero sin duda estamos enfrentando como sociedad la necesidad de fortalecer a las organizaciones que trabajan en el sector solidario, ellas son un engranaje relevante para los cambios que nuestro país demanda.

Hoy en el Congreso avanza un proyecto que moderniza la Ley de Donaciones, que busca incorporar fines hasta ahora excluidos y mejora estándares de transparencia. Es una oportunidad que debiera permitir renovar la fuerza que este sector necesita, luego de años muy difíciles, para proyectar su aporte con el vigor que se requiere en esta nueva etapa por el bien de Chile.