El sistema de Alta Dirección Pública (ADP) creado en 2003 constituye, junto a la institucionalidad de transparencia, probidad y compras públicas, una de las reformas más relevantes que ha implementado el Estado chileno. Durante sus casi veinte años de existencia, hemos sido testigos de varios proyectos de ley que se han presentado con el fin de perfeccionarlo. Lamentablemente, la gran mayoría de ellos no prosperaron. Solo en 2016 se logró aprobar la ley 20.955 que recogía algunas de estas ideas. Lo cierto es que aún tenemos mucho que avanzar en el mejoramiento de nuestro ADP.

Una de las debilidades que hemos observado, y que la ley 20.955 abordó parcialmente, es la asimetría entre la profesionalización de la alta gerencia en el gobierno central y la escasa atención prestada a la gestión de personas en el Estado. Existen dentro del aparato público grandes limitaciones de movilidad interna y de movilidad horizontal. En este contexto, la actual administración presentó un nuevo proyecto que busca fortalecer la ADP, profundizando la gestión de personas del gobierno central y entregándole mayores atribuciones al Servicio Civil.

Este proyecto, además de expandir el alcance del sistema, genera una efectiva movilidad horizontal tanto en el primer como en el segundo nivel jerárquico, especialmente para llenar vacantes disponibles con los altos directivos que tengan evaluación positiva. Adicionalmente, busca avanzar en estabilidad para los cargos directivos, vinculando su remoción al incumplimiento de los convenios de desempeño, cambios de perfil o evaluaciones deficientes.

Una de las propuestas más importantes alinea la fijación de objetivos con la evaluación de los convenios de desempeño de los altos directivos públicos; esto significa que las evaluaciones se hacen cada fin de año y no en el día que la suscripción del convenio cumple un año.

En relación con la gestión de personas, el proyecto establece mecanismos para avanzar en la profesionalización del trabajo de los funcionarios. Por una parte, se establece la obligación de contar con una estrategia nacional de gestión de personas, que hoy no existe, y, por otra, posibilita al Servicio Civil a realizar capacitaciones transversales al gobierno central para avanzar en la estandarización de la labor de los funcionarios. Asimismo, establece la posibilidad de realizar estudios de dotación y administrar un banco electrónico de funcionarios con información de quienes ingresaron por mérito, certificación o acreditación de competencias, entregando así más y mejores herramientas para atraer talento a la función pública.

Si bien existe consenso en que el sistema ADP ha sido positivo, este requiere de mejoras, que deberían alcanzar e incluir también a regiones y municipalidades. Todas las políticas públicas deben ser continuamente monitoreadas, ajustadas y mejoradas para que no se desvirtúen. Siempre es un buen momento para avanzar en este continuo proceso de perfeccionamiento. Y este proyecto es un buen ejemplo.

Beatriz Corbo, Evelyn Matthei, Ignacio Irarrázaval, Javier Etcheberry, Leonidas Montes, Luis Larraín, Maximiliano Santa Cruz, Natalia Piergentili, Osvaldo Schaerer, Rafael Ariztía, Ramiro Mendoza y Susana Tonda.