El 17 de octubre pasado se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, proclamado por la ONU en 1992, donde se releva el desafío del primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que consiste en “poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”. Una de cada diez personas de regiones en desarrollo viven con menos de 1,90 dólares al día, cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, a raíz de los resultados de la Encuesta Casen 2020, reveló que el índice de pobreza en pleno año de pandemia se disparó al 10,8% de la población, más de dos puntos porcentuales superior al que había en 2017, el último dato oficial disponible. La cifra equivale a unos 2,1 millones de personas que se encuentran en condición de pobreza por ingreso. Desde 2006, cuando la pobreza alcanzaba 29,1%, el índice había ido decreciendo a pasos agigantados, alcanzando el mínimo de 8,6% en 2017. Pero con la pandemia volvió a deteriorarse. En cuanto a la pobreza extrema, el dato a 2020 habla de un 4,3% de la población, es decir, un poco más de 800.000 personas y casi el doble de 2017, cuando la proporción era del 2,3%.
Es evidente que la magnitud del desafío requiere pensar desde otra vereda, no sólo desde lo asistencial y paliativo con políticas contingentes de transferencias e ingresos, sino apuntar a movilizar inversión social que genere impacto con un retorno positivo permanente y de largo plazo, tanto para el Estado, como para las personas.
El informe “Reducir la pobreza mundial a través de la educación primaria y secundaria universal”, realizado por el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO, muestra que cerca de 60 millones de personas podrían escapar de la pobreza si todos los adultos tuvieran tan solo dos años más de escolaridad.
La evidencia internacional es contundente en demostrar que la educación tiene repercusiones directas e indirectas, tanto en el crecimiento económico, como en la pobreza. La educación proporciona habilidades que aumentan las oportunidades laborales y los ingresos, al tiempo que ayuda a proteger a las personas de vulnerabilidades socioeconómicas.
La magnitud del desafío requiere pensar desde otra vereda, no sólo desde lo asistencial y paliativo con políticas contingentes de transferencias e ingresos, sino apuntar a movilizar inversión social que genere impacto con un retorno positivo permanente y de largo plazo, tanto para el Estado, como para las personas.
 En nuestro país la exclusión escolar afecta a más de 220 mil personas y tiene un costo estimado para el país a valor presente de 6,43% del PIB. Es evidente la conveniencia entonces de invertir en retención e inclusión escolar. Desarrollar una oferta preventiva con evidencia es una forma de invertir socialmente en reducir la pobreza con efectos permanentes en el tiempo.
Hay programas de apoyo a la crianza como el PMTO del Oregon Learning Center implementado por Fundación San Carlos de Maipo con efectos medidos a través del tiempo, incluso en la capacidad de generación de ingresos de los hogares, según la evaluación del modelo en familias intervenidas, uno de los aspectos determinantes es que genera una disminución en los índices de pobreza, dado que se apoya a las familias desde sus capacidades y recursos, lo que permite que puedan construir mejores condiciones de desarrollo personal y habilidades útiles para la vida productiva.
Así como este programa, existen otros que permiten una mejor eficiencia del Estado, tal es el caso del modelo Comunidades que se cuidan, también ejecutado en el país por la Fundación de la Sociedad del Canal de Maipo, que ha demostrado que, por cada dólar invertido, se reduce en 5 dólares el costo en hospitalizaciones y cárceles, ambos componentes a la base de la precarización de las condiciones de vida de personas y sus familias.
El informe “Reducir la pobreza mundial a través de la educación primaria y secundaria universal”, realizado por el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO, muestra que cerca de 60 millones de personas podrían escapar de la pobreza si todos los adultos tuvieran tan solo dos años más de escolaridad.
Invertir socialmente en programas preventivos con evidencia es un camino innovador para combatir la pobreza de manera efectiva, sostenible, pero sobre todo ética y dignamente.  
*Marcelo Sánchez es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que trabaja por el desarrollo positivo de la infancia.
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