El biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, presentó las 66 metas que guiarán el desarrollo del sector energético nacional, de cara a las próximas décadas. Este plan a largo plazo (2050) va en sintonía con la mirada sustentable y amigable con el medioambiente que exigen los nuevos tiempos.

Estas propuestas por primera vez instalan al cambio climático como un elemento clave en la política energética, incorporando al hidrógeno verde y a la electromovilidad como oportunidades concretas para reducir las emisiones y guiar al país hacia un desarrollo ecológico. Sin embargo, faltan algunos detalles para contar con un plan que logre un cambio integral y que incluya a todos los sectores.

En particular, se extrañan propuestas y metas más concretas para la generación distribuida, la cual permite que plantas más pequeñas puedan generar su propia energía para autoconsumo e inyectar excedentes al sistema. La energía distribuida no solo es costo eficiente y cubre a quien la implementa de futuras alzas en las tarifas de distribución propias de un mundo más electrificado, sino que, en un ámbito más profundo, factibiliza el derecho de producir y consumir energía que no afecte negativamente al medioambiente. Esto no debería tener limitaciones regulatorias arbitrarias.

Entre otros beneficios, desplegada a gran escala, la energía distribuida podría evitar la construcción de largas líneas de alta tensión que, si bien son claves en la transición energética, no están exentas de problemas de implementación.

Para que todo esto suceda se requiere generar los incentivos necesarios, modificar la regulación y eliminar límites de inyección innecesarios existentes en la actualidad. Todo esto juega un rol clave para la democratización de la energía, lo que permitirá no solo aumentar la cantidad de personas interesadas (y beneficiadas) por las ERNC (energías renovables no convencionales), sino que también ayudará de manera significativa al desarrollo sostenible del país.