Señor Director: En la actualidad, la digitalización no es una opción, sino más bien una necesidad. Esto corre también para el Estado, que paulatinamente ha venido sumándose a esta tendencia, a través de una profunda modernización de una serie de procesos que al día de hoy se estaban realizando de la misma manera que hace 100 años atrás.

La migración de buena parte de sus servicios a canales virtuales impacta positivamente en el ciudadano, y por ende, el bienestar de la sociedad. Al ver las cifras el panorama es alentador. En enero de 2019, el Instructivo Presidencial de Transformación Digital del Estado, fijó alcanzar un 80% de trá́mites en línea al 31 de diciembre de 2021 y un 100% al 31 de diciembre de 2023. En julio pasado, ya existían 2.392 de 3.431 trámites digitalizados, es decir, el 70% de estos. Además, las peticiones informadas en el Registro Nacional de Trámites (RNT) a diciembre de 2020, muestra que el 89,9% de estos se hizo por el canal digital.

Esta transformación digital, es un concepto bastante popular hoy en día, pero en el contexto de la Administración del Estado, tiene que entenderse como un cambio en los diferentes procesos que puede tener una empresa u organización, también supone un cambio en el modelo organizacional lo que impacta en el beneficio del ciudadano, y, por ende, el bienestar de la sociedad.

Es por esto que es clave entender que no solamente se necesita el uso de nuevas tecnologías al interior de diversos procesos de los servicios públicos, sino que, además, requiere de un dominio digital de toda la población, incluyendo a adultos mayores, personas con escolaridad incompleta, residentes de zonas rurales u otros actores. Confiamos en que la digitalización de los procedimientos públicos otorgará a los ciudadanos mayor certeza, transparencia, seguridad y velocidad en la entrega de servicios, pero que sin duda requiere del aporte, compromiso de las personas para que se pueda considerar una reforma exitosa.