Debido a los confinamientos y la emergencia sanitaria generados por la pandemia, el diagnóstico y tratamiento de nuevos tumores se vio afectado fuertemente en todo el planeta. Una realidad que en Chile causará al menos 7.000 muertes más por esta causa de aquí a 2030, según un estudio publicado ayer por la revista The Lancet Oncology y realizado por un equipo de investigadores nacionales y extranjeros.

Mediante modelamientos matemáticos, para el estudio se proyectó el número de muertes posibles asociadas a cinco tipos de cáncer —mama, cervical, colorrectal, próstata y estómago—, causantes de la mitad del total de muertes oncológicas en el país, y se comparó con un escenario en el que no hubo pandemia.

'Estimamos un exceso de 3.542 muertes, principalmente antes de 2025, debido a un retardo en el diagnóstico desde el inicio de la pandemia. Si consideramos que eso corresponde solo a estos cinco tumores, estimamos que habrá al menos 7.000 muertes extras para la totalidad de los cánceres en el período analizado', explica Bruno Nervi, académico de la Facultad de Medicina de la U. Católica y uno de los investigadores involucrados en el estudio, en el cual también participaron expertos de la U. de Harvard, de la University College de Londres y de Fonasa.

'Desde el inicio de la pandemia se sabía que habría un impacto en otros problemas de salud. La gente no tenía adónde ir o no quería salir por temor al contagio, y eso influyó en una disminución de los diagnósticos', agrega Jorge Jiménez de la Jara, presidente de la Fundación Foro Nacional de Cáncer y otro de los autores del trabajo.

La notificación de nuevos casos cayó a la mitad (lo habitual era 5 mil diagnósticos nuevos de cáncer al mes). 'En países como Holanda, los diagnósticos disminuyeron en 25% durante la primera ola; en Inglaterra en 45% y Brasil reportó una reducción de 35%, por ejemplo', agrega Nervi, quien también es presidente de la Fundación Chilesincáncer.

A medida que avanzaron las campañas de vacunación y los desconfinamientos, se retomaron las consultas y exámenes.

'Este retardo en identificar nuevos casos implica realizar muchos diagnósticos en etapas más avanzadas, que requieren tratamientos más caros, que serán menos efectivos y que afectan el pronóstico y la sobrevida del paciente', precisa Jiménez de la Jara.

Algo no menor en Chile, en donde el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel nacional y primera en cinco regiones. 'Al año mueren 28 mil personas por cáncer, casi la misma cantidad de fallecidos por covid-19 en el primer año de pandemia', ejemplifica Nervi, quien destaca que se han realizado cambios importantes en los últimos años en la materia, como el primer Plan Nacional de Cáncer (ver recuadro).

Para los expertos, esta proyección en el número de potenciales muertes por cáncer en los próximos años es posible de revertir. 'Conocer estos datos permite tomar medidas, como darle urgencia a retomar el tamizaje lo antes posible a nivel público (mediante exámenes como mamografías, Papanicolau y colonoscopias), para hacer diagnósticos más precoces, así como retomar tratamientos interrumpidos', dice Nervi.

Esto ayudará a reducir las brechas de acceso a diagnóstico y tratamiento, que potenció la pandemia.

Al respecto, el ministro de Salud, Enrique Paris, explica que 'gracias a la Ley del Cáncer, aprobada en 2020, tenemos un presupuesto histórico anual de 335 mil millones, justamente para reactivar los diagnósticos tempranos, evaluar el estado de progresión según cada tratamiento, y aprobar más cirugías y terapias'.

La autoridad reconoce que se está haciendo 'todo lo posible para que el sistema vuelva a funcionar como antes de la pandemia', pero que eso puede tardar hasta un año y medio.

Para la senadora Carolina Goic, miembro de la Fundación Foro Nacional de Cáncer, urge apresurar ese proceso. 'Hace tiempo dijimos que el covid-19 escondía otra pandemia que es la de cáncer en personas no diagnosticadas y tratamientos interrumpidos. Por eso es tan importante avanzar rápido en la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, y que de manera urgente se utilicen los $60 mil millones (un porcentaje de lo que entrega la nueva ley) destinados para tratamientos de alto costo que no están ni en el GES ni en la ley Ricarte Soto'.