Camilo es un joven de 19 años que asesinó a la ex pareja y padre de sus hermanos para evitar, según su declaración, que la víctima -agresor con historial de violencia- atentara finalmente contra su madre. Es una situación límite, que pone de manifiesto la grave crisis de la violencia familiar en nuestro país y los escasos mecanismos preventivos en cobertura y oportunidad para anticipar una respuesta institucional. En este caso, la víctima tenía 7 causas de agresión y era absolutamente predecible que, dado su comportamiento previo, que no respetara las cautelares mínimas impuestas.
Precisamente, la ejecución tardía o incompleta de acciones de protección no resuelve adecuadamente necesidades que deben ser detectadas de manera temprana. En efecto, en nuestro país se estima que 7 de cada 10 niños/as sufre en algún grado violencia física o psicológica, donde 1 de cada 4 declara ser víctima de violencia física severa.
Según datos de la encuesta ELPI (2017), el 63% de los adultos encuestados reconoce usar métodos de disciplina violentos, incluyendo agresiones psicológicas (57%) y físicas (33%). Sólo 1 de cada 3 adultos reconoce utilizar métodos no violentos. La evidencia internacional considera un factor de riesgo que se encuentra en la base del maltrato es que padres o cuidadores hayan sido víctimas o testigos de situaciones de violencia durante su infancia, lo que conlleva una extensión transgeneracional del daño que provoca. Cerca de 30 mil denuncias de violencia intrafamiliar ocurren cada año, 3 de cada 4 imputados son hombres, proporción similar al conjunto de los delitos violentos.
La acción eficaz de la Justicia es sólo la fase final de un proceso que debe comenzar desde la primera infancia y que, de no ser así, finalmente es la menos eficaz y de mayor costo económico y social. El Estado debe avanzar en una agenda de prevención social temprana en la familia, la escuela y la comunidad, fortaleciendo los elementos protectores que permitan mitigar los riesgos en el desarrollo de conductas problemáticas tales como la violencia al interior de los hogares y en los barrios.
Para ello es fundamental contar con oferta programática sólida, con evidencia de resultados con enfoque de salud pública y local. Hoy esa oferta es reducida, pero hay ejemplos positivos instalados en el Estado como el Sistema Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con los programas Triple P, Familias Unidas y Terapia Multisistémica, que abordan desde distintos modelos el apoyo a la crianza familiar. Asimismo, en Senda se implementó PMTO Oregon Model y desde elementos más comunitarios se impulsa Elige Vivir Sin Drogas cuyo fundamento metodológico está en Planet Youth, exitoso modelo preventivo islandés.
Desde el ámbito privado Fundación San Carlos de Maipo, creada por la Sociedad del Canal de Maipo, implementa Comunidades que se Cuidan, modelo de la Universidad de Washington que por cada dólar invertido reduce 5 dólares en gasto de hospitales y cárceles trabajando la prevención social en el entorno de niños y jóvenes previniendo seis conductas problemáticas, entre ellas la violencia.
Lo que vivió Camilo y su familia debe interpelarnos a avanzar con decisión en esta agenda, no sólo porque es más eficiente, menos costosa y oportuna, sino porque las políticas públicas tienen un profundo sentido ético de buscar garantizar el bienestar de todos antes que reparar, si es que aún es posible frente al daño. Dejemos de llegar tarde.