Abordar el déficit habitacional con un mejor sistema de subsidios para arriendo, con instrumentos permanentes, un stock de viviendas adecuado, que permita a los usuarios residir por largo tiempo y que cuente con una nueva institucionalidad regulatoria que incorpore a más actores, entre ellos privados y entidades sin fines de lucro. Esas son algunas de las propuestas que emanan de un reciente trabajo del Centro de Políticas Públicas UC, que conformó una mesa de expertos para analizar el mercado de subsidios de arriendo habitacional en el país y proponer mejoras. En el documento 'Arriendo asequible en Chile: propuestas para implementar un sistema de vivienda basado en el bienestar social', participaron profesionales de diversas áreas de la UC: Luis Eduardo Bresciani, Diego Gil, Felipe Link, Alejandra Rasse y Javier Ruiz-Tagle.

El informe señala que aunque la mayoría de los hogares prioriza obtener una vivienda en propiedad, la urgencia del déficit habitacional en Chile obliga a diversificar los instrumentos para avanzar en el acceso a la vivienda. Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la carencia de vivienda alcanza a 512 mil unidades, considerando a las familias que viven en campamentos. El texto señala que se requiere desarrollar una política de arriendo que garantice la asequibilidad y seguridad de la tenencia, reconozca la diversidad de los hogares, asegure estándares mínimos de calidad y localización, y articule distintos esfuerzos. Agrega que su diseño debe ser participativo y descentralizado. Indica que es necesario impulsar la construcción de viviendas nuevas para estos fines, pero también habilitar stock existente.

Asimismo, señala que se debe asegurar la cobertura a usuarios con distintos niveles de ingresos, mediante cánones diferenciados de arriendo —que no superen el 30% del presupuesto familiar, lo que incluye la posibilidad de copago cero— y se les debe involucrar en las decisiones y tareas de gestión de las unidades. En su análisis, el documento indica que el actual subsidio a la demanda de viviendas en arriendo (DS 52) 'ha mostrado ser insuficiente', pues no ofrece seguridad en la tenencia, y eso llevaría a una subutilización del beneficio, agrega. El DS 52 constituye un apoyo monetario para núcleos familiares que pertenecen al 70% más vulnerable de la población, para arriendos de hasta 11 UF, dependiendo de la comuna donde se ubique la vivienda. El subsidio es de 170 UF, que se entregan en cuotas mensuales de hasta 4,2 UF, beneficio que no puede superar los ocho años, menciona el informe.

A ese ritmo, 'en tres años y medio se acaba el subsidio de 170 UF, lo que genera incertidumbre para la oferta y los arrendatarios. Por ello, la tasa de uso del beneficio es baja, de 40% hasta 2019', comenta el director de la Escuela de Arquitectura de la UC, Luis Eduardo Bresciani. Por ello, Bresciani destaca que el subsidio al arriendo no debe ser transitorio para las familias, sino que de mayor duración mientras estas reúnen el pie para adquirir una vivienda o acceden a beneficios para la compra, que incluso puede ser la misma unidad que están alquilando. Otro tema relevante que señala es la creación de una institucionalidad para regular el sistema de arriendo con subsidios, que ayude a la producción de proyectos e incorpore a más actores para atacar la 'crisis de oferta' habitacional.

Los nuevos 'jugadores' podrían ser municipios, asociaciones sin fines de lucro y actores del mundo privado. El informe indica que 'el desarrollo de proyectos de vivienda en arriendo requiere la articulación con empresas privadas para obtener financiamiento. Los bancos, en este sentido, deben participar de forma activa'. El documento agrega que 'el Estado podría ofrecer garantías, abaratando así los costos del crédito necesario para desarrollar los proyectos'. Bresciani indica que la creación de instrumentos de largo plazo ayudaría a que los actores del mundo público y privado confíen en que se puede generar nueva oferta habitacional. La colocación de suelo estatal para que privados desarrollen viviendas para arriendo es una fórmula posible para activar proyectos, dice. Con una regulación fuerte de todos modos, precisa. El informe señala que la supervisión debe estar ligada a los estándares habitacionales, el entorno y los servicios.