Señor Director:

El pasado viernes 26 de noviembre, este diario recogió gravísimas acusaciones que formuló el grupo Marina, en su escrito ingresado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), con motivo de la consulta presentada en dicha sede judicial por la Asociación de Marcas del Retail. Esta tiene por objeto que el referido Tribunal analice las condiciones contractuales impuestas a los retailers por los operadores de los centros comerciales y determinar si estas conllevan riesgos o efectos anticompetitivos.

Según el Grupo Marina, vaya paradoja, nuestra consulta atentaría contra la libre competencia e instrumentalizaría no solo al TDLC, sino que también a la Corte Suprema, ya que la máxima instancia judicial del país, acogiendo nuestro recurso de reclamación presentado en noviembre del año 2020, le instruyó actuar en este caso.

Marina señala que si nuestra AG obtiene un resultado favorable, 'se abrirá la puerta para que cada actividad económica, asociación gremial o grupo de consumidores utilicen este foro para intentar la regulación de las tarifas y condiciones relevantes de un mercado en particular, transformando a este tribunal en un buzón de conflictos de negociaciones fallidas'.

Sin entrar a profundizar en el ninguneo implícito a los tribunales de la República, es llamativo que Marina realice este tipo de acusaciones. Baste leer el informe emitido por la Fiscalía Nacional Económica, órgano persecutor estatal e independiente, que respaldó parte importante de los aspectos contenidos en la consulta, demostrando los riesgos que provoca el comportamiento de los operadores de centros comerciales, más aún cuando se desenvuelven en un mercado altamente concentrado e integrado verticalmente.

Creemos que es el momento ideal para entregar señales concretas y avanzar hacia un comercio más justo, de relaciones transparentes y equitativas. Los estándares han cambiado y debemos estar a la altura de las exigencias que nos impone un nuevo Chile. El comercio y los centros comerciales no serán la excepción.