En noviembre pasado se constituyó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para indagar posibles redes de explotación sexual comercial, de niños, niñas y adolescentes al interior del Sename.

Los hechos que venían denunciando organizaciones ligadas al trabajo con jóvenes vulnerables, llevó a que el 9 de diciembre, la Comisión de Constitución despachara el proyecto de ley que tipifica los delitos de la explotación sexual infantil y adolescente, tanto dentro como fuera de las residencias bajo la tutela del Estado.

Un paso muy relevante para acabar con la práctica que menoscaba la vida de los menores. 'Estimaciones no actualizadas, indican que este tipo de delitos afecta a más de 4000 niños, niñas y adolescentes, es grave.

Explotación que se caracteriza por su invisibilización y naturalización que realizan tanto abusadores, como víctimas y su entorno, la cual se asocia a la existencia de una demanda organizada vinculada (en muchos de los casos) al tráfico y consumo de drogas', explicó el gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez.

En cuanto a quienes más afecta, 'se sabe que la población predominantemente es la de sexo femenino (78%), encontrándose la mayoría entre los 15 y 17 años, aunque el promedio de edad de inicio de la explotación sucede entre los 12 y 13 años', enfatizó Sanchez.

No sumar más víctimas

Hace poco más de una década la Fundación San Carlos de Maipo, lideró el Observatorio Metropolitano, instancia de coordinación de acciones en favor de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial (Escnna).

La instancia funcionó hasta que entró en vigencia el Consejo de la Infancia, que consolidó los distintos observatorios vigentes y definió políticas públicas para abordar la compleja realidad de las y los menores comercializados, frenándola para trabajar en su reinserción social.

'El Observatorio constató que ocho de cada 10 afectados había tenido participación en otros programas, más del 30% habían pasado por la Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD) y la mitad eran consumidores de alcohol y drogas; seis asistían al colegio y más de la mitad tenían vinculación diaria con sus familias. No obstante, la mayoría de las víctimas procedían de familias con altos niveles de negligencia y violencia', contó Sánchez.

El primer semestre de este año se develó la cruda realidad que se daba fuera de una residencia del Hogar de Cristo, subvencionada por el Servicio Nacional de Menores (Sename), en la Quinta Región. Ahí jóvenes proxenetas seducían a adolescentes para luego prostituirlas en fiestas con hombres mayores.

La situación que terminó con una querella de la institución creada por el Padre Hurtado.

'Si se da suma urgencia al proyecto de ley y avanza al Senado, convirtiéndose en ley, dejaremos de hablar erróneamente de ‘prostitución infantil’, porque supone que una persona menor de edad vende su cuerpo de manera premeditada y consciente, invisibilizando la problemática real, asimilándola al comercio sexual adulto', comentó el jefe técnico del Hogar de Cristo, Carlos Vöhringer.

En su opinión, organismos especializados detallan que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes constituyen una forma de coerción y de violencia que puede equipararse al trabajo forzoso y a una forma contemporánea de esclavitud.

'Decir que esa víctima, vulnerable hasta lo indecible, participa del delito de prostitución infantil es un error jurídico y moral, y debe ser corregido. Debemos obligarnos a una evolución cultural que nos haga condenar sin vacilaciones este hecho. Crimen doblemente dramático, porque más de las veces las víctimas no se perciben como tales y establecen una dependencia afectiva de su explotador', dijo Vöhringer.

Agregó que 'para proteger y cuidar a las niñas y adolescentes más desventajadas de Chile, todos debemos coincidir en que la explotación sexual comercial de menores de edad es un crimen y no podemos seguir refiriéndonos a él como ‘prostitución infantil’. Apuremos esta ley que pone las cosas en su lugar'.

Sánchez dijo que hay que 'se debe establecer un número certero y actualizado de las víctimas, para poder accionar la búsqueda y derivación a una oferta especializada de ellas y levantar dispositivos preventivos oportunos con capacidades de detección temprana en la red pública, ya que hoy es de muy limitado alcance'.