Los hechos de violencia que marcaron la crisis social de 2019 han legado un Chile menos tolerante al uso de la fuerza, tanto aquella proveniente de la calle como la que el Estado está autorizado a ejercer para controlar esos episodios.

Así lo plantea Eduardo Valenzuela, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. Católica y parte del equipo que elaboró la Encuesta Bicentenario. 'La gente no quiere resolver conflictos sociales a través del uso de la fuerza, ni de uno u otro tipo de violencia. Pienso que eso habla de un país que prefiere, claramente, la vía del diálogo y el cauce institucional para resolver los asuntos', añade.

A su juicio, uno de los hallazgos más relevantes es el aumento en la percepción de que el uso de la fuerza es un hecho grave y capaz de amenazar con destruir el orden institucional del país. El 64% de los encuestados compartió esa opinión, seis puntos porcentuales más que en 2011. Por tramos etarios, el indicador más alto (72%) se dio entre las personas de 45 a 54 años, y el menor (52%) entre las de 25 y 34 años. Y de acuerdo con los segmentos socioeconómicos, dicha inquietud está mucho más presente en los sectores bajos (72%) y medios (61%) que en los altos (32%).

'La gente percibe hoy que la violencia es un hecho grave y que tiene esa capacidad de perturbar el orden institucional. Hay mucha violencia delictiva, por ejemplo, que no tiene esa capacidad, que no conmueve el orden institucional, pero la violencia social o Política sí la tienen', complementa Valenzuela.

Respecto de la menor tolerancia al uso de la fuerza, el académico ve una paradoja, pues retrocede tanto respecto de aquella que surge 'de abajo' como de la que proviene del Estado: 'El uso de la fuerza para perseguir una causa socialmente justa está más penalizado que antes, pero también el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones violentas. El uso de la fuerza legítima del Estado está menos aceptado que antes', afirma.

Para Valenzuela, y considerando los datos de referencia de 2012, lo anterior parece una consecuencia de la crisis social que estalló el 18 de octubre de 2019. 'Diez años atrás en este país la justificación de la violencia estatal era bastante amplia.Creo que el estallido de 2019 cambió un poco las cosas, porque la intervención del Estado sobre manifestaciones, barricadas e incluso saqueos fue tan intensa que hoy la gente reacciona de un modo diferente a como lo hacía antes (…). El estallido cambia la percepción que se tiene de la violencia estatal en un sentido más negativo', asegura.

En cuanto a la justificación del uso de la fuerza en el contexto de causas sociales legítimas, hace notar que 'siempre fue baja', y que en esta ocasión se advierten caídas estadísticamente significativas (ver infografía principal).

'Creo que eso es lo que está detrás del respaldo a una nueva Constitución: la búsqueda precisamente de cauces institucionales para resolver el conflicto y una animadversión creciente frente al uso de la fuerza, sea que provenga de las luchas sociales, sea que provenga del Estado', argumenta.

Ante el próximo cambio de gobierno, el académico de la Escuela de Gobierno de la U. Católica Roberto Méndez advierte que la futura administración de Gabriel Boric tendrá un desafío en materia de orden público, dados los retrocesos en la justificación al uso de la violencia por parte del Estado para enfrentar saqueos, barricadas o manifestaciones no autorizadas (ver gráfico más pequeño).